Cobro de piso, la extorsión que inmoviliza al país

El trabajo en el Diálogo Nacional por la Paz me llevó, durante el 2024, a visitar 18 estados de la república. Desde Baja California Sur hasta Chiapas, pasando por Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo y varios más, tuve la oportunidad de hablar con taxistas, maestros, empresarias, jóvenes, estudiantes, trabajadores, indígenas, policías, artesanos, monjes y tenderas.

Así como “todos los caminos llevan a Roma” (o en algún momento llevaron), hoy en México todas las conversaciones informales sobre la vida de la gente en sus territorios llevan a la extorsión y al cobro de piso. Como Roma, me gusta pensar que algún día los caminos de las conversaciones a ras del suelo en este país van a llevar a otro lugar. Hoy llevan al delito de extorsión, invasor como Roma en su momento, imperial también, omniabarcante, inescapable.

El cobro de piso está tan generalizado en algunos estados del país que el crimen organizado (casi siempre en colusión con el Estado) es el mayor beneficiario de la vida económicamente activa de la región. Cobran porcentajes o cuotas fijas a sitios de taxis, puestos del mercado, vendedores ambulantes, pequeñas y medianas empresas. En algunas zonas la extorsión se extiende a ranchos, ferias, unidades habitacionales, escuelas, albergues de migrantes e iglesias.

El cobro de piso se incentiva por la promesa de protección o por su traducción amedrentadora: la amenaza certera de represalias. Trasciende municipios y estados. Un taller mecánico que no accede a pagar la extorsión en Guanajuato migra a Querétaro para ser ajusticiado ahí. El puesto de verduras en un municipio del Estado de México recoge sus huacales y su vida entera buscando retener las ganancias de su esfuerzo y el crimen organizado lo sigue seis municipios más lejos de ahí.

El gran hermano. Estás siendo observado, contabilizado, fiscalizado en todo momento. La mirada del crimen organizado siempre por encima del hombro. El corazón al borde del desbocamiento todas las mañanas al abrir la persiana de la tienda de abarrotes y todas las noches al cerrarla. El pesar de saber que conduces el taxi, reparas computadoras, tienes una papelería, vendes tus artesanías para alimentar el negocio millonario del delito, siempre impune en el país. O casi siempre, para hacerle honor al 4 % de los delitos (casi nunca millonarios) que sí se persiguen y se pagan. La extorsión llega a donde no llegan el agua, los caminos ni la luz.

Más vale no trabajar, no poner un negocio, no prestar un servicio, no anunciar con letras grandes el camino prometedor del emprendedurismo. El cobro de piso incentiva el anonimato, detiene de golpe cualquier aspiración a estar mejor, a independizarse, a poner un negocito, a mantener abierto el que ya tienes. Según Coparmex, en el sexenio anterior la extorsión a empresas creció el 45.3 % y una de cada dos empresas de todos los tamaños fueron extorsionadas durante el 2023. El cobro de piso te impide pintar la barda de tu casa, cambiar de coche, comprar carne en el mercado, festejar tus cincuenta años, mandar a un hijo a la universidad, no vaya a ser que parezcas estar mejor de lo que estás y los malos, la maña, los malosos como los llaman las comunidades con temido respeto, te quieran cobrar tu mejoría o tus aspiraciones clasemedieras. La extorsión genera una ciudadanía detenida de susto, una economía paralizada de ordeñamientos y explotaciones.

Ante esto, las transferencias directas del gobierno han venido a salvar un poco de la inanición a las comunidades. La extorsión, sin las transferencias directas, ya hubiera reventado al país, de hambre, de desasosiego, de furia, de impotencia. Los programas gubernamentales han permitido que la gente pueda compensar el negocito que no se atrevió a poner o que tuvo que cerrar, o el porcentaje que tiene que “ceder” por su puesto en el mercado y, con ello, permiten también que la extorsión se perpetúe. Sería interesante conocer el dato del porcentaje de las transferencias directas que va a parar en manos del crimen organizado. En las conversaciones con personas de al menos nueve estados, me contaron que, a la vuelta de las sucursales del banco del bienestar, los “malos” están esperando a adultos mayores, a jóvenes que no estudian y demás beneficiarios de los programas gubernamentales para exigirles parte de sus becas y apoyos. Valdría la pena que el gobierno conociera cuánto del esfuerzo inmenso que hace con el dinero de los contribuyentes y con el ahorro brutal en otros rubros como salud, ciencia, cultura y educación para financiar los programas sociales se va, mediante la extorsión de manera directa o indirecta, al crimen organizado.

¿Quién quiere habitar un territorio en el que no puede aspirar a que le vaya mejor? ¿Quién quiere ver crecer a un hijo que tiene, al parecer, la disyuntiva entre vivir de los apoyos gubernamentales o incursionar en el crimen organizado?

No, los territorios no son habitables, la gente migra buscando burlar la mirada del gran hermano que, igual que en el programa de televisión, te sigue de cuarto en cuarto, de movimiento en movimiento, hasta que da contigo. La gente quiere que sus hijos se vayan, que se vayan lejos, que se salgan de cuadro a donde la mirada no los alcance. Quisieran no tener que irse, pero quieren irse porque nadie ha defendido su derecho a no migrar. Su derecho a no tener que abandonar su vida, su historia, su gente, sus tierras, sus montañas para escapar del gran hermano y preservar la vida. Los apoyos gubernamentales no alcanzan ni alcanzarán para garantizar el derecho a no migrar. Se necesita aproximarse al problema desde otra mirada. Una que fortalezca no la relación de uno a uno entre gobierno y ciudadano, creando dependencias, sino una que promueva la relación, la organización, la articulación de los ciudadanos entre sí. Ahí es en donde cabe la resistencia. En la organización y en la acción colectiva. Decía Camus, y decía bien, que hay que imaginar a Sísifo feliz porque es en la resistencia al destino, ante lo inevitable, en donde reside la dignidad humana.

Ojalá que el próximo año, el 2025, las y los mexicanos deseemos menos transferencias directas y más condiciones para manejar el taxi, poner el puesto, mantener abierto el negocio, mandar el hijo a la universidad. Y que haya espacio para la dignidad.

* Ana Paula Hernández Romano (@ensusmarcas) es coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz.