¿Cómo avanzar una agenda para la igualdad de género en México?

La igualdad de género es uno de los ejes de la Agenda Aúna; es de primordial importancia porque sin ella es imposible avanzar en la construcción de un Estado democrático, de bienestar y justicia para todos y todas: “La igualdad de género es un derecho. La realización de este derecho es la mejor oportunidad que existe para afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis económica y la falta de atención sanitaria hasta el cambio climático, la violencia contra las mujeres y la escalada de los conflictos” (ONU Mujeres 2021).

Para avanzar en una sociedad más justa, con plena igualdad, se debe conocer cuál es la situación de las personas en lo individual, lo familiar, en la sociedad y frente al Estado, desde una perspectiva de género. La perspectiva de género no es una cuestión “de mujeres”. Se trata de revisar cómo el acceso y goce de los derechos humanos puede verse obstaculizado con motivo del sexo o género de una persona, y los estereotipos y roles que se le atribuyen.

La desigualdad, discriminación y violencia que se dan por motivos de sexo o género impactan prácticamente todos los aspectos de la vida de los seres humanos, desde que nacen hasta que mueren. Las mujeres, niñas y adolescentes constituyen la mitad de la población, quienes diariamente enfrentan diversas desigualdades, discriminaciones y violencias con motivo de su sexo o género. Algunas de las más relevantes se tratan de la discriminación y la desigualdad en el empleo; la sobrecarga de los trabajos de cuidados; la violación de sus derechos sexuales y reproductivos; así como la violencia de género y la impunidad.

La situación de las mujeres frente al trabajo es desigual e injusta en diferentes aspectos desde hace muchos años. Las mujeres no se encuentran en igualdad de condiciones que los hombres para acceder a una profesión libremente elegida: encuentran obstáculos para acudir al mercado laboral debido a la desproporcionada carga de trabajo no remunerado del hogar (INEGI 2019); de igual forma, al acudir en la búsqueda de empleo, se enfrentan a una serie de discriminaciones con motivo de su género (GIRE 2017, p. 118), y al desempleo (ENOE 2019).

Frente a los derechos laborales las mujeres encuentran, con motivo de su sexo o género: mayor trabajo precario e informal; despidos injustificados; una brecha salarial comparada con sus pares varones; discriminación para acceder a puestos directivos y de alto rango; una doble carga de trabajo (al tener que hacerse cargo tanto del trabajo remunerado como del trabajo no remunerado del hogar). Las mujeres también son víctimas de la violencia de género en el entorno laboral. Los hombres sufren discriminación al no tener derecho a licencias de paternidad con una temporalidad suficiente para involucrarse en los cuidados de hijas e hijos recién nacidos o adoptados. También se les discrimina en muchas ocasiones al no otorgárseles permiso para los cuidados necesarios de hijas e hijos enfermos (Jiménez y Rodríguez 2020, pp. 7-13).

Todas las personas a lo largo de nuestra vida requerimos del cuidado, particularmente lo necesitamos durante la infancia, durante alguna enfermedad, si vivimos con alguna discapacidad y en varios momentos de la edad adulta mayor. Tradicionalmente, con base en estereotipos de género, se ha dejado la tarea de todos estos cuidados a las mujeres; generalmente se trata de trabajo no remunerado, y cuando es trabajo remunerado éste suele ser precario. A raíz de la pandemia de COVID 19, la sobrecarga de las mujeres en los trabajos de cuidado se ha visto triplicada. El derecho al cuidado y la obligación de establecer un sistema de cuidados ya ha sido reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, sin embargo, dicha disposición aún no se materializa. En el ámbito federal el senado tiene pendiente la discusión de una iniciativa de reforma constitucional para el reconocimiento del derecho al cuidado y la creación de un sistema nacional de cuidados. Dicha iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de diputados.

Otro ámbito en el que debe trabajar una agenda para la igualdad de género es en el del derecho de toda persona a decidir sobre su sexualidad y reproducción; lo anterior incluye derechos sexuales, tales como el acceso a salud sexual, el poder buscar y recibir información sobre sexualidad y enfermedades de transmisión sexual, recibir educación sexual, decidir ser o no una persona sexualmente activa, elegir tener una pareja sexual, entre otros (Ávalos, 2013, p. 2268). El poder decidir sobre la reproducción implica la libertad de toda persona a decidir tener o no descendencia, a decidir de forma libre, informada y responsable el espaciamiento de dicha descendencia, y para ello, de acceder a servicios de planificación familiar (CPEUM, artículo 4; Jiménez y Rodríguez, 2017, p. 21).

En México, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna y la penalización del aborto en los hechos ha significado la criminalización de muchas mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad (GIRE 2018, p. 68); únicamente la Ciudad de México y Oaxaca han despenalizado el aborto. El embarazo adolescente es también una cuestión que requiere mayor atención: en 2017, México tuvo la tasa más alta de fecundidad adolescente entre los países de la OCDE (OCDE, INMUJERES, 2017. p. 105). La violencia obstétrica es otra forma de violencia contra las mujeres que se encuentra muy extendida; la ENDIREH 2016 señaló que en su último parto el 33.4% de las mujeres sufrieron violencia obstétrica por parte del personal de salud que les atendió y un 13% sufrió anticoncepción y esterilización forzada (GIRE, 2018, p. 81 y 87). La muerte materna, de igual forma, representa un tema de atención; según datos de la ENDIREH 2016 en México se reportaron 4283 muertes maternas. Las mujeres indígenas y en situación de pobreza han sido las mayormente afectadas.

Finalmente, la violencia contra las mujeres por razón de género implica la expresión máxima de la discriminación contra mujeres y niñas. En México, según la ENDIREH, el 66.1% de las mujeres de 15 años en adelante ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, o sexual. Esta situación se ha visto agravada a raíz del confinamiento motivado por la pandemia de COVID 19, ya que muchas mujeres, niñas y niños se han visto obligados a encerrarse con su agresor.

A partir del diálogo con las nominadas, actores de la sociedad civil, la academia y las fundadoras, Aúna ha construido las siguientes propuestas con miras a promover una agenda para la igualdad de género:

1. Implementar el sistema de cuidados de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad y personas enfermas, desde lo correspondiente al ámbito nacional hasta el municipal, institucionalizando políticas y presupuestos con perspectiva sistémica.
2. Obligar a empleadores cumplir con la normatividad de trabajo digno con igualdad sustantiva, lo cual incluye oportunidades y remuneración iguales a hombres y mujeres por el mismo trabajo desempeñado.
3.  Establecer la obligatoriedad de que todos los empleadores cuenten con protocolos para la prevención del acoso y la violencia contra las mujeres por razones de género, además de mecanismos de acompañamiento, reparación y mecanismos de apelación.
4. Capacitar a ministerios públicos, centros de conciliación, y tribunales laborales en materia de denuncias por violencia por razones de género.
5. Eliminar en todo el país las sanciones a mujeres y adolescentes que interrumpan su embarazo, y al personal médico que las atiendan, reformando el Código Penal Federal y homologando la legislación nacional y estados.
6. Homologar los  protocolos, así como sensibilizar y capacitar al  personal de salud sobre eliminación de estereotipos y promoción de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, con perspectiva de género; la no criminalización del aborto; estándares sobre la objeción de conciencia (con personal de salud siempre disponible) y la no exigencia de presentación de denuncia en casos de violencia sexual, sino solo carta bajo protesta de decir verdad, entre otros.
7. Prevenir embarazos en niñas y adolescentes y hacer posible su interrupción, con suficientes, servicios médicos y educativos sensibles al contexto en cada región del país.
8. Prevenir la violencia sexual y obstétrica, con mecanismos de acceso a la justicia para las las víctimas y castigo a los culpables.
9. Legislar, capacitar, profesionalizar y promover la partería profesional (tanto tradicionales como técnicos jóvenes), complementados con buenos servicios y atención de emergencias; estándares y reconocimiento de su papel dentro del sector salud, tanto en zonas rurales como urbanas.
10. Retirar al Ejército de labores de seguridad pública, pues la militarización de la seguridad pública está teniendo un impacto creciente en la violencia letal contra las mujeres.