Claroscuros en la Agenda de justicia en México

En los últimos tres años se han visto disminuidas las expectativas de avanzar en la tan necesaria justicia y en desmantelar las redes criminales estatales y no estatales que violan persistentemente los derechos humanos en México. La violencia y la impunidad han aumentado. Las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han materializado en un esfuerzo comprehensivo para abordar la falta de seguridad en el país y la ineficacia del sistema de justicia.  Sin embargo, se ha dado inicio a varios esfuerzos, caracterizados por la cooperación entre las instituciones estatales, la sociedad civil y los colectivos de víctimas que no solo dan esperanza, sino que confirman el camino a seguir.

A pesar de su manera accesible de hablar y sus promesas iniciales de desmilitarizar la seguridad pública, escuchar a las víctimas y buscar una política integral para la paz y la justicia, el presidente López Obrador optó por revertir el curso y en su lugar tomar un camino mucho menos innovador. Institucionalizó el uso de los militares para combatir la violencia criminal a través de la creación de la Guardia Nacional, sin establecer criterios precisos sobre el involucramiento de las fuerzas armadas  en las operaciones de seguridad pública y sin controles independientes. No es de extrañar que bajo estas condiciones la nueva Guardia Nacional haya tenido pocos resultados  en garantizar la seguridad y en incrementar la eficacia de la justicia. Peor aún, el presidente se ha negado a escuchar a aquellas víctimas u organizaciones de la sociedad civil que han sido críticas con sus políticas de justicia y seguridad y no ha cumplido con la obligación estatal de proporcionar reparación a las víctimas.

Quizás lo más preocupante es que el presidente y el Fiscal General de la República han perdido la oportunidad histórica de consolidar un sistema independiente y efectivo de persecución penal como el establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que fuera impulsada por Morena durante la administración anterior, en cuya elaboración participó la sociedad civil y que había generado esperanzas de mayor efectividad y transparencia. Por el contrario, demostrando tendencias autoritarias, el Fiscal General impulsó una contrarreforma que restringe la autonomía de los fiscales y su capacidad para enfrentar eficazmente el aumento de la delincuencia. También debilita los mecanismos que consagra la ley para garantizar la transparencia y la participación de víctimas. La negativa a instalar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía, creado por la ley, demuestra el desinterés por la participación, autonomía y transparencia en la política de persecución penal. También son preocupantes situaciones de uso caprichoso de facultades del Fiscal General con fines de silenciar voces críticas, como en el reciente caso de los académicos del CIDE. El presidente López Obrador parece consentir todo esto, al tiempo que ha hecho poco para detener la persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas —que ya era un problema durante la administración anterior— que sigue aumentando, siendo al menos tácitamente alentada por la propia retórica polarizadora del presidente y los ataques verbales contra ambos sectores.

Estos reveses institucionales contrastan con los avances en las investigaciones en el caso Ayotzinapa, sobre el secuestro y desaparición en 2014 de 43 estudiantes universitarios en la ciudad de Iguala. El Fiscal General designó un fiscal especial y el gobierno creó una comisión para la colaboración en la investigación, en la que participan víctimas, representantes de la sociedad civil y expertos internacionales. Tanto el fiscal especial como la comisión han demostrado determinación en la búsqueda de los responsables de un crimen que simboliza la cultura de impunidad que a menudo prevalece en México.

También es alentador que en la Fiscalía General de la República y en algunas fiscalías estatales se estén ensayando enfoques innovadores para las investigaciones penales. En algunos casos, fiscales especializados han comenzado a dejar de lado la investigación caso por caso en favor de estrategias de investigación que consideran patrones de crímenes con miras a desmantelar las redes macrocriminales y a enjuiciar a los máximos responsables. En casos aislados, víctimas y organizaciones de la sociedad civil han participado activamente en investigaciones de este tipo, impulsando con ello el uso de estos nuevos enfoques en las fiscalías. Estos enfoques han sido recomendados por distintos grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, incluidas capacitaciones dirigidas por el ICTJ, los cuales han sido adaptados de experiencias similares implementadas por fiscales de Colombia y Guatemala para combatir con éxito el crimen organizado y desmantelar redes criminales que involucraban a autoridades en dichos países. Si bien no hay evidencia de que impulsar estas innovaciones sea prioridad del Fiscal General, su aplicación por algunos fiscales en varias investigaciones comienza a dar resultados, como el reciente caso en Nuevo Laredo contra personal de Marina, que condujo a una disculpa pública de la institución sin precedentes en el país.

También se observan avances en la búsqueda de personas desaparecidas. El gobierno ha apoyado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y ha establecido el Sistema Nacional de Búsqueda y un mecanismo forense especializado, fomentando la colaboración  entre las instituciones estatales relevantes, las víctimas y la sociedad civil. Si bien la coordinación sigue siendo difícil y el progreso suele ser lento, estas iniciativas han logrado avances en la identificación de los desaparecidos y en responder a la demanda de verdad y justicia. Además, muestran claramente las ventajas de los enfoques colaborativos que involucran al Estado, las víctimas y la sociedad civil, en los que cada uno aporta una perspectiva y un conjunto de habilidades únicos. También ofrecen un aprendizaje invaluable sobre qué formas de colaboración son más efectivas; cómo garantizar la confidencialidad necesaria para proteger las investigaciones, los testigos y las víctimas, y qué roles deben desempeñar los diferentes actores. Lo más importante es que pueden generar confianza entre los servidores públicos, las víctimas y los miembros de la sociedad civil, lo cual es indispensable para avanzar en este trabajo.

También es alentador que gobierno, sociedad civil, colectivos de víctimas y academia estén colaborado en torno a la recién anunciada Comisión de Verdad en torno a la Guerra Sucia, que integra el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos, el juzgamiento de los responsables, la reparación de las víctimas y el rescate de la memoria. Solo preocupa la premura por instalar instituciones que requieren de participación, legitimidad e independencia del gobierno, motivada, aparentemente, por el calendario electoral, aun sacrificando la debida consulta y transparencia, particularmente de los integrantes del mecanismo para el esclarecimiento de la verdad.

Estas iniciativas son ciertamente muy valiosas, respondiendo a demandas que las víctimas han hecho desde hace décadas. Ellas son indicativas de que sí es posible trabajar en sinergias entre sociedad civil y gobierno. Sin embargo, son claramente insuficientes, ante la persistencia de la militarización de la seguridad pública, la falta de autonomía y eficacia en las investigaciones penales, y el enfoque autoritario que las permea, aun cuando ofrecen posibilidades de demostrar que la colaboración y transparencia con víctimas y sociedad civil pueden incrementar la eficacia y legitimidad de los esfuerzos en justicia y paz.

El presidente y el fiscal general harían bien en reducir su ánimo adversarial hacia los sectores críticos de sociedad civil y academia, y avanzar e institucionalizar modalidades colaborativas de trabajo. En particular, deben definir mecanismos que permitan a las víctimas y a la sociedad civil contribuir a estos esfuerzos, teniendo en cuenta sus experiencias y habilidades. Es hora de fortalecer estas iniciativas, que están dando resultados. Aunque todavía modestos, ellos evidencian los beneficios de la colaboración, demuestran su eficacia y proporcionan aprendizajes útiles que ofrecen oportunidades para avanzar en la provisión de justicia. Ellas también debieran ser apoyadas por el nuevo Congreso de la Unión, demostrando su independencia del presidente y su determinación y voluntad política por responder a las demandas de seguridad, justicia, reconocimiento y reparación, y respeto por los derechos humanos.

* Cristián Correa es Senior Asociate y Mara I. Hernández (@maraihdez) es experta consultora para México, ambos de ICTJ (@theICTJ).