“Combates” en México. 16 años sin una política racional sobre drogas
blogeditor · 14 de marzo de 2022
In Memoriam Pedro Carrizales, El Mijis
La política pública –si es que podemos llamarle así– en materia de drogas en México ha consistido en el uso masivo de las fuerzas públicas para intentar obstaculizar el narcotráfico. El abrumador peso del punitivismo implica que los gobiernos –a partir de 2006– decidieron negarse a entender el fenómeno en toda su complejidad –usos, suministro, regulación, salud, medicina, comunidades–. Peor aún, la evidencia del fracaso de la estrategia adoptada es abrumadora: la violencia no ha dejado de aumentar en el país: en 2007, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 8.1; en 2011, de 23.7, y para 2020 se encontraba en 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta “estrategia” –la llamada “guerra contra las drogas” inaugurada desde Calderón, seguida por Peña y reforzada por López Obrador– ha sido particularmente opaca: es poca la información que la ciudadanía y los Poderes de la Unión tienen a su disposición. Esto se debe, en parte, a que en realidad se trata de un conjunto de actuaciones improvisadas y escasamente juridificadas, donde no existe una estrategia articulada ni debidamente ejecutada, sino sólo la inercia de viejas prácticas institucionales mínimamente –o nada– controladas desde el poder. La información oficial hasta hoy publicada no registra lo que debería de ser uno de los puntos clave para estar en condiciones de evaluar la política desplegada a lo largo de más de tres lustros, porque nos permitiría conocer cómo y por qué ha fracasado y por qué ha generado tanta externalidad negativa. Hablamos de las actuaciones específicas de las fuerzas armadas. Falta información para poder analizar, planear y ejecutar en adelante las intervenciones estatales y, aún más, para enfrentar y comprender el fenómeno del tráfico de drogas en su conjunto como una realidad que forma parte de la vida humana y social.
Gráfica 1. Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes México
Fuente: INEGI (2022). Datos preliminares revelan que en 2020 se registraron 36,579 homicidios, consultado el 3 de marzo 2022 aquí.
A finales de 2012, recibimos anónimamente en el Programa de Política de Drogas del CIDE lo que denominamos “Base Madre”: una base de datos donde el gobierno federal registraba 36,066 eventos violentos relacionados con el narcotráfico y su “combate” en México entre 2006 y 2011. Esta base se componía, a su vez, de tres sub-bases de datos que registraban agresiones, enfrentamientos y ejecuciones. Al conocer esta cantidad ingente de información, surgió la iniciativa de sistematizar los eventos allí registrados específicamente para mejor entender la actuación de las fuerzas públicas en contra del narcotráfico en México. El trabajo buscó generar información útil para conocer cómo es que actúan las fuerzas públicas en el marco de la “guerra contra las drogas”. ¿Con base en qué información deciden actuar las autoridades? ¿Fincan su proceder en un marco normativo preexistente? ¿Cómo deciden usar la fuerza? ¿Es el uso de ésta proporcional, racional, legal y oportuna? ¿Bajo qué parámetros se utiliza? ¿Qué tan juridificadas están las acciones de las fuerzas públicas cuando se ven involucradas en intercambios de fuego (“combates”)? ¿Obedecen a una orden judicial o ministerial? ¿Son el resultado de pesquisas llevadas a cabo en el marco de una averiguación previa? ¿Se dan en respuesta a la flagrancia?
Así surgió una sub-base llamada “Combates”. Quienes en ella trabajaron la construyeron a partir del análisis y sistematización de la “Base Madre”, de la que se seleccionaron, analizaron y codificaron los eventos registrados como “enfrentamientos” y “agresiones” en que participaron las fuerzas públicas (y se excluyeron las “ejecuciones”). Es decir, “Combates” son todos aquellos intercambios de fuego donde participaron fuerzas públicas y no sólo privadas. Así, del total de “enfrentamientos” y “ejecuciones” se obtuvo un total de 3,337 registros a estudiar, los cuales forman la sub-base. Con los hallazgos de esta primera parte de la investigación se observó lo siguiente:
Gráfica 2. Combates según detonante por “Actividad”
El 84% de los 3,337 eventos se detonó a partir de alguna actividad de las fuerzas públicas, es decir, las autoridades se encontraban realizando alguna actividad al momento en que se detonó el evento (por ejemplo: “retén”). O bien, determinada actividad detonó el evento (por ejemplo, “llamada anónima”). En contraste, sólo el 9% de los combates tuvieron lugar como resultado de actividades de los privados. (En el 7% restante no pudo determinarse si fueron fuerzas públicas o privadas quienes detonaron el evento).
De ese 84%, si los desagregamos por tipos de “Actividad” de las fuerzas públicas, se tiene que 63% corresponde a “Presencia física”, es decir, cuando las autoridades se encontraban realizando actividades consistentes en estar presentes en el espacio público: “en instalaciones”, “patrullaje”, “persecución”, “erradicación”, “flagrancia”, “retén”, etc. El 12% corresponde a “Actividad previa” de la autoridad que engloba: “investigación”, “orden de presentación”, “cateo”, “aprehensión”, “reaprehensión”, “operativos”, etc. El 9% restante comprende actividades como: “denuncia”, “reporte”, “llamada anónima”, “llamada identificable”, etc.
Gráfica 3. Detonante por “Orden judicial-ministerial”
Gráfica 4. Detonante por “Ambulatorio”
¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que las autoridades son el origen de la mayor parte de los eventos violentos en los que participan y que esa violencia se detona simplemente porque están presentes en el espacio público, no por que hayan realizado una investigación, labores de inteligencia u ordenes judiciales. La regla es la presencia física sin ton ni son. La excepción es la investigación y los trámites juridiciales. Mucho músculo, poca cabeza. Así hemos llevado a cabo nuestra guerra.
Los altísimos costos –materiales y humanos– derivados de la estrategia estatal para enfrentar el tráfico de drogas en México han sido absorbidos por los habitantes del país por más de 16 años con resultados catastróficos. A pesar de ello, no existe actualmente ningún intento oficial por evaluar con seriedad su impacto y resultados, mucho menos se ha realizado una evaluación de la eficiencia y racionalidad de la misma para poder repensar e implementar nuevos enfoques que puedan lidiar pertinentemente con este fenómeno multifactorial.
La sub-base “Combates” es un insumo relevante para subsanar la actual deficiencia de información, pues ofrece evidencia concreta sobre la estrategia implementada. Por supuesto, está desactualizada. Pero no hay razón alguna para pensar que las cosas han cambiado desde que dejamos de conocer la información.
Como cualquier política pública, la evidencia es uno de los recursos indispensables para la toma de decisiones, pues ésta es la que da sustento a las acciones y decisiones en un marco racional. Es necesario y urgente conocer y entender la actuación de las fuerzas públicas para la evaluación y mejora de las intervenciones y políticas públicas, porque las fuerzas públicas son la variable sobre la cual el gobierno tiene mayor control y a través de la cual puede incidir en forma más directa en el complejo fenómeno de la sostenida y creciente violencia que aqueja al país y lo mantiene en una crisis histórica con escasos paralelos. Es momento de terminar con la secrecía –o monopolio de la información– oficial para profundizar en el análisis de los datos existentes y replantear en consenso ciudadano mejores formas de enfrentar la grave violencia que nos aqueja. La compilación de los registros que conforman la Base Madre la llevó a cabo el gobierno. Todo indica que la sigue llevando a cabo. Si quiere convencernos de que, en efecto, este gobierno está haciendo algo diferente, el primer paso es hacer esa información pública. De no hacerlo, estará confirmando que su estrategia es lo mismo y que, en este ámbito al menos, son iguales.