¿Cómo se habla en el sector salud de la violencia obstétrica?

Para profesionales del sector salud, la violencia obstétrica no se explica únicamente por las acciones de quien brinda atención, también intervienen las condiciones institucionales, la organización de los servicios, las jerarquías y las decisiones que se toman en otros niveles.

En junio de 2025, 39 personas vinculadas con la atención de la salud sexual y reproductiva en Ciudad de México y su zona metropolitana participaron en el taller “Violencia obstétrica: diálogos interdisciplinarios entre academia, activismos y profesionales del cuidado”. Había profesionales de ginecoobstetricia, enfermería y partería, además de personas dedicadas a la gestión, la toma de decisiones y la formación de recursos humanos en salud. El encuentro fue organizado por GIRE, el Instituto Uehiro de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con diseño metodológico y facilitación de Colmena Consultoras.

El problema no se limita al personal médico ni a la atención del parto

Las personas participantes definieron la violencia obstétrica de manera similar: aquella ejercida mediante actos u omisiones durante la atención de una persona gestante, con repercusiones físicas, psicológicas o sociales en ella e incluso en la persona recién nacida. También la ubicaron en la intersección entre la violencia de género y la violencia institucional.

A partir de esta mirada, cuestionaron la tendencia a focalizar el fenómeno en dos sentidos: en el personal de salud —en particular, el personal médico— como responsable directo de estos actos u omisiones, y en el trabajo de parto y el parto como los momentos en los que ocurre, dejando de lado otros procesos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Reconocieron que, aunque existen definiciones —jurídicas, académicas, con enfoque de derechos humanos y otras propuestas desde la sociedad civil—, persisten limitaciones para llevarlas al ámbito operativo y lograr cambios sustantivos.

Respecto a las implicaciones de emplear el término de violencia obstétrica en los contextos laborales y profesionales, la mayoría identificó tanto aspectos positivos como negativos: desde la posibilidad de visibilizar el fenómeno y mejorar la calidad de la atención hasta el riesgo de criminalizar o estigmatizar al personal y dejar fuera de la discusión la falta de recursos materiales y humanos.

Por otra parte, hubo resistencia a considerar la violencia obstétrica como un delito: hay que entenderla como un concepto que abarca acciones, omisiones y condiciones en las que intervienen diversos actores, instituciones y estructuras.

Las condiciones del sistema también importan

Entre los factores vinculados con la estructura y organización del sistema de salud se mencionaron la falta de capacitación y sensibilización, funciones mal delimitadas, deficiencias en la planeación, organización y supervisión de los servicios, así como protocolos basados en las necesidades del personal o de las instituciones, y no en las de las mujeres.

Las disputas de poder y saber aparecen entre los factores que contribuyen a que persistan prácticas de rutina o que ya no son recomendadas por las guías clínicas. A esto se suma la coerción ejercida por grupos con mayor poder dentro del personal de salud, en una estructura jerárquica y autoritaria que puede generar formas de violencia hacia el propio personal.

En los casos de abandono o negación de la atención, se planteó analizar el contexto y las condiciones institucionales antes de atribuir lo ocurrido únicamente a la responsabilidad individual del personal de salud.

Por ejemplo, negar el acompañamiento durante el trabajo de parto y el parto puede ser consecuencia de una política institucional. Por su parte, el retraso de la atención ante una pérdida gestacional podría explicarse por situaciones de saturación hospitalaria o emergencias obstétricas. Considerar estas condiciones no implica justificar el abandono ni la falta de atención y cuidados mientras se resuelve la situación.

Llevar las recomendaciones a la práctica sigue siendo un reto

En México se han desarrollado y difundido guías de práctica clínica, lineamientos y políticas, pero ese avance no ha derivado necesariamente en su aplicación dentro de los servicios hospitalarios.

Entre las propuestas para la formación profesional están actualizar los modelos educativos e incorporar de manera transversal habilidades de comunicación, prevención de la violencia, perspectiva de género, bioética, ética profesional, derechos humanos y marcos legales y normativos. Además, se identificó la necesidad de mejorar la regulación y las prácticas de los hospitales-escuela, así como eliminar formas de violencia en la formación de estudiantes y residentes.

El grupo de especialistas en ginecobstetricia señaló una dificultad muy concreta: estudiantes y residentes pueden estar de acuerdo con las recomendaciones sobre atención respetuosa, pero la mayoría no ha aprendido ni visto un parto respetado y, por ello, no considera factible implementarlo.

Los cambios propuestos incluyen armonizar políticas públicas e institucionales, dar seguimiento y analizar indicadores, supervisar aspectos clave de la calidad de la atención y evaluar el impacto de proyectos y experiencias que ya están en marcha. Otra propuesta es homologar modelos de atención basados en buenas prácticas y evidencia científica, centrados en las mujeres y personas usuarias, acompañados de mecanismos de supervisión y evaluación.

Cambiar la atención requiere actuar en distintos niveles

Criminalizar, estigmatizar o sancionar a profesionales de la salud no transforma el sistema que favorece la reproducción de la violencia obstétrica. Para prevenirla es necesario delimitar responsabilidades y generar intervenciones con distintos alcances: algunas dirigidas a profesionales de la salud, otras a personas tomadoras de decisiones e incluso acciones más allá del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, es necesario diseñar abordajes específicos para cada una de sus manifestaciones, y establecer mecanismos eficaces para restituir los derechos vulnerados y evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.

Conocer las perspectivas de las personas involucradas en la atención de la salud reproductiva es fundamental para avanzar en la prevención y erradicación de este tipo de violencia, por ello, agradecemos la apertura y generosidad de todas las personas participantes para hacer posible este intercambio de experiencias.

 El reporte completo puede consultarse aquí.♦ 

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