Redacción Animal Político · 25 de noviembre de 2025
América Latina atraviesa una de las mayores crisis hídricas del planeta. Desde México hasta Argentina las sequías se intensifican, los acuíferos se agotan y la desigualdad en el acceso al agua evidencia profundas brechas sociales. Más de 150 millones de personas viven en área de escasez extrema de agua en Latinoamérica (Banco Mundial, 2019). Aún con abundantes recursos naturales, la OECD (2025) destaca que, siendo la región más rica en agua, es a la vez una de las más vulnerables al riesgo hídrico. Chile no es la excepción, sino un reflejo ampliado de esa realidad, donde la escasez y la privatización configuran un modelo agotado.
Mientras la crisis climática y la producción agroindustrial 1 reducen los caudales, miles de familias rurales sobreviven gracias a camiones cisterna. Pero en el centro del poder político, el tema sigue siendo tratado sin la urgencia que merece, limitándose a soluciones que ignoran las consecuencias sociales y ambientales, con regulaciones deficientes y sin formas de gestión integral y sostenible del agua que garanticen el acceso a la población, excluyendo en mucho de los casos a la gobernanza participativa en la aplicación de sus reglamentaciones, como si el modelo actual no fuera precisamente parte del problema.
Poner el agua en el centro del debate es un acto de supervivencia cuyas implicaciones tocan temas y prioridades en torno a la democracia, a nuestra sociedad y al equilibrio necesario entre humanos y planeta. Visibilizar la crisis permite entender que no es solo un problema técnico, sino de justicia social y derechos fundamentales, y que su solución requiere nuevas formas de relación entre gobierno, empresas, ciudadanía y vinculación con los ecosistemas. Poner la crisis hídrica en el foco es la única vía para generar la presión necesaria que fuerce a los gobiernos a pasar de las medidas paliativas a las transformaciones estructurales.
Hablar de transición hídrica justa no solo está ausente, resulta incómodo. Una transición justa implica reconocer el agua como derecho humano, proteger los ecosistemas que la sustentan y construir nuevas formas de gobernanza basadas en el bien común; una necesidad ecológica, social y ética.
En ese contexto, surgen iniciativas como Escenarios Hídricos 2030, una plataforma colaborativa impulsada por Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina, en alianza con CNN Chile, que busca posicionar al agua en el centro del debate político y ciudadano. A través del programa especial “El Futuro del Agua”, se plantea visibilizar la crisis y empujar una agenda política que esté a la altura de la urgencia climática que vivimos.
“El agua es una agenda transversal en Fundación Avina que se conecta con nuestros ejes de impacto. Para garantizar el derecho al agua segura, impulsamos conversaciones en diversos espacios con tomadores de decisión. Este programa especial que organizamos junto a nuestros aliados en Chile es un ejemplo de la articulación que promovemos para generar cambios sistémicos”, expresó Florencia Iacopetti, quien lidera el programa Agua.
Este esfuerzo no es menor, evidencia lo que muchos discursos oficiales prefieren ignorar: sin agua no hay democracia plena y tampoco es posible el desarrollo sostenible. No habrá transición energética sin agua; no habrá reactivación económica sin cuencas saludables; no habrá futuro sin ecosistemas funcionales. Cualquier estrategia política que no contemple una transformación estructural en la gestión del agua está condenada al fracaso.
En Latinoamérica, las comunidades demuestran que el cambio es posible y nos dan ejemplos de cuidado de las fuentes hídricas como en el Chaco paraguayo, donde se protegen humedales y acuíferos, asegurando agua para consumo y producción local. En Brasil, las redes del semiárido nordestino han instalado miles de cisternas familiares y han promovido modelos de gestión compartida que hoy son referencia en políticas públicas. En Argentina, municipios y comités de agua vecinales trabajan de forma articulada para mejorar el acceso al agua en zonas periurbanas y rurales, priorizando el derecho humano al agua por sobre el uso extractivo.
En México, comunidades indígenas y rurales han desarrollado sistemas de cosecha de lluvia y gobernanza comunitaria, combinando innovación tecnológica con prácticas ancestrales. Más de una década después, ha llegado al centro del debate público y en estos momentos se está discutiendo una Ley General de Aguas que busca garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, donde por primera vez se reconoce por parte del Estado la labor de los gestores comunitarios de agua.
E incluso en Chile, comunidades y sociedad civil organizada trabajan en la protección de las fuentes de agua como en la Comuna de María Pinto, donde los vecinos, organizaciones y el gobierno local protegen sus cerros para asegurar la conservación de las fuentes de agua.
Estas experiencias evidencian que, al construirse desde el territorio y la colaboración, las respuestas son más pertinentes, resilientes, equitativas y sostenibles. La resiliencia hídrica es posible cuando se prioriza el cuidado de los ecosistemas y la gobernanza comunitaria, con ellos , las comunidades y gestores como protagonistas.
Marcela Guillibrand, coordinadora de proyectos de Fundación Avina en Chile, subrayó que “es clave avanzar en soluciones que reconozcan la diversidad de realidades territoriales y fortalezcan las capacidades locales para gestionar el agua. La participación de las comunidades en la toma de decisiones debe estar en el centro del nuevo modelo de gobernanza hídrica”.
A nivel individual, repensar nuestro consumo, exigir transparencia y apoyar iniciativas territoriales son acciones clave que, sumadas, pueden detonar un cambio mayor.
Chile no puede permitirse otro ciclo político sin abordar de frente su crisis hídrica. Se necesita una estrategia integral que repare las desigualdades históricas en el acceso al agua y garantice la participación real de los territorios en las decisiones que los afectan.
Esto se logra con evidencia, planificación y voluntad política. Y, sobre todo, que quienes aspiran a liderar el país entiendan que el agua no puede seguir siendo una nota al pie en sus programas, porque cuando el agua falta, todo lo demás (educación, salud, empleo) deja de importar.
El desafío hídrico no se resolverá desde una sola institución ni un solo país. Requiere alianzas amplias, diálogos entre todos los sectores y la convicción de que la sostenibilidad no es un horizonte técnico, sino un pacto social. Solo así, colectivamente y desde todos los sectores, será posible asegurar el agua como derecho fundamental para el futuro de América Latina.
Este texto fue redactado por Emigdia Ybáñez y Marcela Guillibrand del Programa Agua y editado por Pablo Baños, Elena Rojas Parra y Carlos March.
1 Producción industrial se refiere a empresas de diversos sectores; mineras, bebidas, industrias forestales, agricultura, ganadería, etc. En donde, generalmente, la mirada de gestión del agua está en función de los negocios y no del acceso a agua para las poblaciones y comunidades.