Conflicto armado y derechos de las víctimas

De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), rama del derecho que rige los conflictos armados, y la jurisprudencia en la materia¹, los enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado, constituyen lo que se conoce como un conflicto armado no internacional (CANI).

La determinación de la existencia de un CANI no debe realizarse en abstracto, sino en atención a las características de cada caso particular atendiendo a la intensidad del conflicto (seriedad de los ataques o incremento en las confrontaciones armadas, extensión de las hostilidades a lo largo de un territorio o período de tiempo, aumento en las fuerzas armadas estatales y en su movilización, movilidad y distribución de armas de las distintas partes enfrentadas) y el nivel de organización de las partes (existencia de cuarteles, zonas designadas de operación y la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas). Estos elementos distinguen a los CANI sobre los simples disturbios, situaciones de tensión o actos de violencia aislados que no son competencia del DIH.

Durante los últimos tres años, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como la CMDPDH, han argumentado que los enfrentamientos armados que se presentan en México constituyen un conflicto armado no internacional conforme al DIH. Situación similar se experimenta actualmente en Colombia donde a pesar del reconocimiento constitucional y legal de un CANI, el gobierno insiste en su negación, incluso en materia de memoria histórica.

En ese sentido, debe señalarse que para efectos de la aplicación del DIH, la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los Estados, gobiernos o grupos armados en él implicados. Por otro lado, vale la pena preguntarse ¿por qué es importante para los derechos de la sociedad y de las víctimas reconocer la existencia de un CANI?

Frente a este último aspecto, a continuación enumeramos algunas de las razones por las que consideramos que reconocer el CANI complementa el marco jurídico de protección de la población civil y las víctimas frente a la violencia:

1. Hay reglas para la guerra. El DIH limita los métodos y medios de guerra y protege a las personas que no participan o han dejado de participar en ella, con el propósito de “restringir la contienda armada para disminuir los efectos de las hostilidades”, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2. Protección reforzada de la población civil. El DIH protege a las personas civiles prohibiendo que sean objeto de ataques, desplazamientos forzados, de actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarles, entre otros. En aplicación del DIH la población sigue gozando de las protecciones garantizadas en la Constitución, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), el derecho consuetudinario y las normas imperativas (ius cogens). Tal y como lo ha recordado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, el DIDH y el DIH se complementan y refuerzan entre sí, en lugar de excluirse mutuamente. Así, el objetivo del DIH es minimizar los sufrimientos durante los CANI e imponer obligaciones a cada parte en conflicto sobre la forma en que se libran los enfrentamientos.
3. Reconocimiento y protección de las víctimas del conflicto. Las víctimas del CANI son invisibilizadas por la ausencia de un marco robusto de protección de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, ha destacado la relevancia de examinar el contexto en el cual se produce la violación de los derechos de las víctimas y ha reconocido que se trata de víctimas del CANI cuando los hechos acaecidos guardan una relación de conexidad suficiente con este como ocurre con los desplazamientos forzados, el confinamiento de la población, la violencia sexual contra las mujeres, las amenazas; entre otros (T-087/14). A partir de esto, se analizan, promueven y formulan políticas públicas y medidas específicas para las víctimas del CANI.
4. Oportunidad para establecer mecanismos contra la impunidad. Reconocer la existencia de un CANI, permite que los crímenes de guerra, es decir, las violaciones graves de las leyes y usos aplicables a CANI, cómo el DIH, puedan ser investigados, procesados y castigados por tribunales nacionales ordinarios y transicionales, como por ejemplo la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, e internacionales como la Corte Penal Internacional.

La violencia armada que se presenta en países como México y Colombia, con graves repercusiones sobre la situación de derechos humanos, no corresponde a simples disturbios, situaciones de tensión o actos de violencia aislados. De acuerdo al último informe de la Academia de Derecho Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, el nivel de intensidad de violencia entre las fuerzas armadas mexicanas y los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, y la organización de los actores en disputa, han alcanzado las condiciones de un CANI. Igual ocurre en Colombia donde de acuerdo con el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en el país durante el año 2019, se observa la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos en el contexto de la violencia y el CANI.

Conforme al DIH, complementar el marco jurídico de protección de la población civil y las víctimas para garantizar sus derechos y luchar contra la impunidad es una obligación de los Estados y una petición constante de las organizaciones de la sociedad civil.

* Olga Guzmán (@OlGuz) es coordinadora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Juan Ospina (@juan_ospinar) es abogado de la Comisión Colombiana de Juristas y docente universitario.

¹ Por ejemplo las sentencias y las decisiones del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. TPIY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 de noviembre de 2005; los casos del Fiscal v. Dusko Tadic, No. IT-94-1-AR72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2 de octubre de 1995;; Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici), sentencia del 16 de noviembre de 1998.