Ciudad Airbnb
Redacción Animal Político · 28 de octubre de 2022
En mayo de 2022, un Juzgado de Distrito ordenó al Gobierno de la Ciudad de México realizar un diagnóstico de cómo la pandemia había afectado el derecho a la vivienda de las personas inquilinas. Una vez realizada esa evaluación, la siguiente orden era que adoptara las políticas públicas que considerara pertinente para “prevenir y mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia en personas inquilinas de la Ciudad de México”.
Las autoridades capitalinas no acataron la sentencia y presentaron un recurso de revisión solicitando que sea modificada.
Este 26 de octubre, cinco meses después de la sentencia, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que firmó con Airbnb y la UNESCO una “Alianza para el desarrollo, fortalecimiento y promoción del Turismo Creativo y los Nómadas Digitales”. Lo anterior sin siquiera tener un diagnóstico sobre el impacto que fenómenos como las plataformas de hospedaje turístico y la migración por teletrabajo generaron en la vivienda de arrendamiento durante la pandemia.
El acceso a la vivienda se ha visto progresivamente mermado a lo largo de los últimos años, particularmente en los últimos veinte. En ese sentido, no es un fenómeno generado por la pandemia, aunque sí trajo nuevos factores en juego y elevó la tensión social frente al tema. Pareciera un debate cada vez más visible en medios de prensa y en redes sociales, sobre todo en Ciudad de México.
Si bien hace falta mucha más información, hay algunos datos que nos permiten sospechar al menos los riesgos que este tipo de acuerdos con plataformas como Airbnb pudiese tener en la oferta de arrendamiento.
De acuerdo con datos generados por la urbanista Rosalba Loyde, alrededor del 1% de los anfitriones de Airbnb en Ciudad de México concentrarían más del 10% de la oferta. Gran parte de sus propiedades están en zonas céntricas de la ciudad. Asimismo, según datos disponibles de la propia plataforma Airbnb, el 63% de los anfitriones en Ciudad de México ofrecen más de una casa o departamento. El top 10 de los “host” de Airbnb en esa ciudad tienen entre 51 y 198 unidades ofertadas.
Estos datos preliminares nos evidencian que, al igual que en otras ciudades del mundo, el negocio de Airbnb se sostiene principalmente de empresas inmobiliarias o grandes propietarios. No así de, por ejemplo, personas adultas mayores que tienen un cuarto o un inmueble que ponen en renta para subsistir.
La falta de un diagnóstico de la situación antes de adoptar un convenio de esta naturaleza evidencia no solo una claudicación de las autoridades frente a sus responsabilidades, sino una intención de impulsar una política inmobiliaria en lugar de una política de vivienda.
Confrontar el convenio con Airbnb obliga a recordar las grandes ausencias en materia de vivienda de arrendamiento en Ciudad de México: la mayoría de los arrendamientos no cuentan con contrato por escrito y no hay consecuencias legales por ese incumplimiento; no hay un registro capitalino de viviendas de arrendamiento; no hay regulación para las plataformas de hospedaje turístico, y falta una ley inquilinaria que permita adecuar la relación de arrendamientos a estándares internacionales.
Si la vivienda es un derecho humanos, este debate tiene que ser entendido como un asunto de derechos humanos. Ojalá lleve a una movilización y exigencia constante, tal y como en su momento hicieron otras luchas y movimientos en el país.