Lo que se pierde con la desaparición del CONEVAL

Al ingresar a la jungla de las políticas públicas, los gobiernos se aventuran en un mundo para el cual requieren de instrumentos técnicos que los ayuden a salir bien librados. Sin duda habrá quien crea que el olfato político y el sentido común son herramientas suficientes para un sexenio exitoso, pero los gobiernos requieren de indicadores y de elementos de evaluación que les permitan orientar y corregir el rumbo del proyecto para el que fueron electos. Sería insensato deshacerse de brújulas, mapas y teléfonos satelitales precisamente al iniciar un viaje increíblemente complejo. Hay demasiado en juego si los aventureros se extravían o terminan caminando en círculos.

El Congreso está por aprobar la iniciativa que envió el Ejecutivo para desaparecer a organismos autónomos como el INAI, la Cofece y el IFT, sin aclarar quién ni cómo se harían las funciones encomendadas a los órganos que desaparecen. Una de las instituciones que se propone desaparecer es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El CONEVAL es una institución reconocida a nivel internacional por su credibilidad, relevancia y rigor, lo cual debe en gran medida a su transparencia y a su estructura de gobernanza, basada en decisiones colegiadas con seis consejeros académicos independientes y apartidistas que aportan amplia experiencia técnica.

Las principales funciones del CONEVAL que desaparecerían con él son: la definición, actualización y estimación de la medición oficial de pobreza; la evaluación independiente de los programas federales que implican un mayor gasto presupuestal; el asesoramiento a autoridades federales, estatales y municipales en el diseño e implementación de sus órganos de evaluación, y la emisión de recomendaciones de política social. Todo esto es lo que está en juego, tan sólo con uno de los organismos cuya eliminación votará la Cámara de Diputados el próximo 14 de noviembre.

La iniciativa que desaparece al CONEVAL menciona escuetamente que sus funciones se dirigirán al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Aunque el INEGI es un organismo autónomo que goza de amplia credibilidad, el problema radica en que -por su naturaleza- este instituto sólo puede adoptar la primera función, sobre medición de pobreza. La iniciativa implícitamente sugiere que se eliminarán las evaluaciones independientes, se dejará de asesorar a otros niveles de gobierno y se perderán las recomendaciones autónomas. Aprobar esta iniciativa significaría que el gobierno se aventura en su política social sin instrumentos que lo guíen.

Al desaparecer el CONEVAL también se pierden conquistas institucionales fundamentales. Un ejemplo es el mandato vigente para que la evaluación de los programas sociales se retome en los análisis de asignación presupuestaria. Esto significa que se perderían los candados institucionales que evitan seguir financiando programas públicos caros que no obtienen los resultados para los que fueron creados. Cuando los programas no se condicionan a obtener resultados positivos en el bienestar de la población, cuando no hay una rigurosa rendición de cuentas, entonces aumenta significativamente el riesgo de usar los programas sociales con fines electorales.

Ante este escenario no conviene perder la brújula, ni la memoria. La relevancia de la política social de México requiere que se defina quién y cómo se harán las funciones que están en duda ante la desaparición del CONEVAL. Para evitar la pérdida de avances institucionales hay algunos elementos que se deben mantener. Se necesita defender la autonomía en la estimación de la pobreza y en la evaluación de programas sociales, así como en la emisión de recomendaciones de política social. La imparcialidad de la evaluación depende en gran medida de la separación entre la instancia que implementa programas sociales y la instancia que los evalúa. La actualización de los criterios de medición y evaluación, así como las reglas de contratación, deben ser transparentes y predeterminadas, además de cuidar el rigor técnico, la transparencia en las fuentes de datos, las estimaciones y los reportes sobre política social.  Será importante que continúe la periodicidad  e independencia en todas las mediciones que actualmente genera CONEVAL. Y se necesita garantizar la disponibilidad pública y accesible de todos los estudios –nuevos e históricos– que se generen de política social.

El CONEVAL ha sido una de las mejores prácticas en el impulso de una gestión basada en resultados. Es un referente global por la calidad de la medición de pobreza y en los análisis y recomendaciones que sirven de orientación a los distintos órdenes de gobierno.  México fue de los primeros países en coordinar a estados y municipios para crear áreas locales de monitoreo y evaluación, que son utilizadas por gobiernos de todos los partidos políticos. No será fácil reconstruirlo.

Bien se ha estudiado que las instituciones son una causa fundamental para explicar las capacidades gubernamentales y su eficiencia social. Si se aprovechan mejor los recursos tendremos una mejor implementación de políticas públicas y mejores resultados para la ciudadanía. De ahí la importancia de que México siga aumentando la calidad de la evaluación y de la medición de pobreza al retomar la evidencia que brinda mayores y mejores resultados a la ciudadanía. Porque como bien lo hemos aprendido del CONEVAL, lo que se mide, se puede mejorar. La evidencia es un gran aliado de la política pública; dejemos de cancelar a las brújulas y a los mapas, es mejor corregir el rumbo.

* Graciela Teruel Belismelis es directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Pablo Gaitán Rossi es director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad. Edgar Martínez Mendoza es coordinador de Evaluación del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad.