Redacción Animal Político · 9 de marzo de 2026
Por Rodrigo Bustos Bottai
El 14 de diciembre de 2025 Chile eligió al nuevo presidente de la nación, José Antonio Kast, del Partido Republicano –identificado por su marcada política anti derechos humanos–, con el 58% de los votos. El programa de gobierno de Kast, quien asume el 11 de marzo, es motivo de preocupación porque implica cambios sustanciales en temas vitales como migración, educación, medio ambiente y gasto en materia social.
En cuanto a migración, alerta concretamente el anuncio de medidas que implicarían la criminalización y falta de protección para las personas migrantes. Cabe recordar que ningún estatus migratorio anula la dignidad ni los derechos básicos de una persona. Restringir el acceso a salud, educación o condiciones de vida dignas no es una política pública eficaz: es una medida cruel y contraria a los principios más elementales de derechos humanos, especialmente cuando impacta a infancias y adolescencias.
Por otra parte, en materia de gasto social, el programa de gobierno considera un “ajuste” de 6 mil millones de dólares en el gasto público, cuyo detalle no ha sido debidamente explicado hasta ahora y que podría tener consecuencias profundas en la vida de millones de personas y, por tanto, generar una regresividad en los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA).
Además, en su reciente gira por América y Europa, el presidente electo dejó entrever parte de lo que será el tono de su administración los próximos cuatro años. Así, por ejemplo, durante su intervención en la VII Cumbre Transatlántica, en Bruselas, llamó la atención que utilizara conceptos como “ambientalismo extremo”, “animalismo radical”, “feminismo ideológico” o “indigenismo radical”, para referirse a movimientos sociales que defienden derechos fundamentales en Chile. Esto podría entorpecer el debate público y poner en peligro a quienes los defienden.
Durante su campaña por la presidencia, Kast aludió a esos mismos conceptos sin mayor profundidad. En su gira, desde la lejanía de Europa, los retomó rodeado de políticos cercanos a sus propuestas.
Estas expresiones podrían estar anunciando una línea de acción cuyas consecuencias empezarían a observarse en el mes de marzo, con la llegada del nuevo gabinete y también el inicio de la agenda legislativa. La ciudadanía, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, tendrá la difícil y desafiante labor de vigilar, documentar, denunciar y movilizarse por la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Un Congreso dividido, un Chile que necesita diálogo
Durante la jornada electoral en Chile se renovó también la totalidad de la Cámara de Diputados y Diputadas y parcialmente el Senado.
En Chile, ambas cámaras participan en la función legislativa, pero tienen atribuciones diferenciadas y complementarias. La Cámara de Diputados y Diputadas, encargada principalmente de impulsar leyes y fiscalizar al gobierno, quedó con una mayoría conservadora que podría dificultar el avance de propuestas relacionadas con los derechos humanos; mientras que el Senado quedó empatado entre tendencias políticas, lo que implica una fuerte fragmentación y la necesidad de alianzas para aprobar iniciativas legislativas.
En este escenario, el diálogo se vuelve esencial para sostener acuerdos democráticos mínimos. De lo contrario, el país corre el riesgo de profundizar la polarización existente, donde incluso consensos básicos —como el respeto mutuo y la empatía en la convivencia cotidiana— se volverán cada vez más difíciles de sostener.
Chile no puede sumarse a la preocupante tendencia de gobiernos que adoptan prácticas autoritarias y regresivas en materia de derechos humanos.
Ante el caos mundial: resistencia y transformación
El contexto global con el que inició este año es sumamente complejo. Está caracterizado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro; a lo que se suma la continuidad del genocidio en Palestina y otros conflictos mundiales, como los recientes ataques realizados por Estados Unidos e Israel a Irán, en los que las superpotencias dicen actuar de manera constructiva, pero en la práctica contribuyen a erosionar las normas del derecho internacional y el multilateralismo.
En las Américas, el entorno también ha cambiado radicalmente en los últimos años, debido a la creciente desigualdad y discriminación, el aumento de las prácticas autoritarias y los procesos de cierre del espacio cívico, la criminalización de la protesta, las desapariciones forzadas, el incremento de las violencias contra las mujeres, las personas migrantes y de la diversidad sexual, los desplazamientos masivos provocados por la violencia y la inseguridad y una emergencia climática que acelera y agrava las violaciones de derechos humanos y el sufrimiento de millones de personas, incluidas quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente. Todo ello avalado por un llamado al orden y la seguridad fundamentado en la instrumentalización del miedo.
Para Amnistía Internacional esta situación plantea un desafío clave y una oportunidad: mientras la élite política global busca identificar respuestas a la ruptura o al fin de la supuesta “paz” tras la II Guerra Mundial, la pregunta ahora es: ¿cómo garantizamos que la protección de los derechos humanos se mantenga en la agenda? La clave es la resistencia activa y colectiva. Es decir, proteger lo ganado, resistir cualquier política de retroceso y transformar con imaginación para construir un mundo mejor.
Amnistía Internacional está preparada para enfrentar este contexto a nivel global, regional y, ahora, también en Chile. El camino de los derechos humanos, de la justicia y la dignidad, nunca ha sido fácil. Su defensa ha costado la vida de millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. No es un camino recto, está lleno de curvas y obstáculos.
Para detener estos retrocesos, se hace imprescindible hoy, como desde hace varias décadas, la solidaridad internacional. Millones de personas en todo el mundo, miles en México, han sido solidarias con las luchas y exigencias del pueblo chileno. En los próximos años será crucial esa presión internacional.
Las voces de las millones de personas activistas de Amnistía Internacional han sido fundamentales para lograr nuestros objetivos. Sabemos de los embates que enfrentaremos para defender los derechos humanos ante el nuevo gobierno chileno, pero sabremos enfrentarlos como siempre, con argumentos, trabajo riguroso y racionalidad, con humanidad, coherencia y respeto, pero con exigencia firme. Sabemos que no es sencillo, pero es posible.
* Rodrigo Bustos Bottai, (@rbustosbottai) es Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.