Como no ser cómplices de los crímenes de las FFAA

Por: José Antonio Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB)

La reforma constitucional que pretende militarizar la seguridad pública representa sucumbir ante la presión militar y regalar al ejército concesiones más extensas que las que cabildearon en los dos sexenios anteriores, con las leyes de seguridad nacional y seguridad interior. Esta última Ley fue declarada inconstitucional, entonces ¿por qué su reedición a nivel de reforma constitucional debería ser diferente? Esta degenerada fórmula legal que se propone constitucionaliza un estado de excepción y dota de atribuciones a los militares que exceden las facultades del Congreso de la Unión, pone en riesgo los derechos humanos y sustituye la Constitución en uno de sus elementos definitorios: el papel de las fuerzas armadas en tiempos de paz.

Encomendarle la prevención e investigación de los delitos a militares y marinos a través de la guardia nacional, o a las fuerzas armadas en general conforme al 4 transitorio que se quiere resucitar puede ser uno de los actos legislativos más desafiantes a la democracia y al estado democrático de derecho de la historia reciente de nuestro país. El retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública es una obligación que tiene el Estado Mexicano (los tres poderes).

Existen cinco razones fundamentales por las que el Congreso, en particular el Senado de la República, debe fechar la reforma constitucional:

1. El modelo de seguridad propuesto descansa en el Ejército y la Marina, instituciones integradas por cientos—sino es que miles—de funcionarios involucrados en hechos delictivos, incluidos asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, delitos contra la salud y corrupción. Esas instituciones, deben ser depuradas de los responsables materiales y de mando de dichos delitos; también, deben ser investigados procesados y sancionados; pero además, en vista de esos abusos, las tareas de seguridad no pueden recaer en dichas instituciones. Si así fuera, se estaría violando el derecho de miles de víctimas a la no repetición de los hechos.
2. El mismo Presidente López Obrador, en su Plan de Paz y Seguridad, reconoce claramente que la formación, equipamiento, logística y estructura del Ejército y la Marina tienen como propósito último ‘enfrentar, neutralizar y aniquilar a una fuerza enemiga’. Los soldados y marinos están entrenados para ello, no para prevenir, investigar delitos, identificar, ubicar y capturar a presuntos delincuentes y presentarlos a la autoridad jurisdiccional. Esa falta de correspondencia entre preparación y misión ha derivado no sólo en la ineficacia en el combate a los delitos sino también, en graves violaciones a los derechos humanos.
3. Permitir que militares continúen realizando tareas de seguridad es un riesgo inminente para los derechos humanos de la población civil y contraviene las obligaciones internacionales de México, recomendaciones de numerosos mecanismos internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para cumplir con estos estándares, el modelo de seguridad ciudadana debe ser estrictamente civil en el que se fortalezca el sistema nacional de seguridad pública, se capacite a los policías adecuadamente bajo los más elevados estándares y se dignifique su papel en la sociedad, incluso a través de mejoras en las condiciones laborales, por ejemplo, sueldos y estabilidad. Los mecanismos de rendición de cuentas internos y externos para evitar la corrupción y el abuso policial, incluyendo el uso indebido de la fuerza, deben ser fortalecidos.
4. El Congreso de la Unión no puede reemplazar el espíritu democrático y republicano de la Constitución de 1917. La propuesta de sustitución del máximo ordenamiento que actualmente se discute trastoca elementos característicos o esenciales definidos por el poder constituyente: las funciones de las fuerzas armadas en tiempos de paz. De la misma forma, los legisladores y legisladoras deben repeler toda propuesta que pretenda dotar a las fuerzas armadas de atribuciones distintas a la disciplina militar en tiempos de paz, sea en la Constitución, en la ley o en la práctica.
5. La Constitución ya cuenta con el artículo 29 para hacer frente a situaciones de emergencia o urgentes, por ejemplo una invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro caso situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, incluso armado. Es decir, existen los mecanismos constitucionales para hacer frente a la crisis de violencia que se vive en algunas regiones del país.

La estrategia de Seguridad del Presidente López Obrador identifica certeramente las casusas de la situación actual: “el narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos –como las desapariciones forzadas, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales –no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos.” No se puede olvidar, la masacre del 2 de octubre de 1968, ni la política de terrorismo de Estado de los años 70 consistente en desaparecer personas por su pertenencia o supuesta pertenencia a la disidencia política armada, como lo muestra la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco en 1974. La impunidad con la que actuó el ejército en estos casos es evidente y las víctimas y sus familiares siguen a la espera de la verdad.

De la misma forma, integrantes de las fuerzas armadas o particulares con su apoyo, autorización o consentimiento, han cometido delitos graves relacionados con la producción y tráfico de drogas. Desconocemos el nivel de involucramiento de funcionarios de la SEDENA, pero lo que es evidente es que la actual presencia de militares no ha resuelto los problemas de fondo ¿cómo es posible que estados como Guerrero y Sinaloa, con esa enorme presencia militar -desde los años 70 que llegaron para combatir a las guerrillas pero que además han sido teatro de operaciones de la guerra contra las drogas desde entonces- hoy sean de los lugares más violentos del país y de los principales productores de marihuana, amapola y otras sustancias prohibidas?

Desde la CMDPDH hemos denunciado que en el país existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad por instituciones del Estado como el ejército y la Marina, así como por la delincuencia organizada. Hemos presentado ante la Corte Penal Internacional documentos con información sobre la comisión de tortura, desaparición y ejecución a manos de elementos del Ejército mexicano en los contextos de los Operativos Conjuntos Tijuana y Chihuahua entre 2008 y 2012[1]. Asimismo, hemos documentado estas graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad entre 2006-2017, a partir del análisis de 204 recomendaciones de la CNDH, todas ellas aceptadas por las autoridades, de las cuales se desprende que casi el 70% de los crímenes atroces fueron cometidos por soldados y marinos[2].

Ante el contexto y la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, el Senado tendría que estar discutiendo no cómo militarizar permanentemente al país en una antidemocrática reforma constitucional, sino sobre la mejor forma de hacer rendir cuentas a quienes han cometido crímenes atroces, Tendrían que evaluar si la Fiscalía General de la República tiene la capacidad y voluntad para investigar y perseguir a los más altos responsables que han permitido, ordenado o volteado hacia otro lado cuando se cometieron estos crímenes, o si se necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad creado a través de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, o si esto no será suficiente para acabar con la impunidad y el Senado debe solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita la situación de México a la Corte Penal Internacional para que ese tribunal ejerza su jurisdicción complementaria y brinde la justicia que las autoridades mexicanas le han negado a miles y miles de víctimas. Consideramos que estas últimas acciones, dirigidas a erradicar la impunidad, son las que pueden transformar al país. Aprobar la reforma constitucional que militariza al país haría a nuestros legisladores y legisladoras cómplices de perpetuar las condiciones, que desde hace más de 50 años han permitido que militares cometan crímenes en total impunidad.

 

* José Antonio Guevara es director ejecutivo de la @CMDPDH.

 

 

 

[1] Al respecto, se puede consultar: Federación Internacional de Derechos Humanos. Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Chihuahua, México entre 2008 y 2010 (2018). Informe sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California entre 2006 y 2012 (2014).

[2] Al respecto véase Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México 2016-2017.