La justicia que queremos en los estados

El martes 17 de octubre pasado se presentó públicamente el Colectivo “La Justicia que Queremos”, que agrupa a una treintena de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como colectivos de víctimas de la violencia. En el caso de las organizaciones locales se enfatizaron los casos de Nuevo León y de Guanajuato: la primera entidad sumó un año sin titular por una pugna entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que ha llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que el gobernador interpuso una controversia constitucional cuestionando el proceso de designación que ya había iniciado.

El caso de Guanajuato, según lo documentado por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato es grave, además de la impunidad, hay casos fabricados por la Fiscalía del Estado (FGE), ya que según lo que muestran casos como el de Jorge González Topete, que se ha discutido en este espacio, no hay debida diligencia por parte de la FGE e incluso se presume que ha inventado pruebas en el caso y que se ha negado a cumplir la instrucción de la justicia federal de reabrir el caso y de realizar nuevas diligencias de investigación. Además, se afirmó que habría casos en los que las Fiscalías regionales han participado en delitos de alto impacto.

La Justicia que Queremos (LJQQ) en las entidades federativas no es distinta de la que se busca a nivel federal, pero sí muestra algunos retos importantes. En un ejercicio de participación con colectivos que forman parte de la Unión Regional de Búsqueda del Bajío se identificó que a las víctimas les preocupan tres aspectos esenciales: la falta de independencia de las Fiscalías locales del Ejecutivo y eventualmente de poderes fácticos, la revictimización con la que actúan estas instituciones y finalmente, la impunidad en los casos de desaparición, que como ha dicho el Comité contra las Desapariciones Forzadas se considera es prácticamente absoluta. Por ello, celebramos el surgimiento del Colectivo LJQQ ya que esperamos ofrezca espacios para la denuncia de estas dimensiones en las entidades federativas.

En esa consulta, las víctimas señalan que “No hay una garantía de acceso a la justicia para las víctimas ni sus familias, lo que obstaculiza los procesos de acceso a la verdad, reparación del daño y garantía de no repetición”. Esto incluye, omisiones en la búsqueda y la investigación, falta de coordinación con autoridades, pérdida de información, búsqueda de casos recientes y no de casos de larga data, falta de capacidad técnica y recursos para la identificación forense. Una gran preocupación de las familias es que, a través de las Fiscalías, los grupos de la delincuencia organizada se enteren de los detalles de la búsqueda y la investigación, lo que daría cuenta de una red de macrocriminalidad que involucraría a la delincuencia organizada y a agentes de la Fiscalía. No debe olvidarse que la FGR detuvo hace un mes a 4 funcionarios de la Fiscalía de Nayarit presuntamente ligados a desapariciones.

En el listado de casos de negligencia, falta de debida diligencia y de falta de independencia de la FGE se encuentran algunos de los que son acompañados por la Plataforma:

• El cierre de la carpeta del caso de violencia sexual de la que fue víctima María José Velázquez por parte de un político panista.
• La negativa a investigar la ejecución extrajudicial contra Leonardo Reyes Cayente en San Miguel de Allende, cometida por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en 2018.
• La ausencia de investigación de las redes de extorsión en los Pueblos del Rincón, en la frontera con Jalisco.
• La detención arbitraria de las FSPE (patrulla GT618A5) del señor “HF” y posterior intento de FGE de judicializar el caso, que fue detenida por un Juzgado que ordenó investigar al Ministerio Público (abril de 2023).
• La fabricación de pruebas y el desacato judicial en el caso de Jorge González Topete que la FGE se ha empeñado en cerrar con la hipótesis de suicidio.
• La tortura cometida en enero de 2022 contra Jonathan Sandoval, integrante del Colectivo “Una promesa por cumplir”, presuntamente cometida por Agentes de Investigación Criminal (AIC).
• La participación de agentes de la FGE en la desaparición de Patricia Quijada en Acámbaro.

Por esto es necesario monitorear la independencia de las Fiscalías al mismo tiempo que se analizan los ataques al Poder Judicial. Bienvenido el Colectivo LJQQ. Sigan al Colectivo aquí.