Redacción Animal Político · 10 de mayo de 2025
Ahora estamos en mejor posición para ver que la discriminación que han sufrido las mujeres como mano de obra asalariada ha estado directamente vinculada a su función como trabajadoras no-asalariadas en el hogar.
Silvia Federici
De manera histórica, se ha impuesto una carga sociocultural a las mujeres respecto al cuidado de las personas que las rodean, en cualquier ámbito de su vida. Se ha reproducido la noción de que, por el simple hecho de ser mujer, existe la obligación de sostener a través del cuidado a familias, parejas, entornos y relaciones sociales en el transcurso de su vida.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el trabajo de cuidados comprende la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, como la preparación de alimentos, la realización de tareas de apoyo físico y emocional, la transmisión de conocimientos y valores, y el acompañamiento a las personas para garantizar su bienestar. Este tipo de trabajo subraya la interdependencia entre las personas que reciben los cuidados y las que los proveen (de forma remunerada o no remunerada), y deben entenderse como un derecho.
Datos de la UNAM muestran que en México 7 de cada 10 mujeres realizan las labores del cuidado en general, y que en ellas recae el 80 % de las labores de cuidado dentro de sus familias. Esta carga desproporcionada y la invisibilización de la misma respecto al ejercicio de estas labores, ha implicado una problemática seria, pues ha generado múltiples consecuencias para la vida de las mujeres, como la feminización de la pobreza y la reproducción de estereotipos de género que sostienen brechas de desigualdad en todos los ámbitos, como el acceso y desarrollo de sus derechos en lo educativo y laboral.
Teniendo esto en consideración, resulta fundamental identificar las consecuencias de esta problemática, particularmente en el espacio laboral, para así construir estrategias que promuevan el cambio cultural, donde se visibilice la importancia de las labores de cuidado en la sociedad y se promueva una distribución equitativa de éstas entre todas las personas.
Esta problemática no es aislada, pues se ha reproducido de manera desproporcionada por siglos y rebasando fronteras. Aún en la actualidad, y con los diversos avances que se han presentado en las agendas de género en el ámbito público y privado, se puede dar cuenta de los retos que aún persisten para el reconocimiento de que las labores de cuidados como un derecho y un asunto público.
Las labores de cuidado implican un gran número de actividades que aportan un valor significativo en el desarrollo de la sociedad. Prueba de ello es el valor económico que se le ha asignado al trabajo de cuidados a partir de métricas, como las proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que para 2024 mostró que el valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados representó 8.4 billones de pesos, lo cual representó el 26.3 % del PIB nacional.
Sin embargo, y a pesar de los datos que dan cuenta del valor tan significativo que representan las labores de cuidado a nivel nacional, prevalecen ideas que invisibilizan el impacto económico y social que tienen estas labores. Esto se traduce a su vez en la discriminación estructural de las mujeres en diversos espacios, como lo es la vida laboral.
Ejemplo de lo anterior son los datos reflejados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los cuales muestran que para el tercer trimestre del 2024 había 21 millones 226 mil personas en México que reportaron no poder trabajar, por dedicarse a labores vinculadas al trabajo en el hogar. El 93 % de las personas que representan esta cifra son mujeres.
La carencia del acceso de las mujeres al entorno laboral no se refleja solamente en las limitaciones que sus propios contextos tienen, sino también en la discriminación que se ejerce por parte de los centros laborales empresariales al momento de contratar o promover a las mujeres en sus espacios de trabajo. Datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) muestran que dentro de los principales motivos por los que se discrimina en la ciudad es por embarazo y por género, y entre 2014 y 2024 se han abierto 503 expedientes de discriminación con este motivo, mientras que de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en ese mismo periodo se abrieron 363 expedientes, siendo en ambos casos el sector privado (empleadores privados) quienes más han sido señalados de la discriminación, 293 expedientes ante CONAPRED y 483 ante COPRED.
De igual manera, en el estudio de Copred ¿Cómo pensamos y evitamos la discriminación en el trabajo?, Experiencias de personas trabajadoras en la Ciudad de México, se expone que las personas trabajadoras de diversos centros empresariales perciben que las principales formas de discriminación en razón de género están relacionadas a la maternidad, el embarazo, la falta de inclusión en puestos directivos y actividades estereotipadas entre hombres y mujeres.
Con esto se puede notar que persiste un sesgo de género relacionado a la creencia de que las mujeres, por ser quiénes han ejercido históricamente el trabajo de cuidados, no tienen tiempo o tienden a descuidar su vida profesional por esta razón. Es importante recalcar que el trabajo que realizan las mujeres de manera formal no ha significado el desapego o la disminución de los trabajos de cuidado en los hogares ni viceversa.
La falta de reconocimiento de las labores de cuidados no implica una problemática situada exclusivamente en el entorno familiar. Tiene raíces estructurales fundamentadas en la desigualdad de género, y se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad para frenarla.
Lo anterior pone en evidencia la necesidad de que las empresas, gobiernos y demás actores de la sociedad asuman su responsabilidad en la creación de políticas para el cuidado de quienes cuidan y para la redistribución de las actividades de cuidados.
El sector privado debe implementar licencias parentales extendidas, permisos especiales para personas cuidadoras y políticas flexibles para promover la compatibilidad entre la vida personal y laboral, así como la creación de acciones de prevención y eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres por ejercer su maternidad y el trabajo de cuidados.
Por parte del sector gubernamental es necesario que se creen políticas públicas donde se reconozca legalmente el trabajo de cuidados como un trabajo, establecer legislaciones que doten de carácter obligatorio al otorgamiento de licencias parentales extendidas, así como la ampliación de servicios de cuidado público. Es decir, establecer un Sistema de Cuidados profesionalizado.
A partir de la implementación de estas acciones en concreto, e incluyendo el cambio de una cultura donde se visibilice el peso que tienen estas labores en nuestras vidas, será posible reducir las brechas que limitan el acceso de las mujeres a los derechos más fundamentales, como lo es el derecho al trabajo y a la no discriminación en este espacio.
Es necesario reafirmar que el cuidado forma parte fundamental para el sostenimiento de las economías globales, pero también es el pilar para la subsistencia de las personas que viven en sociedad. Sin el trabajo de cuidados que han ejercido las mujeres a través de generaciones, no se habrían formado personas profesionalizadas en áreas que hoy día consideramos imprescindibles.
* Erendira Naomi Jiménez Lobato es asesora en la Secretaría Técnica del COPRED.