Colombia con p de protesta

Iván Duque Marquez, presidente de Colombia, en un lapsus comentó en enero que necesitábamos una Colombia con P mayúscula. Ante su equivocación, usuarios de redes sociales hicieron comentarios y memes acerca de qué significaba la P en el contexto nacional, haciendo énfasis en el Paramilitarismo existente, en el pésimo manejo de la Pandemia, en lo Peligroso de la Policía, o en la creciente Pobreza del país (Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, la pobreza se disparó del 35,2% en 2017 al 42,5% en 2020, 6,8 puntos porcentuales).  Memes, debates y canciones llovieron  sobre esa Polombia paralela en la que parece vivir el presidente y las cúpulas del poder.

Ha pasado más de un mes desde el inicio de las manifestaciones en Colombia y la P que sobresale es la de la Protesta. Las manifestaciones, ocurridas en por lo menos 768 municipios, casi el 70% del territorio colombiano, han estado marcadas por la indignación y la fuerza social, y por la brutalidad represiva de las fuerzas públicas, encabezadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), creado en 1999 de manera “transitoria”. El movimiento social es visto por el gobierno colombiano como un “enemigo interno”, y en particular las y los jóvenes, las personas de zonas pobres, afrodescendientes, pueblos originarios y disidentes, esto ha traído como consecuencia que un mes las cifras de personas asesinadas o víctimas sea macabra.

Algunas características que marcan el contexto actual en Colombia son:

a) Lo que empezó como un #ParoNacional contra la propuesta gubernamental de aumentar impuestos mediante una Reforma Tributaria ha germinado es un estallido social y popular de alcances nunca antes vistos, que desbordó las coyunturas políticas en disputa e integró indignaciones diversas. La propuesta de Reforma tributaria y la propuesta de reforma al sistema de la Salud tuvieron que ser retiradas por parte de los partidos afines al gobierno.

b) El gabinete de Iván Duque Marquez (el candidato del uribismo, impuesto con un estilo parecido al de Enrique Peña Nieto en México) ha recibido golpes fuertes en el contexto del Paro Nacional: el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Alberto Carrasquilla, tuvo que renunciar al cargo un día después de que el presidente anunciara el retiro del proyecto de reforma fiscal; la canciller, Claudia Blum, renunció (se rumora que por disputas internas) y fue reemplazada por la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez;  el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, renunció en medio de las fallidas negociaciones con el Comité Nacional del Paro. El gobierno colombiano ha sido renuente a las visitas de organismos internacionales de Derechos Humanos, en principio negó la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— y obstaculizó la llegada de funcionarios de la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de DD.HH. Y aunque el Senado, en su mayoría uribista o aliado del Centro Democrático negó la moción de censura contra el Ministro de Defensa, Diego Molano —quien respondió por “el tratamiento de guerra” a la movilización social y la situación de orden público” en el paro nacional— fue increíble que la población colombiana siguió este evento con más atención que el primer partido de la frustrada Copa América (que pretendía realizarse en Colombia en medio de la grave situación del país). En este debate, senadoras/es de la oposición y organizaciones (encabezados por el senador Iván Cepeda Castro) han calificado las consecuencias de la fuerza pública como crímenes de lesa humanidad  y han denunciado al gobierno colombiano ante la Corte Penal Internacional.

c) Frente a las manifestaciones que empezaron el 28 de abril, el gobierno de Iván Duque ha reiterado su respaldo al actuar de la fuerza pública, vanagloriando su función y desconociendo los miles de abusos y violencias contra las y los manifestantes. El presidente niega la sistematicidad en los casos de abuso policial y no se pronuncia sobre las víctimas o los casos en que civiles con armas han sido localizados junto a policías (atacando a manifestantes o transeúntes), también ha expedido un Decreto —575— en el que permite la asistencia militar indefinida, que apoyará a una policía cuyo ejercicio ya resulta peligroso para la población civil (la abogada constitucionalista Bernardita Pérez aclara la peligrosidad e inconstitucionalidad de este decreto). Hay que recordar que la policía colombiana está entrenada para la guerra y depende de mandos militares y, directamente, del Ministerio de Defensa. Cauca y el Valle del Cauca han sido focalizados por el gobierno como regiones con enemigos y/o objetivos militares, ordenando a los alcaldes de estas regiones levantar los bloqueos a toda costa, un estado de excepción de facto. La necesidad de una reforma policial y militar que permita que los delitos cometidos desde estas instituciones salgan del fuero militar, que se respete la objeción de conciencia y que no se sigan sacrificando jóvenes para la guerra en Colombia, es imperante.

d) Dentro del ejercicio de la fuerza pública se han desarrollado múltiples operativos donde han golpeado, torturado, detenido y asesinado a personas. Han disparado a fuego abierto contra manifestaciones pacíficas, utilizado gases lacrimógenos (algunas organizaciones han denunciado que utilizaron gases vencidos, lo que los hace más peligrosos para la salud), granadas aturdidoras, tanques de guerra, presión de agua, balas de caucho, escopetas calibre 12, vehículos blindados y el lanzacohetes — Venom — , arma letal que se ha documentado en varias ocasiones. Más grave aún es ver que en los operativos de la fuerza pública aparecen hombres armados civiles, que, junto a elementos de la policía, disparan contra la población, así como el despliegue de grupos paramilitares que en camionetas (algunas sin placa) salen a intimidar y violentar a las personas. Usar el colegio Claretiano de Bosa (Bogotá) como centro de aterrizaje de un helicóptero militar, cerrar el aeropuerto de Cali para fines militares e instalar “centros de traslado por protección” (espacios de detención clandestinos), utilizar estaciones de buses en Bogotá como centros de tortura (Portal de las Américas) se suman a las graves arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de la policía.

Víctimas de la fuerza pública

Organizaciones colombianas como Temblores han dado cifras escandalosas de las víctimas (aunque por la diversidad y cantidad de eventos pueden darse subregistros): 74 personas asesinadas por la fuerza pública o en contextos de su intervención (29 en verificación); 1,248 personas  heridas por policías; 3,155 denuncias de Violencia policial; 65 lesiones oculares; 25 denuncias por violencia sexual; 524 denuncias por desaparición (sin actualizar) y 6 denuncias por violencia de género. Los operativos policiacos y militares se incrementan y aumentan su violencia en las noches, atacando todo a su paso y violentando de forma puntual, a los bloqueos o puntos de resistencia ciudadanos. También se ataca a la prensa y a los defensores de derechos humanos, utilizando allanamientos, amenazas, intimidaciones y operativos, en los que pocas veces se identifican o se dan explicaciones sobre los mismos.

Jennifer Renfigo, hermana de Dario, joven atacado por la fuerza pública, nos cuenta que su hermano, al salir de trabajar, decidió atender la convocatoria a una jornada cultural en el Puente de la Luna (Cali). Ella también asistió. Comenta que hubo “sabotaje”, se atacó una bomba de gas natural lo que produjo una explosión, el gas escapó y la gente corría asustada dispersándose la concentración. En el lugar se presentan disparos,  Jennifer se entera que su hermano fue herido por una bala de la policía junto a otras tres personas; una persona fue herida en el tórax, otra chica en un brazo y su hermano en la cabeza. A pesar del miedo y la falta de transporte Jennifer corre a la clínica para que puedan atender a su hermano, Dario tiene un proyectil alojado en el cerebro, él está en shock y sigue gritando “auxilio, muchachos, no me dejen aquí”. Jennifer señala con dolor una idea clara: “este gobierno no merece una ofrenda tan sagrada como la sangre de nuestros jóvenes”.

Mientras suenan los aviones sobre Cali ella nos cuenta cómo atacaron a su hermano, dice que el ruido de la guerra es una tortura psicológica que viene día tras día. Con mucha claridad señala que el gobierno trata la protesta social de forma terrorífica, “los aviones no dejan de pasar, se escucha ruido de balas en las calles, en Solié y otras zonas, aporofobia y discriminación hacia la población juvenil, los chicos se les señala de vándalos (…). Esto es despiadado y sin control, sin explicaciones éticas o democráticas, un gobierno que no respeta los derechos de los ciudadanos”, menciona Jennifer. Gareth Sella, cineasta y defensor de derechos humanos, víctima del ESMAD por una bala que afectó su visión, señala que no hay un conteo adecuado de las víctimas (de pérdidas o traumas oculares) y que desde los inicios el ESMAD ha tenido un gran grado de represión, creado con la doctrina del “enemigo interno”. Gareth señala también que el acceso a la justicia para las víctimas de daños oculares es muy tardado y no avanza, además de mencionar que cuando una persona es atacada por un disparo lo hacen miembros de una policía que está entrenada y que saben lo que están haciendo.

Carolina Bautista, académica, quien también recibió un impacto de bala en una manifestación en Bogotá en el 2003, señala que el problema radica en que “la policía le rinde cuentas a los militares, es una policía militar”, dedicados a las dinámicas de la guerra desde 1953. La «seguridad» entendida como «lo armado» ha venido creciendo, así como la militarización. La policía no está actuando en zonas de buenos ingresos, sino en lugares empobrecidos, se vincula la tradición de la guerra con la realidad del neoliberalismo que hace de lo policial (con una doctrina de seguridad nacional) una función para mantener las lógicas del mercado y viabilizarlas”. Carolina tiene conciencia del entrenamiento militar que reciben los miembros de la fuerza pública destinado a lastimar, “era el segundo año del gobierno de Uribe, apenas creado el ESMAD (…). El policía que me disparó hizo blanco en mí, me dispararon 3 balas de goma, una impactó en mi ojo derecho, yo no tengo duda al respecto”.

Ahora bien, la violencia es una herramienta de poder, de castigo, de disciplina, de adoctrinamiento y de refuerzo del miedo, Carolina Bautista señaló en un conservatorio de Me Muevo por Colombia que “la violencia ocular y los golpes en la cara tienen que ver con el objetivo de hacer el mayor daño posible con armas no letales o de baja letalidad, ese armamento lo utilizan para hacer el máximo daño posible, no para disuadir, disparan directamente, la cara es la zona más vulnerable, es una violencia que se lleva de por vida, todo el tiempo”. Las víctimas de lesiones oculares reclaman que estos casos sean llevados a la justicia ordinaria, no al fuero militar que cobija la impunidad. Piden que se reconozca la verdad sobre los crímenes cometidos y que se dejen de utilizar armas letales en contextos de manifestaciones. En este contexto, la violencia gubernamental es un castigo para disciplinar a todo aquello que se salga de control o difiera. En el caso de la violencia de género, suma el agravante de la pretensión del dominio patriarcal sobre los cuerpos femeninos o feminizados (que siguen viéndose como botín de guerra). El monopolio de la violencia por parte del gobierno resulta desproporcionado, ilegítimo y divergente a cualquier contexto ético de justicia dentro de un estado de derecho.

El movimiento social es tratado por el gobierno como un objetivo militar. Pero esto no es nuevo, es una tradición guerrerista que padecemos hace más de 60 años. Sin embargo, esta violencia policial y militar tiene matices: el primero es la composición y la agresión que se ejerce contra los soldados rasos (provenientes de los estratos sociales pobres y con escasas posibilidades), y el adoctrinamiento y la brutalidad con que los “preparan”, carente de educación en derechos humanos, de la protección a la vida o de una responsabilidad del uso de armas (que también hay que cuestionar pertinencia en este siglo). Así, la fuerza pública sigue violentando y reprimiendo a pesar de las evidencias, videos y quejas, cobijados bajo la bandera de la “justicia” militar que por años dilata los procesos o los exime, con el entendido también de que los integrantes de esta institución reconocen que las órdenes de atacar a la población manifestante provienen de altos mandos de poder; sólo con esta garantía es posible tanta violencia militar y paramilitar. Por otro lado, la tendencia social en Colombia siempre ha sido justificar la violencia y criminalizar la pobreza y la diferencia.

La esperanza

No todo está perdido. La población —particularmente las y los jóvenes— de zonas periféricas, pobres, campesinas, negras, indígenas han dado un gran ejemplo de fuerza y dignidad. Resisten con sus cuerpas y cuerpos con la certeza de que lo que está en juego es la vida, su futuro y la posibilidad de vivir en un país más justo. No están dispuestos a callar, no todas/as se sienten representados en el Comité Nacional de Paro, ellas y ellos dicen que no necesitan representantes, se organizan de forma autónoma en puntos de resistencia, asambleas populares, barricadas y corredores humanitarios (de paz) en diversos puntos del país.

Hemos visto un nivel de creatividad, espontaneidad y multiorganización nuevos, certeros, pacíficos, y de una conciencia crítica que desnuda la corrupción y la violencia gubernamental. Reconocen con claridad a los causantes de la pobreza y falta de oportunidades, a las élites que saquean al país y lo tienen sumido en una desigualdad económica con niveles dramáticos. Nos representan a todas y a todos, pero sobre todo nos inspiran. Forman asambleas, son conscientes de su realidad y de su poder de cambio, se organizan en primeras líneas (quienes resisten de forma directa los ataques del ESMAD), segundas, terceras y cuartas (cocinas y ollas comunitarias, derechos humanos, arte y cultura, primeros auxilios y otras tareas logísticas). Somos testigos de madres, sacerdotes, abogadas/os, defensores/as, profesoras/es anunciar que se conforman en primeras líneas, con el objetivo de defender la vida de sus hijas, hijos, familiares y alumnos/as, y de las personas que están saliendo a las calles. Hemos visto el acompañamiento solidario de La Minga, del pueblo originario MISAK y del CRIC, que en muchas ocasiones han acompañado a las/los manifestantes y han sido atacados por autoridades y grupos paramilitares. Ellos han resistido desde la colonia frente a saqueadores diversos. Vimos que las calles hablan, que las personas reiteran que pintarán y se manifestarán “hasta que las escuchen”.

Somos testigos de una Colombia que resiste incluso en contexto de pandemia, con la premisa de que “si un pueblo sale a marchar aún con pandemia es porque su gobierno los mata más que el COVID. Esta esperanzadora Colombia, joven, negra, indígena, trans, gay, lesbiana, pobre, excluida, fuerte y mujer… está increpando y negociando la pertinencia de los símbolos de la impunidad policiaca, militar y gubernamental. Símbolos del patriarcado, monumentos de colonizadores, símbolos de la concentración de las riquezas (bancos, tiendas de cadena), símbolos del racismo, del machismo o la violencia de Estado, símbolos de instituciones fallidas o corruptas, cuestiona espacios asociados a procesos de corrupción gubernamental. Esta Colombia nombra nuevos lugares de dignidad, como el Portal de la Resistencia, en Bogotá; la Loma de la Dignidad, en Cali; el reemplazo de Gonzalo Jiménez de Quesada por una estatua de Dilan Cruz (el joven baleado por la policía) en la Plazoleta del Rosario (que posteriormente fue removida, como en muchos intentos fallidos de borrar la memoria de las víctimas y las atrocidades cometidas); la nueva avenida Misak en Bogotá, y el Monumento a los Héroes, también en esta ciudad. La comunidad Misak nos regaló una imagen conmovedora de su resistencia ancestral, derribaron una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar: ¡tantas representaciones de la esperanza!

El etnólogo mexicano Serio Raúl Arroyo menciona que “la cultura es un acto de reflexión, recreación o reconformación de la realidad, y el nivel más alto que puede alcanzar la dimensión cultural es la dimensión crítica, la de convertir los sujetos en personas que discuten asuntos inherentes a su vida, tanto aspectos históricos (con el reconocimiento y autoreconocimiento) como la visión de qué es el mundo que les rodea y su dimensión crítica”. En este sentido y asumiendo que el patrimonio cultural de un pueblo se conforma de todos aquellos bienes, legados y prácticas valiosas que permiten la reproducción y el mantenimiento de la especie en todos sus ámbitos, la protesta es el gran Patrimonio cultural de las colombianas y los colombianos.

Agradezco a quienes siguen luchando, agradezco también los conservatorios de Me Muevo por Colombia  que me han permitido tejer lazos de solidaridad y rescatar las ideas que aquí plasmo. 

* Yarima Merchan Rojas (@Yarigui) es editora, investigadora y activista.  Estudió Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.