¿Cómo saber si México progresa?

Por Jorge Oseguera Gamba, Simon Ticehurst y Roberto Castellanos Cereceda

¿Si le preguntáramos a algún mexicano o mexicana cómo mediría si México va bien, qué responderían? Muchas personas dirían que hay que fijarnos en indicadores objetivos como el número de crímenes, la tasa de desempleo, el cuidado del medio ambiente, o en indicadores subjetivos como si las personas son felices o están satisfechas con su vida.

Pero si le preguntáramos lo mismo a algún economista o algún reportero que cubre temas económicos, probablemente responderían, sin pensarlo demasiado, casi como un reflejo: “el crecimiento económico”, es decir, el incremento en el Producto Interno Bruto (o PIB). La lógica es sencilla (incluso simplista): si crece el PIB, al país le está yendo bien; si no crece, al país le está yendo mal. ¿Pero en realidad es así?

Hace unas décadas, cómo medir el progreso de una nación fue un debate académico importante. Ayer, 7 de mayo del 2026, se presentó en la ONU un reporte evidenciando que este debate está superado. Es claro que el PIB tiene muchas deficiencias como indicador de progreso (el por qué más adelante). El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Más Allá del PIB presentó ante los Estados Miembros de la ONU el reporte Contar lo que cuenta: una brújula del progreso para las personas y el planeta. Siete décadas después de que el PIB fuera estandarizado por la misma ONU, se está proponiendo un giro de timón para comenzar a medir el progreso de otra manera.

Ésta es una propuesta que ya la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social había anticipado en su reporte del 2009, también conocido como el Reporte Stiglitz-Sen-Fitoussi por tres de sus más destacados autores. Pero a diferencia de este, que fue convocado por el expresidente francés Sarkozy, el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel es resultado de un proceso amplio de discusión y consultas, auspiciado por Naciones Unidas. Es previsible que sus alcances e impacto sean, por tanto, mucho mayores.

Ya el propio inventor del PIB, Simon Kuznets, advirtió en los años treinta del siglo XX que el bienestar de un país difícilmente se puede inferir de algo como el PIB. Su advertencia fue ignorada durante casi un siglo. Desdén que ha sido producto no solo de la falta de consenso sobre una alternativa, sino también por el interés ideológico y político de diversos grupos en mantenerlo.

Afortunadamente, muchas organizaciones sociales, feministas, ambientalistas, y también algunos gobiernos han venido señalando las limitaciones del PIB como indicador de bienestar, porque registra simplemente la actividad económica, sin valorar los impactos sociales y ambientales (muchas veces considerados “externalidades”). Un bosque adquiere valor para el PIB cuando se tala y produce madera. El gasto de la limpieza y reparación después de un derrame de petróleo se registra positivamente en el PIB. Y hay factores importantes del bienestar que el PIB no mide, como el trabajo de cuidados y las labores domésticas. La CEPAL ha calculado que en América Latina el valor del trabajo de cuidados equivale a más de un 20% del PIB. Pero el PIB lo invisibiliza. Un PIB per cápita alto puede coexistir con enormes desigualdades porque no mide la gran concentración de riqueza de las sociedades de hoy, las grandes desigualdades verticales de ingreso, ni las desigualdades horizontales entre grupos sociales. Tampoco mide los impactos sociales y ambientales de largo plazo o el impacto de una actividad económica que trasciende fronteras nacionales. El imperativo siempre ha sido crecer en el corto plazo, dejando desafíos sociales y ambientales complejos para futuras generaciones, o incluso para otros países.

 

¿Qué dice el reporte Contar lo que cuenta?

El reporte propone reemplazar el PIB como brújula única del progreso social por un tablero de 31 indicadores agrupados en cuatro grandes bloques:

• principios fundacionales (paz, derechos humanos y respeto al planeta);
• bienestar actual (condiciones materiales y trabajo, salud, educación, seguridad, cohesión social, bienestar subjetivo, calidad institucional y condiciones ambientales);
• equidad e inclusión (desigualdad de ingresos y riqueza, pobreza, inclusión laboral, brechas de género, desigualdades regionales y privaciones superpuestas); y
• sostenibilidad y resiliencia (distintos tipos de capital: producido, humano, social, institucional y natural).

El tablero propuesto por el Grupo de Expertos tiene una virtud importante: casi la mitad de sus indicadores ya existen, muchos derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que implica que no se arranca de cero. Por lo mismo, el reporte recomienda un proceso de adaptación y adopción rápida por parte de las oficinas de estadísticas de los países y del mismo sistema de las Naciones Unidas, de metodologías emergentes de medición, particularmente para indicadores relacionados con derechos humanos, bienestar subjetivo, límites planetarios, cohesión social, y capacidad institucional.

Hace un llamado a los gobiernos nacionales a involucrarse en el proceso intergubernamental de las Naciones Unidas para acordar las normas globales de medición del progreso y su implementación, y a los organismos financieros internacionales la adopción de indicadores más allá del PIB en los espacios de toma de decisión nacionales e internacionales, asegurando una comprensión más amplia del progreso a la hora de asignar recursos o valorar deudas.

El reporte también reconoce abiertamente sus propias lagunas, en particular, que no logró consenso sobre un indicador sintético que agrupe todo en un solo número comparable al PIB en su simplicidad comunicativa. Queda como tarea pendiente.

Desde su propio marco y contexto podrían señalarse dos “ausencias” o ámbitos que requieren de mayor atención. La primera es la salud mental. El reporte la menciona de pasada como un área que “no está completamente capturada” por los indicadores actuales de salud y satisfacción con la vida. En un mundo donde la soledad, la ansiedad y la depresión van al alza, eso no es un detalle menor. El que la cohesión social se mida precisamente con un indicador de sentimiento de soledad es llamativo e importante pero quizá insuficiente para abordar la salud mental y habría que discutir un poco más qué tan pertinente es para medir la cohesión social.

La segunda es más estructural: el reporte no ofrece mecanismos concretos para que los marcos indígenas de bienestar (como el buen vivir) tengan cabida en los tableros nacionales, más allá de una mención genérica a dimensiones “específicas de cada país”. Quizá es injusto pedirle algo así a un ejercicio notable como el que se hace en el reporte. Sin embargo, para países como México, con enorme diversidad cultural, este es un reto significativo.

En tercer lugar, hay un desafío que conviene tener presente: iniciativas de este tipo ya las hemos visto antes. Los ODS, con toda su legitimidad internacional, muestran lo que ocurre cuando los marcos globales chocan con capacidades institucionales muy desiguales. Muchos países (precisamente los que más necesitan medir bien su progreso y los que aportan mucho más que solo producción económica) son precisamente los que menos infraestructura estadística tienen para hacerlo. El reporte propone un enfoque por niveles (tiers) de calidad de los indicadores que va en la dirección correcta, pero la brecha entre el diseño elegante y estilizado, y la implementación real sigue siendo notable.

 

¿Por qué este reporte es importante para México?

Primero, por presencia. México no es un actor pasivo en esta conversación: el Inegi participó en las consultas que alimentaron el reporte y Nora Lustig (economista mexicana-argentina, profesora en El Colegio de México y otras universidades nacionales e internacionales) fue una de las dos copresidentas del Grupo de Expertos y una de las dos personas que presentaron el reporte ayer. Esto sugiere que el proceso de construcción del reporte incorpora, al menos en parte, perspectivas latinoamericanas y mexicanas.

Segundo, los países no están obligados a adoptar la propuesta que el Grupo de Expertos hace en el reporte, pero el proceso que viene (deliberaciones intergubernamentales facilitadas por la ONU durante el resto de 2026 y en 2027) podría generar presión normativa creciente. Los países que lleguen con propuestas propias tendrán más incidencia que los que lleguen simplemente a recibir o adoptar lo que otros diseñaron.

Tercero, porque México ya tiene piezas en juego y trayectoria notable en esta materia. El Inegi tiene capacidad técnica real y ha construido una infraestructura estadística y de medición significativa (ENBIARE, Cuentas Satélite, entre otros proyectos estadísticos), con prestigio reconocido nacional e internacionalmente. Además, hay organizaciones de sociedad civil y centros de investigación y redes de investigación que llevan años midiendo dimensiones del bienestar que el PIB ignora. México, por ejemplo, es un país líder en avanzar sistemas y políticas de cuidado, reconociendo su importancia para la sociedad y para la equidad de género. El trabajo existe; falta mayor articulación y algo de ingenio, apertura y capacidad de innovación para integrar estos esfuerzos en procesos de deliberación pública más amplios, así como en la planeación y presupuestación.

 

¿Qué sigue?

El reporte pide a los gobiernos que, para 2027, establezcan tableros nacionales de progreso adaptados a sus prioridades, integrados en los procesos de política pública, presupuesto y rendición de cuentas. Para ello, México no empieza de cero, pero sí requiere conectar lo que ya existe.

El INEGI tiene mandato, capacidad técnica y una trayectoria en medición del bienestar que pocos organismos estadísticos de la región y el mundo pueden igualar. La sociedad civil y la academia han producido diagnósticos rigurosos sobre desigualdad, violencia, salud mental y condiciones ambientales, entre muchos otros temas. Lo que ha faltado no es información: es la decisión de que esa información guíe las decisiones.

El siguiente paso no es esperar a que la ONU defina la forma final del tablero. Es que México llegue a ese debate con propuesta propia, una que incorpore sus particularidades, sus brechas y, sobre todo, sus propias nociones de lo que significa progresar. Porque al final, la pregunta de si México va bien no puede tener una respuesta importada, y por supuesto tampoco unívoca.

Faltaría traer esto al debate público y a los medios de comunicación, que tienden a repetir el mantra del PIB como indicador de progreso, y para lograr otra comprensión de lo que eso significa, otra manera de medir y entender el éxito colectivo, no tanto por cuánto crecemos económicamente, sino por el bienestar social y planetario que se alcanza.

Solo lo que se cuenta, de hecho cuenta. Pero primero hay que decidir qué queremos contar.

*Jorge Oseguera Gamba es investigador en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Es miembro de la International Society of Quality of Life Studies (ISQOLS), fundador del Grupo Transdisciplinario sobre Estudios del Bienestar, miembro de la Alianza para la Economía del Bienestar (WEAll) y de Economías Alternativas México.

*Simon Ticehurst ​​es parte del equipo global de la Alianza para la Economía del Bienestar (WEAll). Antes de unirse a WEAll, Simon fue Director Regional de Oxfam Internacional para América Latina y el Caribe (2015-2022) y miembro de Economías Alternativas México.

*Roberto Castellanos Cereceda es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro de LATAM-B, del Grupo Transdisciplinario sobre Estudios del Bienestar y de la International Society of Quality of Life Studies (ISQOLS).

Economías Alternativas México (EA MX) es una plataforma multiactor que reúne a organizaciones de la sociedad civil, la academia y los sectores público, privado y comunitario en torno a una convicción común: que es posible y urgente transformar el sistema económico para que ponga en el centro la dignidad humana, la regeneración ecológica y la justicia social. Trabaja articulando iniciativas, fortaleciendo capacidades e incidiendo en políticas públicas.