Claroscuros de la democracia mexicana

Estamos a solo unos días de las elecciones más grandes de nuestra historia, en las que se disputarán más de 21 mil cargos públicos en nuestro país, y es pertinente reflexionar acerca de sus claroscuros.

Durante más de 40 años, las mexicanas y los mexicanos hemos construido un sistema electoral en el que el voto se cuenta y cuenta. A diferencia de la mayor parte del siglo XX, ahora es la ciudadanía, y solamente la ciudadanía, la que decide quiénes habrán de ser nuestros representantes ante los órganos de decisión del Estado mexicano.

En más de cuatro décadas hemos atestiguado diversos climas democráticos y hemos aprendido de ellos, pero hoy en día es importante alertar que nuevas nubes negras se ciernen sobre nuestra democracia.

En términos electorales, este clima funesto está influenciado por las consecuencias de la pandemia que seguimos enfrentando, pero su causa principal es que la democracia sigue peligrando, continúa siendo amedrentada por las violencias, así, en plural: las visibles como los asesinatos y las invisibles como la intimidación electoral. Unas son criminales, otras no, pero finalmente todas violentan.

Desde las elecciones federales de 2018, las autoridades electorales habíamos alertado que grupos delincuenciales asesinan o atentan contra candidatas y candidatos que no son de su agrado o bien que les son incómodos para sus fines ilícitos. El efecto trasciende del crimen localizado a la zozobra colectiva, al percibirse que votar y ser electo o electa ya no sólo es un derecho, sino también un posible riesgo.

De acuerdo al Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, elaborado por Etellekt Consultores, al 30 de abril de 2021 el número de personas en cargos políticos y aspirantes que fueron muertos por asesinato fue un 29.5% superior a las 61 que también asesinaron en el ciclo electoral intermedio de 2015.

También incrementaron las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), ya que superaron por un 64% a las cifras de violencia que se presentaron en el anterior  periodo electoral federal de 2017-2018.

En nuestro país, incluso después de este alarmante informe, han ocurrido otros terribles asesinatos que nos han conmocionado, como el de Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora (13 de mayo), y el de Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato (25 de mayo), así como el secuestro de Omar Plancarte, candidato a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán (25 de mayo), y el atentado en contra de José Alberto Alonso Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Acapulco, Guerrero (26 de mayo), entre otros hechos de violencia.

Serán fechas y números para los informes, pero recalco que ellos y ellas no son solo cifras preocupantes, sino vidas arrasadas, familias destruidas y comunidades atemorizadas. Candidaturas que fueron privadas de la oportunidad de llegar a la contienda electoral, pero cuyo recuerdo impactará en nuestras decisiones a la hora de votar y en el ánimo de las y los futuros aspirantes al momento de postularse.

Una amenaza tan fuerte y tan seria al estado de Derecho, a la seguridad de la sociedad y a la civilidad de nuestra democracia, requiere una respuesta de Estado, un llamado a la unidad y un combate contundente a la impunidad. Se esperaría que las autoridades y la clase política se unieran en un solo esfuerzo para poner un alto a este flagelo que amenaza seriamente a nuestra democracia.

Tristemente, la ciudadanía observa otro escenario, un ambiente político enrarecido en el que candidatos, candidatas, autoridades y representantes electos se descalifican mutuamente. Esta erosión de nuestra democracia —que representa una lucha cruenta y, hay que decirlo, también irresponsable, por el poder y los cargos públicos— también emite descalificaciones en contra de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.

Ocurre un desprestigio entre los niveles de autoridad antes de unirse como ciudadanía integrante de una misma colectividad, en la que es posible recordar que los cargos y los partidos políticos —además de nuestra identidad colectiva— es parte de lo que nos une como nación, y que no debe ser motivo de división. La falta de espíritu colectivo y de compromiso en la dinámica democrática hace presente al “fantasma del fraude” que alimenta la desconfianza de la ciudadanía.

La democracia exige demócratas y éste es justamente el momento de demostrarlo, pues será el piso mínimo para también enfrentar a la violencia política en razón de género, la otra amenaza que mitiga la calidad de nuestra democracia, ya que perpetúa la desigualdad estructural entre mujeres y hombres basándose en el sistema patriarcal que produce y reproduce lógicas de dominación y subordinación.

Esta otra violencia genera, por ejemplo, que las mujeres políticas sean públicamente desacreditadas —explícita o implícitamente— no por sus opiniones, posturas o por la calidad de su trabajo, sino por aspectos relacionados con su sexo o su género y con las funciones, roles y atributos que el patriarcado mandata para este sector de la población.

Aunque ahora contamos con un marco legal para combatir la violencia política en razón de género, resulta evidente que algunas personas con cargos públicos no sólo ejercen esta violencia, sino que además buscan soslayarla y normalizarla. Estamos frente a un grave problema estructural al que debemos ponerle un alto, a fin de poder avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Hemos visto también en este proceso formas de violencia política por parte de los propios partidos políticos, que pretende pasar desapercibida, hacia ciertos grupos vulnerables, como las mujeres, las personas migrantes,  indígenas y de la diversidad sexual. Esto se ha visto en este proceso cuando algunos partidos han registrado hombres como personas transgénero para burlar la paridad de género, o residentes en México como migrantes residentes en el extranjero o personas con constancias falsas como candidatas indígenas.

Estas ominosas y peligrosas señales deben ser analizadas en su justa dimensión, con el objetivo de proteger y mejorar con efectividad a nuestra democracia, así como los derechos político-electorales de todas y todos. Son señales que deben motivar a retomar los orígenes de la democracia, me refiero a la tradición de convocar a la sociedad y a los gobiernos para que, entre todos y todas, blindemos este marco que permite nuestra participación como iguales en el sistema electoral que hemos construido durante 40 años. Sí, resolvamos los problemas de la democracia con más democracia, no con actitudes y expresiones que violentan, no con descalificaciones.

Debemos hacer conciencia de que la democracia es muy reciente en nuestro país y que se puede perder, por eso justamente debemos valorarla y cuidarla. Una forma de hacerlo es ejerciendo nuestros derechos político-electorales y respetando el de los demás, actuando siempre con tolerancia y compromiso social.

Aunque el clima democrático esté nublado, ante la inminencia de la jornada electoral, invito a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos a salir a votar libremente por las opciones que más les convenzan. La democracia debe ser confianza y no miedo; debe ser responsabilidad y no apatía. Con nuestros votos podemos despejar el claroscuro electoral.

A su vez, el Estado y sus instituciones deben hacerse presentes para que las elecciones se desarrollen en paz, en orden y con tranquilidad. El Estado mexicano debe garantizar el derecho al sufragio de todas y todos los ciudadanos en un ambiente de seguridad y de respeto.

Por nuestra parte, desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabajaremos para garantizar elecciones equitativas, imparciales y apegadas a Derecho. Seremos neutrales y aseguraremos que se respete el voto de la ciudadanía en las urnas.

La democracia en México es vital, porque es la que nos permite la renovación pacífica de los órganos de poder; es la que nos motiva a seguir luchando por la igualdad entre mujeres y hombres, así como por la debida representación política de los pueblos indígenas; es la que nos permite impulsar el respeto a los derechos humanos y valores como la tolerancia y la fraternidad.

A votar este 6 de junio, porque la democracia es la que permite que las cosas buenas sucedan y es la que contribuirá a superar nuestros retos como sociedad.

* Janine M. Otálora Malassis (@JanineOtalora) es Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.