Colima abrió la puerta a una nueva política alimentaria

Colima acaba de dar un paso que ningún otro estado del país había logrado: convertir la alimentación sostenible en ley.

La aprobación por unanimidad de la primera Ley Estatal de Alimentación Adecuada y Sostenible de México representa un avance legislativo para la entidad y un precedente nacional sobre cómo abordar de manera integral la salud pública, la seguridad alimentaria y la crisis climática, tres de los grandes desafíos relacionados con la forma en que producimos y consumimos nuestros alimentos.

La ley es resultado de un proceso de trabajo legislativo acompañado técnicamente por Alianza Alimentaria y Acción Climática, así como por organizaciones, instituciones académicas y especialistas del sector salud que contribuyeron a construir una propuesta basada en evidencia científica y en las necesidades alimentarias del estado, la cual fue presentada por el diputado local Alfredo Álvarez Ramírez en el Congreso en febrero de este año.

Cuatro meses después, el Congreso local aprobó una norma que trasciende los enfoques tradicionales y coloca la sostenibilidad en el centro de la política alimentaria.

Entre sus principales avances destacan la promoción de alimentos de menor impacto ambiental, la priorización de las legumbres como fuente principal de proteína en programas alimentarios asistenciales y la incorporación de opciones de origen vegetal en espacios públicos, educativos y laborales. Estas medidas se sustentan en el principio de inclusión dietaria, que reconoce la obligación del Estado de garantizar alternativas alimentarias acordes con las distintas necesidades, preferencias y prácticas de la población, ya sea por motivos médicos, culturales o éticos.

Es posible construir políticas públicas que entiendan la alimentación

La ley también incorpora herramientas para transformar los entornos alimentarios del estado, entendiendo que las decisiones alimentarias no dependen únicamente de la voluntad individual, sino también de las opciones que escuelas, hospitales, oficinas públicas y programas sociales ponen al alcance de la población. Mejorar esos entornos es una de las estrategias más efectivas para prevenir enfermedades crónicas y ampliar el acceso a opciones saludables y sostenibles.

Este cambio de paradigma es particularmente relevante en un país donde las enfermedades asociadas con la alimentación representan una de las principales causas de muerte y donde los sistemas alimentarios ejercen una presión creciente sobre recursos como el agua, el suelo y la biodiversidad, además de contribuir significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.

La aprobación de esta ley demuestra que es posible construir políticas públicas que entiendan la alimentación desde una mirada integral y que reconozcan la profunda relación entre salud humana, sostenibilidad, bienestar y justicia social.

También demuestra que la incidencia basada en evidencia, el trabajo legislativo y la colaboración entre sociedad civil, academia y gobiernos pueden traducirse en transformaciones concretas. Colima no solo aprobó una ley estatal, abrió una ruta para el resto del país.

El inicio de una nueva generación de políticas alimentarias 

La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, aprobada por el Congreso de la Unión en 2024, exhorta a las entidades federativas a desarrollar marcos normativos que garanticen este derecho en todas sus dimensiones. Colima ya hizo su parte, pero quedan 31 entidades por legislar.

La urgencia es evidente. México enfrenta simultáneamente una epidemia de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, una crisis climática que amenaza la producción de alimentos y una creciente presión sobre recursos estratégicos como el agua. Ninguno de estos desafíos puede resolverse desde un solo sector ni desde un solo nivel de gobierno.

La experiencia de Colima no debe entenderse como una excepción, sino como el inicio de una nueva generación de políticas alimentarias capaces de responder de manera conjunta a los desafíos sanitarios, sociales y ambientales del país.

Alianza Alimentaria y Acción Climática ha demostrado que la sociedad civil puede ser una aliada técnica para acompañar estos procesos y acelerar la transición hacia sistemas alimentarios más saludables, resilientes y sostenibles.

Colima abrió el camino. Ahora la tarea es que el resto del país empiece a recorrerlo.♦