Los derechos humanos en el centro de la política fiscal

Por Paulina Castaño Acosta / investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

Detrás de cada presupuesto hay una idea de país. También se expresan las prioridades, exclusiones y disputas de poder. La política fiscal no solo organiza cifras y montos, organiza posibilidades y oportunidades de vida.

En América Latina, donde la desigualdad sigue marcando el acceso a la salud, la educación, la vivienda, la cultura y la seguridad social, las decisiones sobre impuestos y gasto público tienen un peso todavía mayor. Sin recursos suficientes, los derechos existen en el papel, pero no necesariamente en la vida cotidiana.

Hablar de derechos humanos sin hablar de recursos públicos es hablar a medias. La salud, la educación, la cultura, el trabajo, la seguridad social y el medio ambiente sano dependen de decisiones muy concretas sobre cuánto recauda el Estado, cómo cobra, en qué gasta y a quién protege primero. Por ejemplo, en México el Paquete Económico 2025 propuso un recorte general del 1.9% del gasto público, afectando áreas clave para la garantía de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia climática. Para 2026, el panorama mejoró en algunos rubros, pero los problemas estructurales persisten. El presupuesto en salud se mantiene en apenas el 2.5% del PIB, muy por debajo de la recomendación internacional del 6%; la cultura enfrenta un recorte del 4.5%; y el presupuesto destinado al medio ambiente equivale solo al 0.1% del PIB.

Por eso importa tanto la Resolución No. 2/26 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 28 de abril de 2026 sobre políticas fiscales y derechos humanos en las Américas. Esta resolución conecta de forma directa las decisiones sobre ingresos públicos, tributación, presupuesto, gasto, endeudamiento y sostenibilidad fiscal con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Reconoce además principios como igualdad y no discriminación, progresividad, máximo uso de recursos disponibles, y los vincula con derechos como la salud, educación, trabajo, seguridad social y medio ambiente sano. 

Este reconocimiento histórico no surgió de manera espontánea. Detrás hay años de trabajo de organizaciones de sociedad civil de la región que empujamos el tema cuando todavía parecía inalcanzable. La Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, integrada por ACIJ, CELS, Dejusticia, Fundar, INESC, la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe, CESR y GI-ESCR, trabajó durante más de una década para colocar los derechos humanos en el centro de la discusión fiscal, con una mirada regional y con herramientas concretas para que los Estados no improvisen cuando deciden cuánto recaudar y a quién beneficiar. Las audiencias ante la CIDH en 2016, 2018, 2023 y 2025, informes técnicos e incidencia en foros internacionales fueron parte de ese camino.

La resolución de la CIDH deja una idea muy clara: sin recursos no hay derechos. Los Estados deben diseñar, adoptar y evaluar sus políticas fiscales de forma compatible con sus obligaciones de derechos humanos, orientar la recaudación y la asignación de recursos hacia la garantía de esos derechos, revisar reglas fiscales, fortalecer la progresividad y proteger los niveles mínimos esenciales, incluso en contextos de crisis y restricción fiscal.

Esto cambia la conversación pública porque ya no permite presentar la política fiscal como un asunto técnico aislado o como un simple ejercicio contable. La CIDH afirma que el presupuesto público traduce promesas en acciones y que la austeridad no puede convertirse en una excusa para recortar servicios esenciales de manera regresiva. Si un ajuste amenaza salud, educación, cuidados o protección social, el Estado solo puede adoptarlo de forma excepcional, temporal, necesaria, proporcional y no discriminatoria.

Un punto resulta especialmente relevante para América Latina, pues la resolución insiste en que la deuda pública y su sostenibilidad no pueden evaluarse solo con indicadores macroeconómicos, sino también a partir de si el endeudamiento deja al Estado con capacidad real para financiar políticas y servicios esenciales. En el mismo sentido, pide combatir la evasión, la elusión, los flujos financieros ilícitos y los beneficios fiscales injustificados, porque cada peso que se pierde por esas vías es un peso que no llega a hospitales, escuelas, cuidados, cultura o políticas ambientales.

La resolución también toca una fibra democrática que a veces se olvida. Pide transparencia, acceso a la información, participación social y rendición de cuentas en todo el ciclo fiscal, porque la forma en que el Estado recauda y gasta no solo define cuánto avanza en derechos, también define quién participa en esas decisiones y quién carga con sus costos. Cuando la política fiscal se diseña a puerta cerrada, cuando los beneficios a empresas no se revisan o cuando la corrupción captura recursos, el daño no es menor. Se traduce en desigualdad, exclusión y desconfianza pública.

Que los derechos necesitan recursos parece obvio, pero durante años esa discusión quedó fuera de los espacios donde se decide la política económica. Este nuevo estándar regional cambia eso y ofrece una herramienta más sólida para exigir que las decisiones fiscales se evalúen también por su impacto en la vida de las personas.

Porque al final, la discusión de fondo no es solo cuánto recauda un Estado o qué tan rápido reduce su deuda. Es quién puede acceder a un hospital, quién tiene garantizada una pensión, qué comunidades quedan protegidas frente a la crisis climática y qué vidas se consideran prioritarias cuando se decide el destino del dinero público. Ahí es donde la resolución de la CIDH marca un antes y un después. No basta con equilibrar las cuentas, también hay que equilibrar las desigualdades.