Construir la estrategia climática de México: adaptación y resiliencia

La estrategia económica del gobierno federal es clara: reducir las emisiones de carbono no es una prioridad. Los defensores de la estrategia actual comparten la opinión de que México, al igual que otros países en vías de desarrollo, no tiene la misma responsabilidad que sus contrapartes más desarrolladas. Sin embargo, no son solo los simpatizantes de la estrategia económica del presidente los que piensan esto. Desde hace tiempo, la narrativa mundial de los activistas climáticos señala a los países más ricos como los principales responsables de la alta concentración de carbono en la atmósfera, así como de la destrucción de la biodiversidad del plantea.

La desigualdad no es solo en causa, sino también en consecuencia. Los principales responsables de uso intensivo de recursos naturales deberían ser los principales responsables de reducir radicalmente sus emisiones y apoyar económicamente a los países más pobres para que puedan transitar a sistemas productivos más sostenibles. Por su parte, los países pobres y de ingreso medio deben enfocar en enfrentar los peores efectos de la crisis climática que ya no son un escenario hipotético. Vale la pena recordar que, aunque alcanzáramos la meta global de mantener el aumento en las temperaturas por debajo del 1.5 °C, el equilibrio natural ya ha sido alterado, y fenómenos como incendios, sequías y tormentas, así como la muerte de muchas especies animales y vegetales, será una realidad ineludible en los próximos años.

¿En qué se traduce esto para nuestro país? En la necesidad de planear y ejecutar estrategias de adaptación y resiliencia. Las pequeñas, pero poderosas, alertas han comenzado a llegar: la sequía en el norte del país que inhabilito a millones de habitantes de una las ciudades más grandes del país para llevar con normalidad su vida cotidiana, los constantes incendios que destruyen cada año miles de hectáreas de reservas y amenazan el hábitat de cientos de especias,  las inundaciones en Tabasco que dejaron a cientos de personas sin hogar o con propiedades dañadas. Todos estos desastres naturales han demostrado también que la capacidad del gobierno federal y los gobiernos federales, así como del sector privado y la sociedad para resistir y reconstruirse es baja.

En este contexto de urgencia, la regulación del sector financiero tendrá una influencia importante. El año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que trabaja en la creación de taxonomía verde, algo parecido a un diccionario de finanzas sostenibles que dará guía a las inversiones ambientales en nuestro país. Las taxonomías nacionales son cruciales para establecer las reglas y los límites que deberán seguir los flujos de capital durante las siguientes décadas. Estos “manuales” de inversión le dan a las instituciones y otras figuras financieras definiciones que posteriormente se utilizan para clasificar inversiones, y con ello, para evaluar su desempeño, cumplir mandatos, y promocionar sus productos o servicios de una forma u otra.

La nueva taxonomía, igual que todo el paquete regulatorio que se irá construyendo estos años, tiene la capacidad de incentivar a las empresas y a los inversionistas a tomar ciertas decisiones, una de ellas es la inversión alineada a aumentar la resiliencia climática. En este sentido, el año pasado se presentó un artículo de discusión para la Conferencia 26 (COP26) de Naciones Unidas en el que Michael Mullan (OCDE) y Nicola Ranger (Oxford) 1 plantean que para que las taxonomías y guías sostenibles sean eficaces en apoyar la adaptación climática, se requiere que contengan criterios de cuándo y cómo una inversión puede ser clasificada como “alineada a la adaptación y resiliencia”. Esta clasificación toma aún más relevancia en países como el nuestro, en el que la prioridad estratégica es la adaptación y no la reducción de emisiones gases de efecto invernadero.

Michael y Nicola señalan que, hasta ahora, pocas taxonomías y guías del sector han podido establecer métricas para evaluar si las inversiones contribuyen o no al aumento de la resiliencia. Más importante aún, cuando el tema es mencionado, casi siempre es en el sentido de aumentar la resiliencia de las empresas o los proyectos en los que se invierte, en lugar de tomar en cuenta cómo estos planes afectarán la resiliencia de las comunidades. Como solución, los autores proponen cinco principios potenciales que deberían observarse para que los flujos de capital ayuden a que las sociedades se adapten mejor al cambio climático:

1. Que se procese adecuadamente el riesgo: identificar y administrar el riesgo climático al que estará expuesta la inversión.
2. Que sea consistente con las estrategias de adaptación/resiliencia: la inversión debe ser compatible con las estrategias existentes
3. Que sea consistente con las cero emisiones netas de carbono: la inversión debe ser compatible con alcanzar las cero emisiones netas.
4. Seguir el principio de “No daño significativo”: la inversión no debe minar la resiliencia de las comunidades, las personas o los ecosistemas.
5. Debe tener una estrategia de monitoreo: deben existir y ejecutar estrategias de monitoreo sobre el desempeño de la inversión en este aspecto.

Los retos para hablar e instrumentalizar definiciones sobre lo que es o no una inversión alineada a la adaptación son muchos: desde definir las reglas desde el sector público, hasta la capacidad de las instituciones financieras de implementarlas, así como la dificultad de desarrollar métricas para medir el impacto de los activos sobre la adaptación y sus consecuencias sobre sistemas complejos. En México, nos enfrentamos a la falta de recursos económicos, humanos y políticos, pero también nos enfrentamos a consecuencias devastadoras que serán aún más graves si no ponemos énfasis en que las inversiones nacionales y extranjeras, públicas o privada, cumplan con criterios mínimos para apoyar a la sociedad a resistir la crisis climática.

1 Mullan, M., y Ranger, N., “Aligning Finance with Climate-resilient Development”, EIB-Benelux Pavilion 11:15, Discussion Paper.