Joel Aguirre · 12 de agosto de 2026
Por Sílvia Soler Casellas*
Hay una pregunta que no aparece en la discusión sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas: ¿qué piensan las y los adolescentes de todo esto?
Durante las últimas semanas, la conversación pública se ha concentrado en anuncios institucionales, declaraciones de autoridades, opiniones de especialistas y posiciones de personas adultas. Sin embargo, siguen siendo escasas las oportunidades para escuchar a quienes viven diariamente estas transformaciones, experimentan las formas contemporáneas de violencia digital y negocian, todos los días, las reglas de convivencia dentro y fuera de la escuela.
En el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir acompañamos actualmente a juventudes de 19 a 28 años, del programa Lo Público es Nuestro y lo Digital También (LPEN), quienes realizan investigación y ejercicios de contraloría social sobre violencia digital en escuelas de distintas entidades del país. Sus hallazgos muestran que la pregunta que se hacen las y los estudiantes no es si quieren o no un celular en el salón de clases. Lo que intentan comprender es cómo construir relaciones digitales más seguras, cómo enfrentar la violencia que circula por grupos de mensajería y redes sociales, cómo distinguir información confiable de contenidos manipulados y cómo participar en la definición de reglas que afectan directamente su vida cotidiana.
La escuela, actualmente, no está peleando con un objeto, sino que está disputando uno de los bienes más preciados de las economías contemporáneas: la atención. Y en esa disputa, el sistema educativo llega desarmado frente a compañías con presupuestos de ingeniería conductual que ninguna secretaría de educación en el mundo puede igualar.
Una de las activistas jóvenes que participan en LPEN consultada para este artículo lo señala lúcidamente: “El problema no es el celular en sí, sino el uso que se le da. Pero tampoco se tiene en cuenta que se trata de una dependencia psicológica real a la reacción que causa la tecnología en nuestro cerebro, y todo eso no se ve desde ahí, sino [se busca] dar soluciones rápidas a problemas complejos.” Ixchel Torres, activista del ILSB.
Estas voces obligan a desplazar la discusión. La pregunta ya no es únicamente qué hacer con los celulares. La pregunta es qué tipo de cultura digital queremos construir en las escuelas mexicanas.
Otra de las compañeras de LPEN señala lo problemático que podría llegar a ser regular solamente a través de la prohibición: “Me preocupa que la respuesta sea prohibir en lugar de educar. Las prohibiciones suelen transmitir la idea de que el problema desaparece cuando dejamos de verlo, pero no necesariamente generan mejores prácticas. Incluso pueden reforzar una visión adultocéntrica en la que las personas adultas deciden qué es lo mejor para niñas, niños y adolescentes sin reconocer su capacidad para participar en las decisiones que afectan su vida cotidiana.” Alba Martínez, activista del ILSB.
Si aceptamos que las plataformas son hoy uno de los principales espacios de socialización de niñas, niños y adolescentes, entonces la respuesta no puede ser exclusivamente disciplinaria. Requiere una política pública más amplia, capaz de reconocer que la ciudadanía se ejerce también en los entornos digitales, eso que algunos han llamado tecnopolítica.
Esto es lo que hemos empezado a pensar juntas desde LPEN:
Primero, una regulación razonable del uso de dispositivos durante la jornada escolar, orientada a proteger los tiempos de atención, aprendizaje y convivencia mediante reglas claras, proporcionales y adecuadas a cada contexto educativo, en lugar de prohibiciones generales que suelen ignorar las diferencias entre niveles escolares y necesidades pedagógicas.
Segundo, una alfabetización digital crítica que permita comprender cómo operan los algoritmos, la economía de la atención, la desinformación, el clickbait y otras estrategias que moldean nuestra experiencia cotidiana. No se trata únicamente de enseñar a usar tecnologías, sino de entender quién diseña los entornos digitales, con qué intereses y qué efectos producen sobre nuestras decisiones.
Tercero, incorporar de manera transversal la educación integral en sexualidad y la perspectiva de género para prevenir las violencias digitales, fortalecer el consentimiento, el cuidado mutuo y la corresponsabilidad. Si las plataformas amplifican relaciones de poder, la respuesta debe ser fortalecer capacidades para reconocerlas y transformarlas.
Cuarto, invertir en formación docente para que las tecnologías se utilicen cuando realmente enriquecen los procesos de aprendizaje y no como una incorporación acrítica ni como un reemplazo de la experiencia pedagógica.
Y quinto —quizá el punto más olvidado—, construir las reglas de convivencia digital con la participación activa de las y los estudiantes. Las adolescencias y juventudes no son únicamente destinatarias de las políticas públicas; son quienes habitan diariamente los espacios digitales y poseen conocimientos indispensables para comprender cómo están cambiando las relaciones escolares.
Democratizar la cultura digital significa exactamente eso: dejar de pensar que gobernar la tecnología consiste únicamente en restringir dispositivos y empezar a preguntarnos cómo formar ciudadanía en un mundo organizado por algoritmos.
Porque el verdadero desafío nunca fue el celular. El desafío consiste en decidir si permitiremos que las plataformas comerciales definan, sin deliberación democrática, la manera en que las nuevas generaciones aprenden, se relacionan, construyen afectos y participan en la vida pública.
La escuela sigue siendo uno de los pocos espacios donde esa conversación puede ocurrir. La pregunta es si estaremos dispuestos a darla escuchando, por fin, a quienes más tienen que decir sobre ella.♦
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*Sílvia Soler Casellas es directora interina del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.