Con hechos, queda más claro el despojo

Diversos funcionarios han difundido información falsa respecto a lo que sucede con los componentes de jornada ampliada y de alimentación del programa La Escuela es Nuestra (LEEN). Desde plataformas oficiales se ha comunicado que su desaparición atiende a malos manejos; que los beneficios de las Escuelas de Tiempo -jornada ampliada y alimentación- no desaparecen, y que los beneficios se conservan, pero que se entregaran de manera directa.

El mentir, confundir y desinformar son útiles para hacer difícil que se advierta el despojo, pero no modifican la realidad: el despojo existe. Mi amor e interés por los estudios de Otredad, la filosofía y el pensamiento crítico me permiten reconocer que, ante narrativas unidimensionales, mostrar la complejidad y diversidad social es una herramienta poderosa para redirigir la mirada hacia la dignidad y el cuidado de las personas. Así, sin ánimo de dar respuesta detallada a los comentarios falsos, sino por el contrario, situada en la intención de brindar claridad y aportar elementos que permitan advertir el despojo y la discriminación estructural institucionalizada en la que se enmarca, compartiré -de manera breve- hechos reales:

La desaparición de los componentes de jornada ampliada y alimentación de LEEN no tiene relación con malos manejos

El programa Escuelas de Tiempo Completo desapareció a partir de que -en noviembre de 2020- la Cámara de Diputados estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación la obligación de que en 2021 LEEN destinara recursos para ejecutar sus tres componentes: infraestructura, jornada ampliada y alimentación. Esto no sólo consistió un cambio de nombre de Escuelas de Tiempo Completo a LEEN, también se modificó la forma en que se entregaban los recursos. Desde LEEN existe la obligación normativa de entregar recursos de “forma directa” a los Comités Escolares de Administración Participativa, los cuales en términos del artículo 106 de la Ley General de Educación son electos cada año por la asamblea escolar con la participación de docentes, directivos, madres y padres de familia o tutores, además de estudiantes a partir del 4o. grado de primaria.

Desde 2021 los recursos se han entregado desde LEEN de “forma directa”, y sí se han documentado malos manejos, particularmente respecto a su uso en infraestructura, pero ello no tiene relación causal con la decisión de la SEP de eliminar los componentes de jornada ampliada y alimentación. La SEP no ha expuesto cuál es la motivación que la guió a eliminar la jornada ampliada y la alimentación para millones de niños y niñas por preferir ladrillos.

Los beneficios de las “Escuelas de Tiempo” -jornada ampliada y alimentación- no están vigentes

Las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, publicadas por la SEP el pasado 28 de febrero, restringen el uso de los recursos de LEEN únicamente a infraestructura. Actualmente es imposible e ilegal que se puedan utilizar recursos públicos para la jornada ampliada y alimentación de millones de niños y niñas. En este momento no existen -ni existirán en un futuro, si no se modifican esas Reglas- beneficios de jornada ampliada y alimentación dentro del programa LEEN.

Los “beneficios” no se conservan y por lo tanto, no hay nada que entregar

Dado que la SEP, a través de las Reglas de Operación de LEEN 2022, estableció que los cerca de 14 mil millones de pesos de LEEN únicamente se pueden utilizar para infraestructura -ladrillos y pintura-, entonces los beneficios de jornada extendida y alimentación han desaparecido, no se conservan. Actualmente ya no hay escuelas con jornada ampliada ni alimentación que se financien con recursos federales. Los niños, niñas y adolescentes no recibirán los apoyos de aprendizaje y socioemocionales que antes sí tenían.

A partir de lo anterior, deseo exponer el despojo y la discriminación estructural institucionalizada en el que se enmarca la decisión de la SEP de eliminar del programa LEEN los componentes de jornada ampliada y alimentación, afectando a 3.6 millones de niños y niñas. Para ello es útil preguntarnos: ¿qué sabemos del contexto de la afectación? 

Sabemos, a la luz del enfoque de género, que afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes, maestras y mamás. La decisión impacta en la vida de millones de niñas y adolescentes que pierden el espacio y el tiempo que tenían para su mejor aprendizaje y desarrollo emocional, lo cual las pone en un gran riesgo de absorber labores de cuidado no remunerado. Además, es posible que ante la reducción del espacio para su desarrollo, las violencias que ya viven aumenten en cantidad y grado. La decisión de la SEP también podría generar una mayor deserción que se vincula con violencia de género. Por el contrario, si asisten a la escuela, las niñas recuperan aprendizajes más rápido que los niños, como se demostró en el estudio “Equidad y Regreso” de Mexicanos Primero, con resultados en comprensión lectora de 65.6% en el caso de las estudiantes, contra 53% de sus compañeros varones.

La decisión implica pérdidas de aprendizaje fuertes y sostenidas, lo cual es grave en el presente y a futuro, pero, además, manda el mensaje de que nuestras niñas no importan, de que su realidad de desigualdad, discriminación y violencia es menos relevante que los ladrillos o la pintura que haga falta. Ninguna niña se merece tal violencia.

Además, respecto a las maestras, la afectación se multiplica dada la feminización de la profesión. En educación básica las maestras superan en número a los maestros en proporción de dos a uno, por lo que en la práctica serán más las mujeres afectadas por la decisión de eliminarles la retribución económica correspondiente a la jornada ampliada. Esto no es menor, en el contexto de la limitada participación laboral de las mujeres y las condiciones de desigualdad que enfrentan. Las madres también serán afectadas por esta decisión, que se enmarca en una sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerados sostenida en roles, prejuicios y estereotipos. La pérdida central es en perjuicio de las niñas, de su potencialidad, desarrollo y aprendizajes; pero además, puesto que la escuela es una comunidad educativa y el proceso de aprendizajes se construye en lo social, la decisión genera múltiples impactos que afectan expansivamente a la comunidad, a la familia y a la dignidad de todas las involucradas.

La decisión se entreteje con discriminación estructural institucionalizada. Además del género, la decisión también reproduce el racismo y la discriminación por pertenencia a una comunidad indígena. El 70% de las escuelas que no recibirán más jornada ampliada y alimentación son escuelas indígenas y 55% del total de escuelas se encuentran ubicadas en comunidades rurales.

La Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 muestra un panorama desalentador: el nivel de escolaridad disminuye en función de autoadscripción y aún más por hablar lengua indígena; con un efecto todavía mayor por razón de género. La ausencia de escolaridad para mujeres hablantes de lengua indígena es casi cuatro veces mayor que para la población general, e incluso, según otros estudios, la proporción es aún mayor para población de 16 a 19 años que sólo habla lengua indígena.

Con el Censo 2020 se confirmó que el 46.7% de las mujeres y 39.9 de los hombres hablantes de lengua indígena se encuentran en rezago educativo. Al respecto, si bien el rezago educativo aumenta con la edad por el peso histórico del rezago acumulado, lo cierto es que se conoce que la población hablante de lengua indígena de 12 años y más tiene un promedio de escolaridad de 5 años, y que el 86.4% no asiste a la escuela. Incluso, sabemos que las mujeres hablantes de lenguas indígenas presentan un riesgo 370% mayor a la población en general de no terminar la primaria. Ese rezago educativo se sostiene en decisiones como las que ahora instrumenta la SEP.

Además, por diseño del sistema educativo, aun cuando sí asistan a la escuela, la población indígena suele tener menores logros educativos. Por ello, eliminar los apoyos que fomentaban la permanencia en la escuela y permitían fortalecer el proceso de aprendizaje es algo que afecta de manera diferenciada a niños y, particularmente, a niñas en escuelas indígenas, reproduciendo y cristalizando la desigualdad. Además, considerando que siete de cada diez personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza, y que el número de personas hablante de lengua indígena en pobreza extrema es seis veces mayor que el de la población general, la decisión de la SEP se materializa, en el presente y para el futuro, como una condena a la exclusión.

El sistema educativo nacional requiere de un profundo análisis y modificación para poner un freno a la discriminación estructural institucionalizada que lo sostiene, particularmente respecto a la administración de la indigeneidad con el arrebatamiento de la lengua que sucede sistemáticamente en la educación básica y media básica. No obstante, eliminar apoyos sin motivación no es un paso en esa dirección; por el contrario, significa una mayor exclusión.

Decidir no otorgar recursos para los componentes de LEEN en las escuelas que antes brindaban jornadas ampliadas para profundizar aprendizajes, apoyos socioemocionales y alimentos -en jornadas de 8 horas- para comunidades educativas que precisamente estaban en rezago, de las cuales 70% correspondía a escuelas indígenas, ¿puede leerse por fuera de relaciones de poder asimétricas en términos de racismo? ¿Preferir ladrillos por encima de la calidad y dignidad de las vidas escapa de esos marcos de discriminación estructural institucionalizada? En mi opinión, no.

Cabe señalar que la afectación también tiene impactos en términos de discapacidad, dado que entre las escuelas afectadas aproximadamente 200 corresponden a Centros de Atención Múltiple, es decir, a comunidades escolares orientadas a acompañar a las y los estudiantes con diversas condiciones de discapacidad. Pensar desde la interseccionalidad nos debería impulsar a considerar el grave impacto que la decisión tiene sobre una niña indígena con discapacidad en una comunidad rural con muy alta marginación y pobreza, apilando vulneración tras vulneración a sus posibilidades de vida plena.

El despojo existe. Tiene claros destinatarios y afectados y, además, nos afecta a todas y todos como sociedad. No priorizar la niñez es violencia sistemática e institucionalizada; eliminar los componentes que aportaban a reducir rezagos es atentar contra las personas en mayor situación de vulnerabilidad; es una decisión que aumenta la desigualdad y tiene efectos directos negativos sobre sus vidas. Sostener la discriminación y la desigualdad es un error. La SEP aún está a tiempo de modificar las Reglas de Operación de LEEN y otorgar recursos para la jornada ampliada y la alimentación.

* Alejandra Donají Núñez (@aledenuez) es activista.