blogeditor · 20 de marzo de 2012
Por: Miguel Ángel Antemate y Adriana Cedillo, Colaboradores de México2040*
Al igual que sucede en otras partes de la geografía latinoamericana, en México las y los ciudadanos tenemos y percibimos cada vez menor confianza en nuestros “representantes populares” y en consecuencia, nos da por añorar cada vez más las ideas de antiguos tiempos de bonanza, aunque estos fueran autoritarios y anti-democráticos. He aquí un llamado de atención:”La democracia tendrá mejores condiciones de perdurar en tanto sirva a la creación del bienestar individual y colectivo de una sociedad. Si fracasa en esa tarea, tarde o temprano aumentará su debilidad y la probabilidad de ser reemplazada” (PNUD y OEA, “Nuestra Democracia”, 2010: 37).
México es un país que se encuentra en un proceso interesante para revalidar las instituciones que mucho nos han costado establecer. Con los elementos y factores con los que contamos hoy, podemos decir que es necesario ejercer una mejor y mayor Democracia de Ciudadanía ya que los resultados de pensar solo en la lógica de la política partidista están sobre la mesa y, por tanto, dejar la política únicamente en manos de los políticos “profesionales”, sería una irresponsabilidad muy grande por parte de todas y todos.
Por lo visto, en un conjunto de instituciones, obligaciones y derechos, tanto la sociedad como los actores públicos, deberíamos encontrar los puntos de contacto e inflexión para analizar nuestros problemas y para resolverlos. Así es como se forma una lógica de una democracia participativa y activa de un México futuro.
Este año, nuestro país enfrenta un proceso electoral para elegir a múltiples autoridades entre estas, la o él próximo Presidente de la República y, millones de ciudadanos intuimos que la democracia institucional en México opera con bastantes insuficiencias, además de ser muy cara; tan solo por citar un ejemplo, para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se ha aprobado al Instituto Federal Electoral un total de 15 mil 953 millones 900 mil pesos (Diario Oficial de la Federación, 12 de Diciembre de 2011), cantidad ingente. ¿En verdad se justifica un gasto exorbitante de recursos para “auto-complacernos” como un país con elecciones democráticas?, ¿podríamos tener una democracia institucional de calidad, con menor cantidad de recursos monetarios?
En este sentido, las y los ciudadanos en México contamos ya con un buen desafío de miras al futuro de mediano-largo plazo y para tomar con seriedad -con o sin nuestros “representantes populares”-, ejercer aquí y ahora una participación más activa y constructiva como garantes individuales de nuestra democracia o claudicar con ello aceptando sus consecuencias. ¿Qué clase de futuro democrático deseamos construir para los próximos 30 años?
Abundando en los costos democráticos
Los costos de la democracia mexicana son altos y no únicamente en el sentido económico. Ya un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) así como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales han colocado a México como el país con mayor costo electoral de América Latina (PNUD-IFES-2006).
Así, la investigación “¿Cuestan demasiado las elecciones en México? El Instituto Federal Electoral en perspectiva” señala por ejemplo que “la necesidad de acotar la desconfianza en el actuar político y electoral requirió una regulación extraordinariamente detallada en comparación con la mayoría de países con sistemas de gobierno equiparables al nuestro”, lo cual produjo un aumento significativo en cuanto a costos económicos.
También, revela que el gasto en sueldo y salarios para el personal del IFE ha sido creciente: pasó de representar el 33 por ciento en años previos al 1999 a casi cerca del 50 por ciento en 2010. Y en este sentido documenta que, el Consejero Presidente del IFE tuvo un sueldo anual por 3 millones 816 mil 39 pesos, en tanto que el secretario particular del Consejero Presidente un sueldo de 2 millones 724 mil 841 pesos (Rodríguez, 2010:2).
Además de lo anterior, se estima que el costo de un voto en México está por encima de los 17 dólares mientras que en países como Brasil, Argentina o Ecuador no rebasa los 3 dólares.
Con todo, podemos inferir que nuestra democracia no es únicamente costosa en términos económicos, pues también los excesivos montos tienen connotaciones por ejemplo, en términos de privilegios salariales como los que gozan los funcionarios del IFE o; en términos de corrupción en tanto que la desconfianza del actuar de los políticos nos ha llevado a elevar los mecanismos de regulación o; en cuanto a delincuencia que ha llevado a que las credenciales para votar cuenten con 16 elementos para evitar su falsificación (Contracorriente.org, 2012).
En resumen, parece urgente hacer una revisión acerca de la “inversión” electoral en nuestro país que es 13 veces mayor que en Estados Unidos, ya que si bien es necesario garantizar que los procesos de elección se cumplan, también es importante buscar mecanismos de funcionamiento y costos acordes a la realidad social que vive el país -de acuerdo al último estudio del Coneval (2011) el número de pobres ascendió a 52 millones- (CNN, 2011), que sean acompañados de otros procesos como el del combate a la corrupción o la delincuencia, a fin de generar una democracia mayormente confiable y eficiente.