¿Cómo le hacemos para confiar en las autoridades?

Por: José F. Tapia, director de Investigación de México Evalúa.

 

Después de haber publicado nuestro último estudio sobre Seguridad y Justicia Penal en los estados, se hacen evidentes dos espacios que requieren atención inmediata. El primero, el resguardo de la integridad física de los ciudadanos (contención  del homicidio doloso) y el segundo, la necesidad de un sistema de justicia penal eficiente como mecanismo para minimizar y contener las actividades delictivas más lesivas a la sociedad (abatiendo la impunidad). Las características de estos aspectos y sus resultados a nivel estatal, nos reflejan claramente cuál es la voluntad de los gobernadores por avanzar contra la inseguridad y violencia.

Los datos presentados en nuestro estudio nos muestran que la impunidad crece y que la autoridad no es capaz de ofrecer lo necesario para recobrar la confianza ciudadana, y tampoco para alcanzar una anhelada paz que urge en muchos municipios. El ejercicio observado en los diversos ámbitos de seguridad y justicia es insuficiente y mediocre.

Este magro desempeño, aunado a la presión de factores del crimen organizado, inciden de forma importante para acentuar la dinámica de una espiral de violencia con secuelas que tomará tiempo resarcir.

Estamos, sin duda, ante sistemas incapaces de proveer seguridad y administrar justicia.  Algunos datos que nos hablan de ello son, por ejemplo, la insuficiencia en cuerpos policíacos confiables y capacitados (con sólo 7.6% del total evaluados). Una baja cobertura de agencias de Ministerios Públicos (con un promedio nacional de 2.7 agencias por cada 100 mil habitantes), lo que se suma a la baja resolución de investigaciones (12.9% en promedio) y un cumplimiento de órdenes de aprehensión (que llega apenas a un 32% del total). Se observa también, el uso intensivo de la prisión preventiva y la situación de vulnerabilidad en la mayoría de los penales del país. Una impunidad en homicidio, el más grave de los delitos, que alcanza un 80.6%, cuando el promedio mundial es de 24%. Y que, en estados como Chihuahua y Durango, la impunidad en este delito se encuentra en niveles similares a los que presentan países africanos donde el estado de derecho es prácticamente inexistente.

En la administración de justicia es donde el sistema se colapsa y muestra su mayor debilidad, justo en donde debería mostrar mayor efectividad para resarcir el daño a las víctimas y perseguir, aprehender, enjuiciar y sentenciar a probados culpables. Sin embargo, solo un 12% de los internos en custodia permanecen en prisiones por delitos graves, el hacinamiento se da con buena parte por reclusos que esperan sentencia privados de su libertad o quienes se encuentran sentenciados por delitos menores.

En resumen, muy pocos de los responsables directos de nuestras instituciones de seguridad y justicia cumplen con su trabajo de aminorar la situación prevalente de inseguridad y violencia.

Es necesario regresar la confianza al ciudadano, con un énfasis a nivel local que es precisamente donde se presentan los delitos. Municipios donde, en mayor y menor medida, la desprotección y desamparo es evidente. No son todas las localidades, cierto, pero sí las suficientes para afectar la percepción nacional en el tema.

Los mexicanos queremos un país seguro donde se viva en armonía, libertad y respeto. Hoy la realidad nos aleja de esas premisas mientras que las autoridades estatales no se sienten responsables.

Queremos tener confianza en nuestras instituciones. La fortaleza institucional y el estado de derecho son elementos que muestran el avance de las sociedades.  Sin embargo, hoy en muchos estados sus instituciones de seguridad y justicia penal no están a la altura, aún cuando cuentan con recursos para hacer un papel decoroso.

Hemos invertido y continuamos invirtiendo grandes sumas a este fin sin que se vean los resultados, no hay mejora.  La situación nos indica que el problema radica en la voluntad de los actores relevantes para dar soluciones. Discursos sobran, pero una voluntad real para mejorar las policías, ministerios públicos, tareas investigativas, sistema procesal y el sistema penitenciario, se encuentra hoy ausente. Con ello, ¿cómo recuperar  la confianza en las instituciones?, una ruta corta es con resultados, no pretextos.