Redacción Animal Político · 21 de febrero de 2025
El pasado lunes 10 de febrero el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, recobró su libertad al abandonar una cárcel de baja seguridad en Ashland, Kentucky. Con tres cargos de participar en una conspiración para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana, los fiscales que en un inicio dijeron que pedirían cadena perpetua para él, al final rogaron a la juez del caso que se olvidara de los 20 años que inicialmente le aplicó como sentencia para que así “El Diablo” Veytia cumpliera si acaso ocho.
Con su salida, que se dio siete meses antes de la fecha elegida tras su benévolo recorte, Veytia se unió a la Sociedad de los Narcos Sueltos formada por celebridades como Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, Oscar Nava Valencia “El Lobo”, Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo” y Dámaso López Núñez “El Licenciado”, entre otros. Compacto grupo de narcos mexicanos arrepentidos que ahora trabajan para el Departamento de Justicia como testigos protegidos.
A cambio de la información y las millonarias multas que debieron entregar a las agencias de seguridad, a estos buenos muchachos, y otros sin mencionar, ahora se les permite vivir en Estados Unidos con una personalidad distinta, disfrutando los restos de la fortuna que amasaron traficando con sustancias prohibidas.
Pienso en lo anterior luego de que funcionarios del gobierno estadounidense, comandados por el presidente Donald Trump, han acusado que en México hay una evidente colusión entre gobierno y crimen organizado. “Los cárteles de la droga mexicanos trabajan de la mano de funcionarios corruptos del gobierno mexicano en altos niveles”, declaró recién el nuevo director de la Administración para el Control de las Drogas (DEA), Terry Cole.
Aunque la abierta colaboración de los Estados Unidos se da sobre todo con narcos detenidos, el colaborar con ellos y dejarlos en libertad a los pocos años no parece ser un buen mensaje. Por un lado, se soslaya el esfuerzo y recursos, que autoridades mexicanas deben utilizar cuando deciden ir tras el líder de alguna organización criminal. Pero tampoco existen resultados concretos que justifiquen dichas liberaciones. El aumento de la violencia en México, derivado del narcotráfico, no disminuye ni tampoco el consumo en los Estados Unidos. Y aunque durante el gobierno de Joe Biden las muertes por sobredosis de opioides tuvieron un ligero descenso, siguen estando en niveles exorbitantes comparadas con el 2014 cuando no eran un problema mayor.
Y mientras Trump y sus justicieros siguen culpando sólo a grupos criminales y autoridades en Latinoamérica por esos preocupantes índices, es pertinente recordar la tarde del jueves 25 de julio del 2024, cuando Joaquín Guzmán López, hijo del célebre “Chapo” Guzmán, e Ismael “El Mayo” Zambada, fueron detenidos en un pequeño aeropuerto a las afueras de El Paso, Texas.
Los agentes del FBI que ya los esperaban pudieron hacer los arrestos gracias a una de dos posibilidades: o negociaron con el “El Chapito” Guzmán López para que este llevara a cabo el rapto y entregara al legendario Mayo (la versión más sólida), o negociaron con ambos dicha rendición para que el Departamento de Justicia les otorgue los beneficios disponibles para todo aquel dispuesto a entregar información… y millones de dólares.
Cualquiera que sea la versión final (la cual quizás nunca se de a conocer), el resumen ejecutivo de la entrega del Chapito y del “Mayo” sería que empleados del gobierno de Estados Unidos negociaron con narcotraficantes en activo la entrega de otro capo, sin avisar al gobierno mexicano y sin considerar las consecuencias que dichas detenciones arrojarían como el baño de sangre que tiene a Sinaloa aun sumido en la incertidumbre.
Quizás la joya de un gobierno con los narcos sucedió en los años ochenta cuando desde Estados Unidos, en su esfuerzo por derrotar a la Revolución Sandinista, organizó por un lado la venta de armas a Irán para enviar las utilidades a la Contra Nicaragüense (CN). Pero además la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, alentó y permitió el tráfico y venta de drogas, sobre todo cocaína, trabajando con grupos criminales como el Cártel de Medellín de Pablo Escobar y el Cartel de Guadalajara que dirigían Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Juan Mata Ballesteros.
El acuerdo era que se permitiría la introducción de cocaína a Estados Unidos y los cárteles mencionados dedicarían parte de sus ganancias a apoyar a la CN, según revelan documentos hechos públicos. La CIA incluso llegó a distribuir y vender droga dentro de la Unión Americana (según investigó el periodista Gary Webb en el Mercury News de San José, California) con tal de obtener recursos para derrocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional democráticamente elegido, pero de una tendencia marxista- leninista que incomodaba al gobierno de Ronald Reagan.
En ese contexto, resulta curiosa -por cierto- la etiqueta de “organización terrorista” que acaban de aprobar para seis grupos criminales en México, los Carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, entre otros, pues de concretarse, se debería de investigar y sancionar (no lo harán) a quienes proveen de armamento (como la Smith & Wesson) y a quien les ayuda a triangular sus activos financieros (como HSBC o Bank of America), según el apartado Ramificaciones Jurídicas de la Designación que ordena la oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado.
Y si bien es cierto que puede resultar acertado el diagnóstico de Trump cuando dice que “las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México”, también es sospechoso que en esa fórmula el nuevo presidente ignore que el pueblo estadounidense tiene, por su lado, una alianza intolerable con el consumo de drogas. Hay una clara intención por desinformar y confundir cuando se niega el carácter regional de un asunto tan complicado como el del narcotráfico, y se busque sólo culpar a la producción y distribución obviando que estos no existirían sin una gran demanda a cualquier precio.
Así que si nunca se acusó penalmente ni dieron cadena perpetua a miembros de la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma donde inventaron el Oxicodin (fármaco con fentanilo), que fue la causa de que se desatara la crisis de las muertes por sobredosis de opioides, no parece atinada ni justa la ruta donde sólo Chapitos, Mayitos y Menchitos, y las autoridades mexicanas corruptas, son los únicos causantes de esta tragedia.
Parece mucho pedirle a Trump y sus agencias de seguridad, con motivaciones xenófobas y racistas, que emprendan una estrategia que abarque a todas las partes involucradas y se atiendan todos los flancos. “Cooperación y coordinación”, ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con relación a los esfuerzos por seguir enfrentando al crimen.
Trabajo conjunto entre ambos gobiernos y no colusión de alguno con narcos, detenidos o no, debiera ser la respuesta.