Ciudades y hábitats como espacios de confluencia global

Por Sofía Ramírez Aguilar*

Una reflexión desde México para el diálogo Europa–Sur Global desde lo subestatal, organizado por la Fundación eAtlantic en Bilbao, España; mayo 27 y 28, 2026.

Las ciudades permiten dotar a muchas personas de servicios públicos, elevando su calidad de vida y con ello, su posibilidad de tener trabajos mejor pagados en la cercanía de los centros de trabajo. Al menos en teoría.

La mayor parte de las grandes ciudades del mundo tienen un núcleo —sea en algún punto céntricos o en los suburbios— donde la calidad de vida es relativamente buena, pero también cuentan con otros espacios —frecuentemente en la periferia de los núcleos de bienestar—, donde la calidad de vida está sujeta a que haya cierta planeación urbana, y a que tengan medios de financiación suficiente y adecuada gestión de los recursos disponibles. Todo para dotar de los servicios básicos que habilitan derechos y un estándar mínimo de vida, necesarios para poder tener tiempo y espacio mental para discutir los problemas públicos que nos aquejan.

La desigualdad de ingresos y acceso a servicios, la falta de movilidad y seguridad para trasladarse al trabajo, a la escuela o a la vida cotidiana; el cambio climático y sus efectos en la movilidad por las olas de calor o las inundaciones, o incluso desastres derivados de la falta de preparación ante fenómenos naturales; la ausencia de servicios adecuados y suficientes de salud, educación, cuidados; así como la falta de acceso a oportunidades, por mencionar algunos, se experimentan como impedimentos para que la población pueda gozar de una mínima calidad de vida. 

Por eso, hablar de ciudades y hábitats desde una perspectiva subestatal es hablar del punto de encuentro entre lo global y lo comunitario.

Desde México, ¿cómo vamos?, el Índice de Progreso Social permite mirar el bienestar más allá del crecimiento económico. Su propósito es complementar los indicadores económicos, no sustituirlos. Con datos que responden preguntas que importan directamente en la vida de las personas —si tienen un hogar que les brinde protección, suficiente alimento y acceso a educación de calidad—, el IPS mide el desempeño social a partir de tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. 

Esta mirada es útil para las metrópolis y las regiones subnacionales, porque muestra que el desarrollo no depende únicamente del crecimiento económico, sino de la capacidad de los territorios de convertir recursos e inversión en infraestructura, en bienestar efectivo.

El caso mexicano muestra una tensión central para el Sur Global: la pobreza monetaria puede disminuir sin que las carencias estructurales desaparezcan al mismo ritmo. En el IPS 2025, México, ¿cómo vamos? señala que “más ingresos” no implican necesariamente “mejor calidad de vida” cuando la infraestructura pública es insuficiente. 

Aunque en 2024 México registró la menor pobreza multidimensional de la serie, con 29.6 %, persisten crisis estructurales en salud y educación, dos pilares del desarrollo social. El porcentaje de población sin acceso a servicios de salud es hoy 18.6 puntos porcentuales mayor que en 2016, y el componente de acceso a conocimientos básicos cayó a su nivel más bajo de la serie 2015-2024.

La ciudad, como polo de provisión de servicios y empleo, puede concentrar inversión, vacantes, conectividad y servicios, pero reproduce exclusión y desigualdades. La movilidad urbana es uno de los mejores ejemplos. En marzo de 2026, la Zona Metropolitana del Valle de México registró 187.6 millones de viajes de pasajeros en transporte urbano; 57 % viajó en metro y 19 %, en metrobús. Esta demanda ya es elevada en una metrópoli de más de 22 millones de habitantes en la Ciudad de México y zona conurbada. 

Y se anticipa mayor traslado de personas ante el partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Pero el mismo dato muestra el reto: el metro operó con 269 trenes, cifra aún por debajo del nivel prepandemia, lo que limita la capacidad del sistema. La ciudad y la federación invierten en el metro, pero no son cantidades suficientes.

El contexto mundialista vuelve visible una pregunta más amplia: ¿están las ciudades preparadas para recibir al mundo sin dejar atrás a quienes las habitan todos los días? Guadalajara, Jalisco, movilizó 28.5 millones de pasajeros en marzo de 2026 y ha ampliado su red con la ruta 9 del Tren Ligero; Monterrey, en cambio, no tendrá listas las líneas 4 y 6 de Metrorrey para el Mundial y planea usar camiones provisionales durante los partidos que recibirá. Estos casos muestran que los megaeventos pueden acelerar conversaciones sobre infraestructura, pero también evidencian rezagos acumulados durante décadas en planeación metropolitana, financiamiento, accesibilidad y calidad del transporte público.

En México, la autonomía fiscal (margen que tienen los gobiernos estatales para financiar su gasto a partir de ingresos propios) permite invertir más, aunque hacerlo bien ya es otra historia. Mayor inversión y menor dependencia de los recursos del gobierno federal es el combo ganador para generar condiciones de crecimiento y bienestar sostenibles en el tiempo. Aun cuando los estados con mayor fortaleza tributaria se concentran en regiones con mayor actividad económica, como el norte, el centro y Bajío del país, y que las tres sedes mundialistas están en tres de estos, la recaudación es insuficiente. Por su parte, los estados del sur de México tienen menores niveles de autonomía fiscal, lo que refleja una limitada base recaudatoria y mayores restricciones para financiar inversión pública con recursos propios.

La movilidad es mucho más que traslado: define acceso a empleo, educación, salud, cuidados, cultura y participación pública. En ciudades fragmentadas, la distancia se convierte en desigualdad. Un sistema de transporte saturado o insuficiente no solo encarece la vida urbana; también reduce las oportunidades de quienes viven más lejos, tienen menores ingresos o dependen del transporte público para sostener su vida cotidiana. 

Para el público europeo, acostumbrado a discutir la ciudad desde la sostenibilidad, la vivienda y la cohesión territorial, México confirma una lección clara: la transición urbana del Sur Global debe pensarse desde el transporte masivo, financiamiento subnacional y capacidades de gestión local.

La información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIGH 2024 refuerza esta lectura desde los hogares. En 2024, el ingreso corriente total promedio mensual fue de 25,955 pesos —unos 1,300 euros—, 10.6 % mayor que en 2022. Los ingresos por trabajo son la fuente más importante para los hogares mexicanos y representaron 66 % del ingreso corriente para las familias mexicanas. Esto significa que la calidad del empleo urbano y regional es determinante para el bienestar. Si las ciudades no generan empleos formales, productivos y conectados con servicios —seguridad, transporte, cuidados, educación, salud—, el aumento del ingreso puede ser frágil y no traducirse en progreso social sostenido.

La misma fuente muestra que la desigualdad persiste en la forma en que los hogares experimentan la economía. El 10 % de la población de mayores ingresos concentra 30 % de los ingresos del país, mientras que la mitad de la población con menores ingresos acumula 23 %. Además, el gasto pesa más sobre los hogares de menores ingresos: para el decil I, el gasto corriente monetario es ligeramente superior al ingreso corriente; para el decil X, representa solo 50 % de los ingresos. En salud, los hogares del decil I destinan la mayor proporción de su ingreso al gasto de bolsillo, lo que confirma que la falta de servicios públicos suficientes se traduce en una carga regresiva para quienes menos tienen.

Por eso, las ciudades y hábitats son espacios de confluencia: ahí se cruzan las agendas globales de desarrollo por la conectividad, la inversión, los centros financieros, con la vida material de los hogares. La inseguridad afecta la libertad de movimiento y la inversión; la informalidad laboral —entendida como empleos sin prestaciones ni reconocimiento de la relación laboral y que en México es el 55 % de la población trabajadora— limita ingresos, derechos y movilidad social; la falta de salud pública desplaza costos a las familias; la crisis educativa compromete productividad futura; y la movilidad deficiente reduce el acceso a oportunidades. El IPS 2025 subraya que la seguridad personal es uno de los componentes peor evaluados y que la informalidad limita ingresos, acceso a salud, ahorro para el retiro, vivienda y movilidad social.

La perspectiva subestatal es indispensable porque los promedios nacionales esconden realidades territoriales profundamente distintas, sobre todo en países del Sur Global. Las políticas públicas que buscan bienestar de las comunidades, cohesión social o transición verde no llegan a la abstracción “país”; llegan a barrios, municipios, zonas metropolitanas y estados con capacidades desiguales. Para Europa y el Sur Global, el diálogo subestatal parte de la premisa de que las ciudades son resultado de los límites del Estado para garantizar bienestar.

Desde México, la reflexión para Bilbao es que las ciudades y hábitats son el lugar donde se prueba la calidad del desarrollo y la inversión pública. Son espacios de interdependencia global, pero también de responsabilidad pública inmediata. Si queremos que la integración económica, la transición climática y la innovación se traduzcan en bienestar, la unidad mínima de análisis es el territorio donde las personas viven, trabajan, se trasladan, cuidan y construyen su presente y futuro. ♦

—∞—

*Sofía Ramírez Aguilar es directora general de México, ¿cómo vamos? Participa en el Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) desde 2022. En 2024, Forbes México la reconoció como una de las economistas más influyentes del país. Redes: @Sofia_RamirezA