Ciudadanía apartada

Las organizaciones ciudadanas son importantes para la consolidación de instituciones y la resolución de problemas públicos. Hacen aportaciones para el avance de políticas públicas con una visión más plural y con perspectivas que el poder público no siempre alcanza a ver por sí, como ha sido en el ámbito de los derechos humanos tanto los civiles y políticos, como los económicos sociales, culturales y ambientales.

Sin embargo, tales aportes no siempre han sido reconocidos por la clase política que ha sido rejega para establecer reglas que modifiquen de forma sustantiva su relación con las organizaciones y la ciudadanía e incorporar su visión en la toma de decisiones. En el discurso a duras penas están. En la práctica, la indiferencia es norma. En general, lejos de fomentar su participación, más bien la limitan sea por ignorancia o franca mala fe.

Las cerca de 35 mil organizaciones de la sociedad civil que hay en México es un número menor que en otros países, pues acorde con la investigadora y activista Mónica Tapia, en Brasil hay 200 mil; en Colombia 135 mil, y en Estados Unidos, un millón. La sociedad civil organizada es vista con recelo por parte del gobierno. No ha promovido la asociación. Un indicador son las donatarias autorizadas. En 1995 había 1 mil 400 organizaciones donatarias, para 2002 había 5 mil 700, y casi 10 años después, en 2011, había 5 mil 300.

Hay un gran impacto en el hecho de que la ciudadanía haya tenido pocos incentivos para organizarse: para el año 2008 sólo el 6 por ciento de la población había formado parte de una organización ciudadana y según la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, 73 por ciento de los jóvenes entre 20 y 24 años nunca ha participado en cualquier forma de organización o asociación, lo cual no ha variado pues diez años antes la cifra era 75 por ciento.

Hay factores normativos que dificultan esa participación autónoma, como son los ajustes a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) o la limitada concepción que refleja la Ley del Impuesto Sobre la Renta por la cual las organizaciones civiles tienen prohibido influir en la legislación si desean ser donatarias autorizadas y las actividades permitidas para tener ese estatus no coinciden con las de la Ley de Fomento, dejando fuera a un gran número de organizaciones. Así, solamente 2 mil 800 OSC son donatarias y están registradas conforme a la Ley de Fomento al mismo tiempo.

El gobierno no es receptivo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones de políticas públicas. Un estudio del Comité Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción señala que sólo el 10 por ciento de las dependencias gubernamentales tiene algún proceso que incorpore a los actores sociales en su toma de decisiones. 90 por ciento no cuentan con un procedimiento específico para compartir la toma de decisiones. Solamente 11 por ciento de las dependencias públicas en este país tienen procesos de decisión observados por actores sociales.

¿Para qué invita a los actores sociales la décima parte de las dependencias que sí tienen procesos incluyentes? 40 por ciento para que participen en acciones o proyectos definidos por la propia institución pública y que sólo requieren de la “operación” de las organizaciones. Solamente 15 por ciento son espacios o procedimientos que permiten a los actores proponer sus propios proyectos o acciones; 3 por ciento para que participen en procesos de evaluación, y el resto, entre otros, para la elaboración de estudios o investigaciones.

A la pregunta de ¿por qué no quieren las dependencias que participen los ciudadanos en la toma de decisiones? 70 por ciento dice porque implican recursos que “no tienen las dependencias”, implicaría “distraer personal”, y 15 por ciento dice que dificultaría la operación y además la normatividad “no lo permite”. Un curioso 15 por ciento dice que no sabe cómo hacerle.

En el Poder Legislativo, las comisiones ordinarias y extraordinarias en ambas Cámaras no tienen estándares para la atención de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en la discusión y aprobación de leyes y decretos como el Presupuesto de Egresos de la Federación, sujetándose a la discrecionalidad del presidente de la Comisión en turno. En general, la sensación de recibir atole con el dedo es una constante. Al nivel local el desdén se repite: En sólo 19 entidades federativas existen leyes de participación y solamente en seis tienen leyes de fomento para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (datos al 2011).

En el camino, el trabajo de los defensores de derechos humanos es amenazado y violentado a grado tal que de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se registraron 89 eventos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones o familiares, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012. Por su parte, Artículo XIX constató que las agresiones contra la libertad de expresión aumentaron un 46 por ciento en los dos primeros trimestres de 2013, comparado con el mismo periodo de 2012. A su vez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional han publicado sendos informes que denotan la vulnerabilidad de la participación ciudadana en asuntos de interés público.

En los partidos políticos es común encontrar que su principal interés para vincularse con las organizaciones de la sociedad civil tiene afanes clientelares o corporativos. Tantos votos das, tanto vales. No existe la deliberación. Es una pérdida de tiempo. Existe vinculación para legitimarse en el periodo electoral. Después, en el mejor de los casos, las organizaciones son un estorbo; en el peor de los mismos, no existen. Aún en la asignación de candidaturas, las cúpulas ignoran a su militancia: de acuerdo con el Comité Conciudadano para la Observación Electoral en 2012 “90% de las y los candidatos a legisladores federales que se disputan el apoyo de las y los ciudadanos representados fueron, por una parte, electos a través de métodos que estuvieron bajo el control de las cúpulas partidistas y sin la participación directa de la militancia”.

Es notable que en las páginas Web de los tres partidos políticos más importantes no existen mecanismos de vinculación con las OSC. En el PAN, en su discreta sección de Vinculación sólo se hace un llamado para “trabajar con voluntariado panista para formar líderes”; en el PRI sólo hay un directorio de organizaciones “adherentes” (varias de ellas con la dirección postal de la sede nacional del partido); en el PRD no existe un espacio en su página Web de vinculación con las OSC.

La cerrazón de los partidos es tal, que jóvenes agrupados en Democracia Deliberada, literalmente batallaron incluso desde las vías legales para afiliarse al PRD. Ganaron, pero detrás dejaron a la burocracia que aludía a que “no había Ipads” para negarles la afiliación. Esto es lamentable cuando los partidos políticos son de interés público y son el único canal de participación para la ciudadanía que desea presentarse en las boletas y acceder al poder público.

En sus estudios sobre las razones por las cuales los ciudadanos mexicanos se asocian, la investigadora Fernanda Somuano ha concluido que, entre diversas causas, la que más influye es la experiencia de haber recurrido a una organización con otras personas para resolver un problema. Esta variable, apunta, es más importante que los recursos económicos o la escolaridad. Así, la participación depende “más del tiempo, las identidades de grupo, el interés en la comunidad y los intentos de organización previa”. Esta experiencia previa, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2012, sólo se ha dado en una cuarta parte de la población y de ésta casi la mitad afirmó que fue muy difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común.

La clase política le debe a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada un trabajo más arduo de normatividad, de programas, de políticas que fomenten la participación de las organizaciones (pues ésta no se da por generación espontánea). Un ejemplo es la Reforma Política aprobada a nivel constitucional el año pasado y que fuera fruto de un largo proceso de presión ciudadana. Hoy está empantanada de cara a su legislación secundaria e impide la participación ciudadana a través de la consulta popular (que incluye al plebiscito y al referéndum), la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes que son herramientas que sin duda fomentarán la organización ciudadana al margen de los partidos y sus cúpulas.

A todo gobierno le conviene fortalecer la participación de la sociedad civil organizada, tanto para verificar su legitimidad como para incorporar propuestas innovadoras o perspectivas que mejoran su gestión. Sin embargo, la renuencia a fortalecer el involucramiento ciudadano en los asuntos de interés público es exasperante.

En la democracia son fundamentales la deliberación, la confrontación y los procesos que, por regla, son abiertos y constructivos, pues reconocen la pluralidad y dirimen de forma pacífica los conflictos buscando incluir puntos de vista bajo el respeto a las ideas y no bajo los principios de la cooptación, el clientelismo o corporativismo. Para ello debe privilegiarse el debate y la discusión por encima de la negociación de cuotas, puestos, reglas y recursos. En eso, la dispersión del poder es fundamental lo cual incluye, entre otros factores, fortalecer a la ciudadanía y sus organizaciones. El gobierno y la clase política también deben hacer su parte cambiando las reglas que lo impiden. Va siendo hora.

Seguimos la conversación.

 

* Una disculpa por la ausencia. Aprovecho para anunciar que esta columna se muda a los domingos.