Consejo Nacional de Seguridad Pública: ¿modelo de policía o militarización?
Redacción Animal Político · 14 de diciembre de 2022
El pasado 2 de diciembre tuvo lugar la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), la cual estuvo encabezada por el presidente de la República, 29 gobernadores, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los secretarios de la Defensa y la Marina, entre otros funcionarios del gabinete, en donde fueron aprobados siete acuerdos y tres exhortos relacionados con distribución presupuestal y protocolos de actuación policial, así como una reforma a los lineamientos del Certificado Único Policial.
Como órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la razón de ser del CNSP y la reunión de sus integrantes reside en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas nacionales en materia de seguridad, en vigilar la correcta distribución de los recursos en la materia, y promover la coordinación entre las instancias encargadas de la seguridad pública. En otras palabras, la celebración de estas reuniones y los acuerdos generados en ellas representan una evidencia de la puesta en marcha de las estrategias de seguridad, el compromiso político y el cumplimiento del deber de las instituciones. No obstante, desde hace décadas es visible que los acuerdos del CNSP son deficientes en la medida en que no son pertinentes para el desarrollo institucional en la medida en que no establecen plazos ni estándares para su cumplimiento, alentando a la discrecionalidad de las instituciones. 1
Por ejemplo, derivado de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio del año 2019 fue aprobado el Acuerdo 03/XLIV/19. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual tiene por objetivo “el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las fiscalías generales para prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública”. 2 Si bien dicho modelo parte de la necesidad de fortalecer a las policías, es evidente que la militarización de la seguridad pública -consolidada jurídicamente con la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional- no avanza en coordinación con las policías locales, sino en su debilitamiento.
Ahora bien, en continuidad con dicho modelo, un año después fue emitido el Acuerdo 05/XLVI/20, en el que se aprobaron los instrumentos del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Estos se presentan en un documento que, si bien hace un diagnóstico adecuado respecto a las necesidades y retos que enfrentan las corporaciones policiacas, deja mucho que desear respecto a una mejora en la profesionalización de las policías en el país debido a que no se precisa con claridad las acciones que se deben realizar.
Por otra parte, en la reunión del CNSP en 2021, mediante el Acuerdo 05/XLVII/21, se presentó el Informe de Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, en dicho informe el SESNSP evaluó a las policías pertenecientes a municipios con mayores índices de incidencia delictiva (como Ciudad Juárez), concluyendo que si bien hay policías que están haciendo bien su trabajo, el tema más preocupante sigue siendo la poca inversión en mejorar los salarios de los policías, las prestaciones, y darles una certeza jurídica a sus elementos. También se señala la tendencia a incorporar mandos militares al frente de las corporaciones policiacas, aún cuando estos no cuentan con capacitación ni experiencia en materia policial debido a su formación militar. 3 Sobre este tema, mediante registro hemerográfico Causa en Común ha documentado que de 2018 a octubre de 2022, al menos 19 entidades han contado con elementos militares al mando de secretarías de seguridad estatales, mismos que en algunos casos –como en Baja California Sur o Tlaxcala- culminan en destituciones, encarcelamientos, y deudas en seguridad. 4
Además de la desaparición del FORTASEG en 2021, habrá que añadir también que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2022, medios de comunicación han registrado al menos 317 movilizaciones de policías, entre las que se enlistan 146 paros, 112 manifestaciones, y 59 emplazamientos a paro por parte de policías inconformes con los bajos salarios, la falta de prestaciones como seguro médico, uniformes y patrullas, que aunado a las condiciones de inseguridad de sus localidades y el abuso que padecen por parte de altos mandos dificulta un desempeño óptimo de sus labores. En este sentido -y como complemento a los indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica tales como el nivel de confianza a las autoridades, el desempeño de las fiscalías, la cifra negra y los índices de incidencia delictiva del país- también deberían considerarse estos datos para evaluar la implementación de los acuerdos del CNSP en el tema de policías.
Cabe agregar que la falta de cumplimiento de los acuerdos implementados en materia de seguridad y el rezago de las policías locales no son eventos aislados o de carácter exclusivo de este sexenio, 5 sino que son síntomas de la nula implementación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; hecho que da cuenta que las leyes y acuerdos están muy bien desarrollados en papel, pero no en la práctica.