Cisma en PGR

La Procuraduría General de la República [PGR] atraviesa por una crisis constitucional inusitada. Su credibilidad es prácticamente nula. Las estadísticas evidencian su inefectividad como fuente de una creciente impunidad. Ante el pasmo e incredulidad social, los delitos de alto impacto como el narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, tráfico de armas y de personas se multiplican en el país.

El titular de la PGR ocupa el cargo de manera transitoria. Después de tres años y medio, el Fiscal Anticorrupción no ha sido nombrado. El Sistema Nacional Anticorrupción está desfigurado. No habían pasado cinco días de la renuncia de Raúl Cervantes, cuando la institución se cimbra con la estruendosa remoción del Fiscal Especializado en Delitos Electorales. Abogados, medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil cuestionan competencias, métodos y procedimiento del despido. La PGR hace mutis.

Se tiene la esperanza de que el Senado, en uso de sus facultades constitucionales, restituya a Santiago Nieto en su cargo. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué criterio seguirá la Cámara para esos efectos? ¿Sus pautas tendrán que ser jurídicas, políticas o de simple coyuntura electoral? La Constitución Federal sólo establece que el Procurador puede remover libremente al Fiscal Especial, sin especificar las pautas para que el Senado justifique su oposición.

El problema es que la PGR opera en un ámbito jurídico, y al mismo tiene que ceñirse. La Cámara de Senadores en cambio, aunque también actuando en el marco constitucional, como contrapeso en el ejercicio del poder sus decisiones son eminentemente políticas. De ahí que en aras de transparentar los hechos y la ciudadanía podamos evaluar la pertinencia del despido, en este caso debe procederse de la siguiente manera:

1. Se difunda la carta que Emilio Lozoya dirigió al extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Este documento es toral en el debate, pues constituye el punto crítico de la entrevista que Reforma hizo a Santiago Nieto y que en apariencia originó su despido. Cabe señalar que nada debería obstar para hacerla pública, pues si su contenido se ventiló en un medio de comunicación, se entiende que la misma no forma parte integrante de una investigación penal (recuérdese que por mandato legal, la información en este tipo de investigaciones se clasifica como reservada).
2. Se difunda la carta que, a decir de Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, fue la que en realidad se entregó a Santiago Nieto y en la que, supuestamente, su cliente se ofreció a testificar en forma voluntaria en la respectiva investigación penal.

1. La PGR explique las razones concretas que justificaron la destitución del Fiscal Especial, y cómo fue que las mismas violaron el código de conducta de la institución o, en su caso, las leyes que rigen las actuaciones de quienes laboran en ella.
2. Se defina si los funcionarios públicos que tienen a su cargo la investigación de delitos pueden informar a terceras personas o hacer públicas actuaciones de las que tengan conocimiento. La conclusión a la que se llegue en este caso tendrá que extrapolarse a cualquier indagatoria penal -sin importar sujetos ni materia-, al igual que a todas las investigaciones administrativas conducidas por el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Federal de Competencia Económica, etcétera. Lo mismo respecto toda clase de juicios ante tribunales, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Son muchos los dimes y diretes entre las partes involucradas en el conflicto. A unos les creeremos más que a otros, pero la única verdad es que las evidencias documentales. Los ciudadanos nos merecemos conocer la verdad. La mejor manera de lograrlo es transparentar el proceso que en fecha próxima se seguirá en el Senado.

@LuisPerezdeAcha