Comité CED: una ventana de justicia inexplicablemente cerrada aún

El 30 de agosto de 2019, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un anuncio esperanzador: instruyó a su gabinete a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) para conocer casos individuales de personas desaparecidas en México.

El Comité CED es un órgano de expertos y expertas independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Dentro de las facultades del Comité se encuentra, conferida en el artículo 31 de la Convención, la de recibir y examinar comunicaciones individuales, de manera tal que familiares de víctimas de desaparición forzada que hayan agotado los recursos nacionales podrían iniciar un proceso para que el Comité evalué el caso en particular y dicte medidas al Estado -tanto para el caso en concreto como estructurales-, que ayuden en el proceso de justicia y verdad. Para que proceda esta facultad, el Estado debe reconocer expresamente dicha competencia.

México ratificó la Convención el 18 de marzo de 2008, pero no reconoció la competencia del Comité para conocer los casos individuales. Después ha alegado que se encuentra “consultando” a las instituciones de gobierno mexicanas relacionadas con el tema. Así han pasado más de 10 años, en los cuales las familias de víctimas de desaparición no han dejado de exigir que se abra esa ventana a la justicia; incluso promovieron un amparo que podría ser admitido para su resolución en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta misma semana, dado que pese a que un Juez Federal ordenó al Gobierno federal concluir el proceso de reconocimiento de la competencia del Comité en 60 días, la SRE presentó un recurso en contra de dicha sentencia. También diversas instancias internacionales de derechos humanos, incluyendo el propio Comité CED, recomendaron en varias ocasiones que México reconociera esta competencia.

Por eso el anuncio de la nueva administración federal fue tan esperanzador y celebrado. Para víctimas que sufren día con día no sólo el dolor de la desaparición, sino a un aparato de justicia fallido o cómplice, la ventana de la justicia en el ámbito internacional representa una oportunidad decisiva en la búsqueda de la persona que les falta. Sumado al reconocimiento de la crisis ante instancias internacionales y a las medidas en torno a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, parecían abrirse los caminos que habían sido cerrados por administraciones anteriores empeñadas en ocultar la emergencia.

Sin embargo, a seis meses la instrucción presidencial inexplicablemente no se ha hecho realidad y la expectativa entre las víctimas comienza a dar paso a la frustración.

Las familias en búsqueda han luchado por más de una década para abrir todos los caminos que les puedan proporcionar verdad y justicia; es su derecho y llevan razón en su exigencia. Se han lanzado a las calles y a los campos para realizar la búsqueda, han hecho incidencia legislativa, han dado testimonio ante órganos de derechos humanos, han ido ante los ministerios públicos, han mostrado cómo realizar el trabajo. Esa misma experiencia les dicta que, ante instituciones que no pueden o no quieren investigar, es necesario ejercer su derecho a recurrir a instancias internacionales especializadas.

La aceptación de la competencia del Comité no solamente beneficiaría a los casos individuales que llegaran a ese nivel; con las recomendaciones estructurales que puede hacer este organismo especializado en las desapariciones, la propia institucionalidad del Estado se vería fortalecida para afrontar, de manera realmente efectiva, la crisis de desapariciones que sigue presente.

@CentroProdh