Colchones usados y emergencias

Llovió sin parar y provocó la emergencia. Era septiembre del 2018 en Sinaloa. Años después, se detectó que un exfuncionario había comprado 4 millones de pesos en colchones a una empresa fantasma, para ayudar a las personas damnificadas por aquella tormenta que afectó a 11 municipios del estado. Los colchones eran usados, fueron recogidos de la basura y forrados por una empresa que nunca fue identificada. Este es uno de esos casos resultado de la falta de mecanismos de control para evitar actos de corrupción durante una emergencia.

Esto me lo refirió una querida colega y tenaz activista de derechos humanos que ha buscado combatir la corrupción en distintos frentes. Llámese inundación, derrumbes, sismos, accidentes o pandemia, todas son situaciones de riesgos que enfrentamos con -o sin- información. Las consecuencias en cada caso pueden permitir salvar la vida, contar con más elementos de recuperación. Con la finalidad de tener información oportuna es que ya contamos con un Protocolo de Apertura y Transparencia Ante Riesgos, listo para activarse. En seguida les cuento.

Emergencias y hermandad

Las situaciones de riesgos nos han mostrado escenarios de limitaciones en el ejercicio de los derechos humanos, de revictimización a la población afectada, de multiplicación de prácticas de corrupción. Es por ello que la apertura institucional y garantizar el derecho a saber son claves para que las personas cubran sus necesidades de información. Contar con fuentes confiables, de manera oportuna y de calidad, evita la circulación masiva de noticias falsas que agudiza la vulnerabilidad.

Ante un contexto de pandemia por COVID19 y de recuperación social posterior, las circunstancias económicas han puesto en riesgo los avances en desarrollo y han afectado a personas en vulnerabilidad. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que el incremento de pobreza extrema por ingresos será de 6.1 a 10.7 millones de personas en 2020.

Incluso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha referido que derivado de las consecuencias económicas de la pandemia, “se requiere de un nuevo pacto social que incluya la universalización del acceso a los derechos, ingreso universal y un sistema de cuidados”. De ahí el apremio por aplicar acciones de apertura institucional que permitan contrarrestar estas realidades y empoderar a personas en situación de vulnerabilidad, para entonces estar en posibilidad de cocrear soluciones a sus necesidades.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) refirió que la pandemia significará décadas de retraso en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (entre los que se encuentra la eliminación de la pobreza). De tal forma que tomar estas múltiples crisis representa una oportunidad para contribuir con la generación de paz positiva a través de la cocreación de soluciones a necesidades en grupos en situación de vulnerabilidad, de acciones de un Estado Abierto reflejados en un Protocolo de Apertura y Transparencia Ante el Riesgo que permita a las personas contar con información para satisfacer sus requerimientos.

La ONU advierte que la complicación económica y social arriesga en mayor medida a los grupos en mayor vulnerabilidad, que se ven en situaciones de incremento de violencia a causa de las carencias. El valor social de la cocreación, que es una herramienta pública en un Estado democrático de derecho, tiene características muy similares a la mediación, es un mecanismo para resolver conflictos.

Prevenir con apertura

Hermanados por la pandemia es que nos apremió trabajar para contar con un Protocolo de Apertura y Transparencia ante Riesgos, que concentrara la información, acciones y sinergias que requerimos para que la luz de la información se mantenga encendida ante las emergencias para que tengamos #PrevenciónConApertura.

La cuarentena por COVID-19 alcanzó también a la transparencia y a las acciones de apertura. Los plazos del derecho de acceso a la información se suspendieron de manera inicial en todo el país y en algunos casos se restablecieron para el caso de actividades esenciales; sin embargo, la falta de una política y de instrumentos normativos de apertura en situaciones de emergencia ha conducido a vulneraciones no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en muchos otros derechos.

Así, la situación de emergencia por COVID-19 reiteró la importancia de la apertura para la prevención, reacción y recuperación en situaciones de riesgo para contar con información veraz y oportuna que permita conocer y evaluar las acciones que se desarrollan en situaciones de emergencia.

Desde el equipo de Estado Abierto del Info CDMX mediante un ejercicio de cocreación multiactor, multinivel e interdisciplinario, con 61 personas pertenecientes entes públicos locales y nacionales, órganos garantes, organizaciones de la sociedad civil, academia, sistemas locales anticorrupción, iniciativa privada, expertas internacionales, se co-creó el Protocolo. Es un instrumento colaborativo de un modelo de gobernanza centrado en los principios de innovación abierta, en el que participó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y GIZ México.

 

Contribuye a que las instituciones públicas, órganos garantes de acceso a la información, iniciativa privada, personas y comunidades cuenten con los elementos de apertura y de transparencia para realizar y monitorear la planeación y organización que permita hacer frente a cualquier situación de riesgo. El Protocolo busca contribuir a la #PrevenciónConApertura, mitigar los impactos negativos que una emergencia pueda ocasionar, en detrimento de las personas y sus derechos.

Su utilidad radica en que incentiva el desarrollo de acciones para que, desde los distintos sectores de la sociedad, las comunidades y ciudades se encuentren mejor preparadas para enfrentar situaciones de riesgos y fomentar la resiliencia.

El Protocolo es replicable y adaptable a diferentes contextos y situaciones; ninguna comunidad, ciudad o país está exento a las situaciones de riesgo. Al adoptar el Protocolo, los actores de la sociedad tendrán al alcance las recomendaciones para que, a través de la apertura y la transparencia, se propicie certeza y confianza sobre las decisiones, reacciones y recuperación ante situaciones de emergencia.

En la construcción del Protocolo se consideraron los cinco elementos de la apertura: 1) transparencia y rendición de cuentas; 2) participación y co-creación; 3) integridad y prevención de conflicto de intereses; 4) lenguaje sencillo y formatos abiertos y accesibles; 5) memoria y archivo, y las previsiones básicas para atender los diferentes momentos de una situación de emergencia (la preparación, el momento de la emergencia y la situación posterior).

Los diferentes actores pueden conocer qué medidas tomar antes de una emergencia como la digitalización de documentos, identificar qué información deben publicar y difundir durante la situación de emergencia y cómo realizar el seguimiento y evaluación a las acciones de apertura, al tiempo que pueden apropiarse del documento para desarrollar respuestas locales, con capacidad de ser replicables en diferentes contextos, para mejorar la resiliencia y, así, construir un mundo más sostenible.

El Protocolo contempla diversidad e igualdad de oportunidades con el compromiso de no dejar a nadie atrás, a la vez que se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, específicamente al ODS 5 Igualdad de género, ODS 11 Comunidades y Ciudades Sostenibles y ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Ahora que a la pandemia se sumó la lamentable emergencia del derrumbe de un segmento de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, es en extremo necesario activar este Protocolo. Acercamos un Exhorto para tener #PrevenciónConApertura a sujetos obligados de la Ciudad de México; también compartimos con actores nacionales, internacionales y locales de México.

¿Cómo reconstruirnos? #OpenGovWeek

En los Coloquios por una #ReconstrucciónAbierta de 2019 y 2020 se han concentrado voces plurales que reiteran que la apertura es un estado de operación cotidiana y que apremia su aplicación. Merece recordar en esta semana de la #OpenGovWeek, algunas de las ideas expuestas en seis bloques. Que sean nuestros faros orientadores, para que no nos tomen por asombro los interminables casos de corrupción o los pozos sin fondo por falta de información.

1) Repensar el Estado Abierto en situaciones de emergencia

• Los elementos que conforman un Estado abierto contribuyen a salvar vidas. Por ende, es vital generar espacios de colaboración, de cocreación que aporten soluciones reales y aplicables a los problemas que se generan en una situación de emergencia.
• Los entes públicos deben asegurar que las personas y comunidades cuenten con información oportuna, completa, veraz y en datos abiertos que contribuya a reaccionar para salvar vidas. La apertura permite reconstruirnos.

2) Apertura y derecho a la privacidad en emergencias

• El derecho de protección de datos personales es un derecho transversal y debe reflexionarse respecto a las garantías que deben darse en el tratamiento de los datos personales en los distintos momentos en que se actúe dentro de las emergencias.
• Las autoridades deben adoptar e instrumentar junto a la sociedad civil hojas de ruta (protocolo) para el manejo de una emergencia, debe estar configurado para contemplar la forma, mecanismo para recabar, tipo de información o datos personales a recabar, su finalidad, procesamiento y manera de dar protección de los datos de las personas.

3) Apertura y anticorrupción en COVID-19

• En el marco de situaciones extraordinarias que pueden causar daño a la sociedad los órganos garantes y todo ente público, debe asegurar la calidad de la información y así como el que sea oportuna, actual, integral y accesible.
• El papel de los medios de comunicación es fundamental para hacer visibles los riesgos a la integridad particularmente en situaciones de contingencia.
• Indispensable que no los entes públicos no suspendan o posterguen el ejercicio de ningún derecho. Se deben encontrar los mecanismos para que, en la práctica, ningún derecho prevalezca necesariamente sobre otro.

4) Paz y Justicia Abierta en emergencias

• La emergencia sanitaria originada por COVID19 agravó la brecha que existe en el acceso a la justicia por parte de las personas. Lo anterior, debido a que los procesos jurisdiccionales no fueron considerados como una actividad esencial.
• El aislamiento como medida para mitigar la emergencia agravó la violencia de género, en específico, la violencia familiar.
• Es necesario que a través de la Justicia Abierta se pueda construir un espacio colaborativo donde la justicia sea para todas. La sociedad en conjunto, pero sobre todo los impartidores de justicia, deben repensar los tipos de justicia existentes, para pasar de un modelo Redistributivo a uno Restaurativo, en donde las personas sean el centro, así como sus necesidades (jurídicas) que no están satisfechas.
• Se destacó la importancia de que los impartidores de justicia den cumplimiento a la obligación de transparencia de hacer públicas las sentencias en versiones públicas, que deberán estar trabajadas con la perspectiva de su publicidad desde un inicio.

5) Derechos humanos importan en emergencias. Protocolos de apertura y transparencia

• En el marco de situaciones extraordinarias que pueden causar un daño a la sociedad, resulta fundamental construir ecosistemas de ciudades abiertas con hojas de ruta específicas que nos permitan trabajar en conjunto a diferentes actores y con el uso de las tecnologías para estar mejor preparados.
• El ecosistema de ciudades abiertas debe dar cabida a todas las personas como participantes, creadoras y corresponsables, sin embargo, corresponde al Estado abierto que desde la creatividad construya un mejor lugar para las personas con plena garantía a los derechos humanos.

6) ¿Cómo reconstruimos una sociedad abierta, sostenible, resiliente y pacífica?

• El enfoque de construcción de paz y prevención de conflicto, como dimensión integral de la apertura institucional, nos ayuda a evidenciar también la vinculación de la apertura como una herramienta para contribuir a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Son objetivos formalizados y coordinados por la ONU, que deben instrumentar en gran medida los entes públicos, pero cuya concreción nos atañe a todas y todos.
• La pandemia llama a las empresas a una reflexión para sean responsables en el tema de seguridad social, porque sin duda esto hace la diferencia en una emergencia.
• La educación y la sensibilización comienza con una mirada incluyente, donde nos vemos como personas y no con etiquetas. Así comenzamos a construir Paz.
• En la atención de las emergencias, es necesario partir de un enfoque de inclusión: no dejar a nadie atrás, como una invitación a ser parte del futuro.

@MaricarmenNava