¿Funcionarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica? El reto que enfrentan los municipios
Jorge Avila · 26 de marzo de 2026
Por Marco Cancino
En los últimos años, en México ha comenzado a tomar forma una nueva apuesta institucional para atender la violenciadesde su raíz: los Consejos de Paz y Justicia Cívica. Se trata de órganos de carácter municipal —aunque también pueden impulsarse a nivel estatal— diseñados para articular a autoridades de los tres órdenes de gobierno con actores sociales, comunitarios y privados, con el objetivo de atender los factores que detonan los conflictos cotidianos. No sustituyen al Sistema de Justicia Cívica, sino que lo rodean, lo fortalecen y lo conectan con el territorio. Su lógica es sencilla, pero profundamente ambiciosa: si los conflictos nacen en la comunidad, es ahí donde deben comenzar a resolverse.
Su creación no surge de la nada. Responde a un proceso más amplio de evolución de la política de seguridad en México, particularmente a partir de la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica y del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Conforme estos modelos comenzaron a operar, se hizo evidente que, aunque el sistema podía procesar conflictos e imponer medidas restaurativas, existía un vacío en la atención de las causas. En ese contexto, desde la política federal de construcción de paz —impulsada por la Secretaría de Gobernación y articulada con las Mesas de Paz— se promovió la creación de estos consejos como espacios de gobernanza territorial capaces de coordinar esfuerzos y dar coherencia a múltiples acciones dispersas.
El planteamiento, en esencia, es reconocer una verdad incómoda: la Justicia Cívica, por sí sola, no puede transformar la realidad social que le da origen.
El Modelo Homologado de Justicia Cívica enfrenta hoy uno de sus dilemas más importantes. Su diseño apuesta por un enfoque restaurativo, donde las sanciones alternativas —como el servicio comunitario, la mediación o los acuerdos de convivencia— buscan no solo corregir conductas, sino prevenir su repetición. Pero para que ese enfoque funcione, se requiere algo más que un buen procedimiento: se necesita que el entorno social que rodea al conflicto cambie. Y ahí es donde comienza la complejidad.
Las conductas conflictivas que llegan a los juzgados cívicos no son hechos aislados. Están profundamente vinculadas con factores de riesgo estructurales: entornos familiares violentos, consumo problemático de sustancias, falta de oportunidades para jóvenes, deterioro del espacio público, desconfianza institucional. Pretender que una audiencia pública, por sí misma, transforme estas condiciones es pedirle al sistema más de lo que puede dar.
Por eso, los Consejos de Paz y Justicia Cívica representan un intento de cerrar esa brecha. Su función es articular a los actores que ya están interviniendo en estos problemas —dependencias municipales, programas sociales, organizaciones civiles, instituciones educativas, sector privado— para alinear objetivos, estrategias y acciones. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor y de manera coordinada, utilizando los mismos recursos humanos, presupuestarios e institucionales para atender, de forma integral, los factores de riesgo que originan las conductas antisociales.
Sin embargo, esta apuesta no está exenta de riesgos.
El primero —y quizá el más evidente— es la simulación. En un país donde la coordinación interinstitucional e intersectorial ha sido históricamente una de las grandes debilidades del Estado, existe la tentación de reducir estos consejos a espacios formales de reunión sin impacto real. La experiencia ya lo ha mostrado: cuando no existen equipos técnicos operativos, seguimiento de acuerdos y trabajo territorial concreto, los consejos se convierten en estructuras decorativas que pierden legitimidad rápidamente.
Coordinar no es convocar. Articular no es sesionar.
El segundo reto es más profundo: implica romper con la lógica fragmentada de la administración pública. Los Consejos de Paz y Justicia Cívica obligan a que áreas que tradicionalmente han trabajado de manera aislada —seguridad pública, bienestar, salud, juventud, educación— se sienten en la misma mesa, compartan información y asuman corresponsabilidad sobre los resultados. Esto no es menor. Supone cambiar incentivos, redefinir prioridades y, en muchos casos, ceder control.
También existe el riesgo de captura política o clientelar, particularmente en el nivel comunitario. Los Comités de Paz, que funcionan como el brazo territorial de los consejos, pueden desvirtuarse si no cuentan con reglas claras, objetivos definidos y mecanismos de rendición de cuentas. Sin estos elementos, lo que debería ser participación ciudadana puede convertirse en simulación comunitaria.
A esto se suma un desafío operativo que no debe subestimarse: la implementación. Instalar un consejo no es un acto administrativo; es un proceso que requiere tiempo, capacidades y disciplina institucional. Implica construir diagnósticos territoriales, definir prioridades, generar planes de acción, activar equipos interinstitucionales e intersectoriales, instalar comités comunitarios y, sobre todo, medir resultados de manera constante. En otras palabras, implica hacer política pública en serio.
Y, sin embargo, pese a todos estos retos, sería un error minimizar el potencial de esta estrategia.
Cuando los Consejos de Paz y Justicia Cívica funcionen, podrían convertirse en el eslabón que le faltaba al modelo: ese que conecta la respuesta institucional con la prevención social, la sanción con la transformación, la autoridad con la comunidad. Permiten que la Justicia Cívica deje de ser únicamente un mecanismo de contención y se convierta en una herramienta de reconstrucción del tejido social. Pero eso solo ocurre cuando hay operación real.
Cuando exista una secretaría técnica con capacidad, equipos interinstitucionales que trabajen de manera continua, comités comunitarios activos y una lógica de rendición de cuentas basada en resultados —no en reuniones—, la política de paz dejará de ser un discurso y comenzará a producir efectos tangibles.
La pregunta, entonces, no es si los Consejos de Paz y Justicia Cívica son una buena idea. La pregunta es si los municipios estarán dispuestos a hacerlos funcionar.
Porque, al final, el dilema de fondo sigue siendo el mismo: o se construyen mecanismos reales de coordinación para atender las causas estructurales de la violencia, o se seguirá intentando resolver, desde la sanción —administrativa o penal— problemas que nacen mucho antes de que el conflicto ocurra.
La paz, como tantas veces se ha dicho, no se decreta. Se construye. Y, sobre todo, se organiza. Los Consejos de Paz y Justicia Cívica son una oportunidad para hacerlo. Pero también son un espejo incómodo que refleja las capacidades —y las limitaciones— de nuestros gobiernos locales.
Si deseas recibir materiales, herramientas o acompañamiento técnico sobre este tema, puedes escribir a: [email protected]