blogeditor · 9 de octubre de 2015
Esta semana Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó en entrevista con Brozo en qué consiste el síndrome de Juan Escutia:
“Es aquel que padecen funcionarios y funcionarias que cuando se trata de cooperación internacional en derechos humanos se enrollan en un oficio o periódico y se avientan desde lo alto de su escritorio diciendo que se violó la soberanía”.
El General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, padece de este síndrome. Se ha negado rotundamente a que la CIDH, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, investigue si hubo o no participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, alegando que el Ejército representa la soberanía nacional y que solamente reporta a las instituciones mexicanas.
[contextly_sidebar id=”ccPZx8EoBn3LZ13c8OjfAwpkoARweHUr”]El General Cienfuegos no ha entendido que las recomendaciones de la CIDH no violan la soberanía de nuestro país. Como dice Álvarez Icaza: esas recomendaciones fueron hechas porque el Estado mexicano libremente y en ejercicio de su soberanía ha firmado tratados y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Incluso fue el mismo Estado mexicano el que invitó a la CIDH para que, a través de su grupo de expertos, evaluara y asesora al gobierno sobre el caso Iguala y ahora no acepta las observaciones y recomendaciones que le han hecho.
Cienfuegos no es el único que padece el síndrome. El panista Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado, hizo una declaración imperdible en este mismo sentido: “Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que el Estado mexicano esté fallando de manera sistemática y generalizada en la defensa de los derechos humanos (…) El Estado mexicano puede resolver sus propios conflictos”.
El mismo subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, rechazó el informe preliminar de la CIDH y dijo: “El gobierno mexicano refrenda su absoluta apertura y compromiso con la transparencia para trabajar de la mano con la CIDH y otras instancias internacionales. Sin embargo, no comparte el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. En pocas palabras, el mensaje del subsecretario fue que tenemos apertura para trabajar con los organismos internacionales pero sólo si no nos critican.
Una declaración igualita se aventó hace unos meses el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, cuando el relator de la ONU, Juan Méndez, consideró que la tortura es una práctica generalizada en México. Meade enfureció y dijo que el relator había actuado de manera irresponsable, poco ética y sin sustento, y que era mejor ya no trabajar con él por algún tiempo.
La crisis de derechos humanos que se vive en el país es evidente para todo el mundo menos para la clase política. El mismo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, respaldó el informe de la CIDH y dijo que el Estado mexicano ha sido intolerante a la crítica. En su visita a México lanzó un mensaje contundente al gobierno: “Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para los organismos internacionales de derechos humanos y no debe ser una opción para los políticos mexicanos”.
A los funcionarios que se empeñan en esconder las violaciones de derechos humanos detrás del falso discurso de la soberanía, hay que decirles que el síndrome de Juan Escutia es curable y empieza por aceptar que hemos hecho las cosas soberanamente mal.
Envolverse en la bandera de la soberanía y saltar al vacío es todo menos heroico, entérense.