CNTE-gobierno: ¿800 millones de pesos hacen una política docente?

Alejandra Arvizu Fernández

Ochocientos millones de pesos y una aclaración necesaria: de acuerdo con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, el recurso anunciado para Oaxaca no será entregado ni administrado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la CNTE. Se ejercerá mediante el presupuesto educativo para crear plazas, asignar horas, atender movimientos de personal y mejorar las condiciones materiales de las escuelas.

La precisión importa… e importa mucho. Querida y querido lector, si algo tiene nuestro sistema educativo público son necesidades de recursos. No es lo mismo entregar dinero a una organización sindical que destinarlo a las escuelas, a sus docentes y a sus estudiantes.

Pero aclarar quién no administrará el dinero no responde todavía cómo se tomó la decisión. ¿Cómo se calcularon los 800 millones de pesos? ¿Con qué criterios se decidirá cuánto irá a plazas, cuánto a equipamiento y cuánto a infraestructura? ¿Cómo contribuirá todo esto a una política educativa de largo plazo y no solamente a resolver demandas de paro… ah no, perdón, necesidades inmediatas? Y, sobre todo, ¿qué deberá haber cambiado cuando el recurso se haya ejercido?

También queda pendiente explicar por qué se decidió una asignación extraordinaria de este tamaño para Oaxaca, que lo necesita, totalmente, ese no es el punto, pero cómo se compara su situación con las necesidades de otras entidades y por qué la inversión adicional se anuncia hasta ahora, no son preguntas menores ni exclusivamente técnicas. Son dudas ciudadanas sobre el uso de recursos públicos.

¿Qué significa mejorar las condiciones docentes?

El gobierno asegura que existe un diagnóstico serio. Hacerlo público fortalecería su explicación. Cuando una asignación extraordinaria —de 800 millones de pesos, que no es poco— se conoce en medio de una negociación política, transparentar su planeación no es un trámite adicional. Es lo que permite distinguir una política educativa de una respuesta, llamémosla gentilmente, de urgencia a que nos estén ahogando la ciudad.

Tomemos una de las razones ofrecidas: que el recurso permitirá mejorar las condiciones docentes. Suena bien, pero debemos preguntarnos qué significa eso realmente.

Si creemos que las condiciones docentes pueden mejorar de manera sostenida únicamente mediante la creación de plazas financiadas con recursos extraordinarios, algo no estamos entendiendo. 

Una política docente comienza mucho antes de que se abra una vacante. Requiere prever cuántas maestras y maestros harán falta, dónde serán necesarios y qué conocimientos deberán tener, diagnóstico y planeación le llamamos. Supone formar de manera especializada a quienes podrían trabajar en escuelas rurales, indígenas o multigrado; conectar esa formación con el ingreso al servicio; asignar a cada docente donde su perfil responda mejor a las necesidades, y acompañarlo profesionalmente a lo largo de su carrera.

800 millones de pesos importan, e importan mucho

La plaza es apenas la parte más visible de una cadena mucho más larga. Si falla la planeación, podemos terminar creando vacantes sin contar con los perfiles necesarios, enviando docentes a contextos para los que no tuvieron oportunidad de prepararse o respondiendo una y otra vez a las mismas carencias mediante recursos extraordinarios.

Y es que, repito, 800 millones de pesos no son tres pesos en educación: importan, e importan mucho.

Para dimensionar la cifra, el programa federal La Normal es Nuestra, creado para fortalecer a las instituciones públicas encargadas de formar a nuestras futuras maestras y maestros, tiene en 2026 un presupuesto de 856 millones 644,924 pesos. Es decir, los 800 millones extraordinarios equivalen a casi todo el presupuesto anual de ese programa nacional que atiende a 114,444 estudiantes normalistas en 257 escuelas públicas (ciclo escolar 2024-2025).

Pero la comparación más reveladora no está solamente en el tamaño de ambas cifras. Para solicitar recursos de La Normal es Nuestra, las instituciones formadoras de docentes deben presentar un diagnóstico de sus necesidades, definir prioridades, establecer metas, describir en qué gastarán el dinero, señalar quiénes se beneficiarán y explicar qué resultados esperan alcanzar; todo esto como debe de ser, cien por ciento de acuerdo, eso es planeación. Incluso deben plantear una ruta de mejora con visión hacia 2030 y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Dicho en palabras sencillas: para recibir una parte de esos 856 millones, una institución debe explicar qué problema tiene, qué hará para resolverlo, cuánto costará y cómo sabremos si funcionó.

Una asignación presupuestaria no constituye por sí misma una política docente

Perdonen si la curiosidad rebasa lo técnico y vuelve a convertirse en una duda ciudadana: si ese nivel de planeación se exige a las instituciones que buscan recursos para formar docentes, ¿qué explicación pública debería acompañar una asignación extraordinaria de 800 millones de pesos a mitad del año y tras negociaciones a puertas cerradas?

Destinar recursos para atender las necesidades de las maestras, los maestros y las escuelas es indispensable. Pero una asignación presupuestaria, por grande —o pequeña— que sea, no constituye por sí misma una política docente. Para serlo, debe mostrar el diagnóstico que la sustenta, los criterios con los que se distribuirá, las metas que persigue y la manera en que se dará seguimiento a sus resultados.

El problema no es que se destinen 800 millones de pesos al sistema educativo, se necesitan y se celebra. El problema es que todavía no podamos ver con claridad qué política docente articulada, verificable y de largo plazo se construirá con ese recurso.

La aclaración inicial era necesaria: el dinero no será entregado a la CNTE. Pero la explicación sigue incompleta: 800 millones de pesos en educación sí importan, porque aprender importa. ♦