Redacción Animal Político · 27 de septiembre de 2025
No podemos llamar escándalo a lo que no escandaliza. Podemos pensar que algo debería serlo, pero solo lo es cuando existe una reacción social que así lo califica, por ejemplo, a través de la indignación. Si la institución encargada de investigar y perseguir los delitos —el Ministerio Público— obtiene resultados a favor de la justicia en apenas 0.8 % de los 33.5 millones de delitos denunciados y no denunciados registrados por el INEGI (ENVIPE 2024), tal vez estamos frente a lo que debería ser un escándalo… pero no lo es. La pregunta es por qué.
El dato proviene de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que lleva quince años publicándose cada septiembre. Lo conversamos el miércoles pasado en nuestro programa de radio Ni plata ni plomo (episodio aquí), donde cerré con esta duda: ¿a quién le importa este monumental estudio conocido como ENVIPE?
La repetición de los datos es en sí misma “parte del problema”. Los resultados han sido consistentes a lo largo de los años. En 2011, la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes superaba las 23 mil; en 2024 rebasó las 24 mil. La tasa de delitos pasó de 30 mil a 34 mil en ese mismo periodo. Y el dato quizá más elocuente: en 2010, 93 % de los delitos no se denunciaban o no se investigaban; en 2023, la proporción fue prácticamente idéntica.
La noticia parece disolverse en los medios hasta desaparecer. El problema, entonces, no es solo lo que revela la ENVIPE, sino la indiferencia que la acompaña año con año.
La psicología social y la antropología ofrecen respuestas a la aparente indiferencia social. Entre ellas:
También influyen factores culturales y comunitarios: aceptar lo anormal como parte de lo esperado; la hegemonía que naturaliza lo grave; la construcción de silencios colectivos que derivan en olvido; adaptaciones que permiten sobrevivir a lo insoportable, como el humor negro, y la ampliación del umbral social de lo tolerable.
La propia ENVIPE aporta pistas adicionales. Pregunta por qué la gente no denuncia, y 63 % atribuye la decisión directamente a la autoridad: pérdida de tiempo, desconfianza, trámites largos y difíciles, hostilidad de funcionarios o miedo a la extorsión. No es solo impotencia social: es incompetencia institucional.
Un periodista que ha investigado a fondo el funcionamiento del aparato policial, militar y penal me decía que quizá la clave esté en esa sensación de que “es imposible cambiar”. Justo ahí aparece el concepto de aprendizaje de impotencia, formulado por la psicología social.
Pero la otra cara es tanto o más inquietante: ¿qué ha aprendido el Estado tras quince años de resultados iguales? La sociedad tal vez ya aprendió que nada se puede hacer. El Estado, en cambio, parece haber aprendido que su incompetencia no necesariamente es un pasivo porque no produce costos mayores, más bien funciona como un activo para usar las fiscalías como espacios de impunidad altamente rentable, dada la expansión de los fenómenos de macrocriminalidad y gobernanza criminal.
Difícil imaginar una combinación más destructiva.