Centro de Análisis de Políticas Públicas · 7 de julio de 2011
Por: José F. Tapia, Director de Estrategia e Investigación en México Evalúa
La disfuncionalidad del federalismo mexicano entorpece la ejecución de políticas públicas e inhibe avances y buenos resultados en el país. En el tema de seguridad pública se evidencia que la relación de la Federación con Estados y entre ellos mismos navega entre la discrecionalidad, la descoordinación y nulos resultados.
Un caso concreto, en el marco de la XXX sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) celebrada en Los Pinos hace unos días, se presentaron los reportes, documentos e informes sobre seguridad pública conforme al Art. 18 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es escandaloso que a los gobernadores no les dio pena hacer público sus avances (o falta de ellos), así como sus calificaciones en el tema de seguridad que de forma muy clara evidenciaron que lo hecho en la materia no ha dado resultados. El grado de cinismo fue mayúsculo, ya que a pesar de saber que los ciudadanos estuvimos atentos a sus interlocuciones, no pareció importarles salir muy mal evaluados y hacer evidente su incapacidad.
Pareciera que para nuestros Gobernadores utilizar los recursos públicos y dar resultados son asuntos que no van necesariamente de la mano. Lo cierto es que las cifras presentadas son preocupantes.
1. El homicidio doloso sigue al alza. Este alcanzó en mayo un nivel récord de 2,007 homicidios a nivel nacional, una cifra nunca antes vista en la estadística nacional. Con ello, para el último año, tenemos una tasa de homicidios de 19.5 por 100 mil habitantes, cuando la proporción fue de 14 en 2008.
2. La denuncia de extorsión era de 211 registros mensuales al inicio de la administración, llegó hace unos meses a niveles cercanos a las 550 registros mensuales, y hoy se ubica en un promedio de 420 mensuales. Aunque hay reducción, se debe considerar que existe una alta cifra negra en este delito y sólo se contabilizan las registradas ante procuradurías estatales.
3. El robo de automóviles ofrece una cifra de 6,068 unidades para mayo, cuando era 21% menor justo hace un año. Para el caso de Nuevo León, por ejemplo, se muestra un incremento de 17 veces comparando la cifra de mayo de 2009 contra la de mayo de 2011 (64 y 1,116 unidades respectivamente).
Con estas cifras preocupantes hubiéramos esperado, sino una explicación de lo que sucede, sí una mayor discusión de lo que funciona o no funciona en la estrategia de seguridad vigente.
Lo rescatable del CNSP: la intervención de la Presidenta Municipal de Aguascalientes quién llamó a romper el actual paradigma seguridad pública, que abraza el modelo punitivo, para transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana que involucra una estrategia más completa para atender la prevención y a las víctimas del delito. El anuncio de los avances en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, en donde se ven algunas mejoras y hace falta plasmar en ley lo aprobado en decreto. La necesidad de incorporar a las cifras oficiales de denuncias presentadas, el porcentaje de las que no se denuncian (la cifra negra que se estima en 86% de los delitos) y el motivo por el cual el ciudadano no lo hace.(INEGI, 2010.)
Lo malo del CNSP: la intervención del Presidente de la CONAGO quien, en nombre de todos los Gobernadores, propuso entre otras cosas: 1) la generación de reportes utilizando un sistema de semáforos, que a través de colores permite esconder la realidad de las cifras y sus comparativos; 2) un registro biométrico de extranjeros para evitar que estos puedan convertirse en delincuentes, No obstante, sin pedir lo mismo para todos los ciudadanos mexicanos y dejando ver en su planteamiento la convicción de que son los extranjeros la causa de muchos de nuestros males; y 3), no podía faltar, el reclamo de más recursos, porque de plano con lo que tienen no les alcanza.
Al final entre los mismos gobernadores aplaudieron sus propuestas, pero no hubo señal alguna que muestre una verdadera voluntad de cambio, mejora o cuando menos una autocrítica. Hasta hoy, el garrote y los recursos no han asegurado un avance para reducir la violencia y la criminalidad. Menos aún han servido los operativos conjuntos que tienen fin mediático, carecen de estrategia investigativa y pueden incluso ser violatorios de garantías. Es decir tenemos estrategias huecas y sin efectividad.
La autoridad no parece preocupada por devolvernos la tranquilidad y la justicia que reclamamos. Pero si esa no es su verdadera voluntad e intención entonces ¿cuál será?; habrá que preguntar esto a cada uno de nuestros Gobernadores.