Lo que deja en el aire la entrega de 29 personas a Estados Unidos

Por primera vez en la historia -al menos, reciente-, el gobierno mexicano entregó a 29 personas al gobierno de Estados Unidos, acusadas por delitos de narcotráfico, sin seguir el procedimiento previsto en el tratado de extradición vigente entre ambos países ni respetar el derecho de estas personas a la protección judicial. Esta acción, realizada al margen de las facultades constitucionales de la presidenta, sin filtros judiciales ni salvaguardas procesales, abre horizontes jurídicos alarmantes y plantea interrogantes de fondo: ¿Qué implica que el Estado mexicano no respete abiertamente un tratado internacional? ¿Qué modelo de justicia se está privilegiando?

El hecho ocurre en un contexto profundamente delicado. El presidente Donald Trump en su primer día de mandato firmó órdenes ejecutivas que reviven la lógica más punitiva y unilateral, entre ellas la declaratoria de emergencia nacional y la introducción de un procedimiento para designar a cárteles de narcotráfico —entre ellos, cárteles mexicanos— como organizaciones terroristas. Esta designación permitiría a Estados Unidos juzgar a presuntos miembros de estos grupos bajo una lógica antiterrorista que amplía su jurisdicción extraterritorial y abre la puerta a sanciones como la cadena perpetua y la pena capital, que en México han sido abolidas.

Mientras que en México el discurso oficial habla de la necesidad de mantener una cooperación bilateral en seguridad basada en el respeto mutuo y a la soberanía nacional, esta entrega exprés contradice dichos principios. Desde una perspectiva de derechos humanos, el caso pone en evidencia cómo el discurso soberanista se debilita cuando un Estado acepta entregar a personas ciudadanas o residentes sin respetar su legislación interna, las reglas pactadas en un tratado internacional y sin garantizarles los derechos a la protección judicial y al debido proceso. Esta práctica también pone de manifiesto lo endebles que son las instituciones mexicanas de justicia; tanto, que pueden llegar a ser prescindibles, lo cual pone en riesgo los derechos de las víctimas y de cualquier persona que enfrente algún proceso legal en sede nacional.

Justicia incompleta para las víctimas

El problema central no solo es la forma, sino el fondo: muchas de estas personas no solo tienen una amplia trayectoria relacionada con el mercado ilícito de drogas, sino también del ejercicio de la violencia, que incluye graves violaciones a derechos humanos cometidas en territorio mexicano, como masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.  La historia demuestra que los juicios en Estados Unidos contra personas involucradas en delincuencia organizada y carteles de la droga rara vez se enfocan en este tipo de crímenes. Lo que más interesa son las rutas, los cargamentos, las redes de lavado y la velocidad para conseguir condenas.

La entrega exprés de personas requeridas por Estados Unidos no sólo plantea dudas sobre el respeto a los tratados y al debido proceso, también debilita la posibilidad de garantizar verdad y justicia para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en México. Al priorizar los intereses de otro Estado sin considerar las causas abiertas ni a las víctimas en territorio nacional, el gobierno mexicano desvía su ya limitada capacidad institucional para responder a su propia crisis de impunidad. Este tipo de prácticas implica destinar recursos, tiempos y decisiones judiciales en función de exigencias externas, mientras en el país persiste la deuda con quienes exigen justicia por graves violaciones a derechos humanos. Lejos de fortalecer el Estado de derecho, esta forma de colaboración refuerza la desigualdad en el acceso a la justicia y perpetúa la ausencia de verdad en los casos que más lo requieren.

Esta lógica de cooperación se agrava si se considera que el sistema de justicia estadounidense —tan aclamado en ciertos sectores— también está lejos de otorgar justicia y verdad para casos de violaciones graves a derechos humanos. El reciente anuncio sobre un acuerdo de Ovidio Guzmán con los fiscales estadounidenses para declararse culpable de narcotráfico a cambio de beneficios judiciales, ilustra cómo este sistema prioriza condenas rápidas y acuerdos de culpabilidad en lugar de investigar a fondo los patrones de violencia y las redes criminales. Al permitir acuerdos sin un proceso que reconstruya adecuadamente la magnitud de crímenes y violaciones a derechos humanos, el sistema estadounidense refuerza una estructura punitiva que evade el esclarecimiento de casos complejos. Este modelo beneficia a un sistema de prohibición que alimenta la narrativa de combate a las drogas y fortalece a las instituciones creadas para sostenerla. Así, el castigo justifica la ilegalidad en los procesos penales y judiciales y reemplaza al esclarecimiento, la supuesta eficiencia se impone sobre la rendición de cuentas.

En ese sentido, lo que se presenta como un avance en la cooperación bilateral es en realidad una pérdida de la soberanía donde los derechos de las personas no son protegidos, sino que se vuelven negociables al servicio de la narrativa de la guerra contra las drogas. Ambos países eluden su deber de construir procesos, mecanismos o instituciones que garanticen verdad y justicia. Las víctimas mexicanas no conocerán la verdad, ni verán justicia por las transgresiones que más les afectaron, pues ni el sistema de justicia mexicano ni el estadounidense están diseñados para ello, tampoco han mostrado que sea una prioridad.

Un precedente peligroso

Este episodio marca un precedente peligroso. No solo se trata de las 29 personas entregadas, sino del nuevo horizonte legal que se empieza a delinear: por un lado, México cede su soberanía judicial a cambio de cooperación selectiva -donde el derecho internacional, la protección judicial y las garantías del debido proceso no son respetadas-, toda acción queda al arbitrio dependiendo del contexto político y las presiones del Estado vecino. Por el otro, esa cooperación selectiva implica que se privilegian intereses políticos y económicos sobre el marco constitucional y los derechos humanos.

Además, no se observa reciprocidad en las dinámicas de cooperación, pues mientras México extradita de forma exprés a personas requeridas por delitos de alto perfil, Estados Unidos regresa a individuos sin relevancia estratégica. Esa asimetría revela una preocupante disposición del gobierno mexicano a supeditar principios fundamentales y perfila un nuevo arreglo informal, donde las reglas del derecho internacional y las garantías constitucionales dejan de ser pilares intocables para convertirse en fichas negociables. Bajo esta lógica, la cooperación en seguridad deja de ser un ejercicio de coordinación entre pares y se transforma en un mecanismo que refuerza jerarquías, reproduce arbitrariedades y normaliza decisiones que instrumentalizan a las personas en función de prioridades externas.

La justicia no puede reducirse a los intereses políticos y económicos internacionales ni a la política criminal de Estados Unidos, que solo lleva a condenas expeditas en ese país. Desde México se debe tomar conciencia de los efectos adversos que tienen estas decisiones en los derechos de las víctimas de la delincuencia organizada y construir mecanismos que atiendan las demandas históricas de estas.

* Roberta Cortes Ruiz es abogada, acompañante sociojurídica e investigadora en @ElementaDDHH. Isaias Pablo Tolentino (@ispabt), internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en @ElementaDDHH.