Chile ante una Constitución referente mundial en derechos humanos

Desde mediados de octubre de 2019, Chile comenzó a vivir uno de los episodios más trágicos y a la vez más transformadores de su historia reciente. Lo que comenzó con protestas principalmente de estudiantes, a raíz del incremento de la tarifa al transporte público en la Región Metropolitana, detonó una ola de manifestaciones que se propagó rápidamente por todo el país.

Esta expresión multitudinaria de inconformidad demandaba una mayor igualdad social y exigía el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales y económicos, tales como el derecho a una pensión digna, a una vivienda, a la educación y a salud pública de calidad.

En ese contexto, en numerosas ocasiones la policía chilena en lugar de garantizar la integridad física de quienes asistían a las manifestaciones y gestionar adecuadamente los brotes violentos, lejos de restablecer el orden público, lesionó a miles de personas, cientos de ellas de gravedad. Si bien muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas a manos de agentes del Estado se habían registrado anteriormente, los niveles de abusos que ocurrieron a partir del 18 de octubre de 2019 no tienen precedentes en tiempos de democracia.

En ese entonces, desde Amnistía Internacional señalamos que el Estado chileno debía adoptar un conjunto de medidas que permitieran avanzar en verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, respecto de esas graves y generalizadas violaciones de derechos humanos. Y dado que esos abusos se dieron en el marco de manifestaciones masivas que exigían derechos económicos y sociales básicos en Chile -salud, educación, pensiones, vivienda y trabajo dignos- resultaba esencial que las autoridades tuvieran presente dichas exigencias  al momento de dar respuestas a esta crisis social.

Sin embargo, las demandas ciudadanas que surgieron en ese momento no eran recientes, se arrastraban por décadas, por lo que quedó demostrado que la Constitución vigente no garantiza adecuadamente los derechos fundamentales. Recordemos que dicha Constitución fue emitida durante la dictadura de Augusto Pinochet, por lo que no cuenta con legitimidad de origen, siendo un obstáculo persistente a la hora de avanzar en el ejercicio de los derechos humanos.

Por otra parte, cuando en Chile comenzó el proceso constitucional a fines de 2019, afirmamos enfáticamente que nos íbamos a preocupar especialmente de dos cosas. Lo primero era que ese proceso debía ser participativo y abierto a la ciudadanía, cuestión que, consideramos, se cumplió ampliamente, no solo por los diversos procesos de consulta, sino también por la existencia de mecanismos que han permitido la participación igualitaria de mujeres y grupos sistemáticamente discriminados -como los pueblos indígenas y las personas con discapacidad-, y la existencia de alrededor de mil audiencias públicas y la posibilidad de presentar iniciativas legislativas populares.

“Aprobar es humano”

Lo segundo era que los derechos humanos estuvieran en el centro de la nueva Constitución. Creemos que ello se ha cumplido de manera relevante y por ello Amnistía Internacional ha lanzado la campaña “Aprobar es Humano”, de cara al plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en el que los pueblos de Chile decidirán si aprueban o rechazan esta propuesta de nueva Constitución.

En primer lugar, consideramos que existen avances significativos respecto de los derechos civiles y políticos. Se trata de un conjunto de temas que son relevantes dada la historia reciente de Chile y de los países de América Latina en las últimas décadas.

Con la nueva Constitución se avanzará en la materia como nunca se ha hecho. El Estado de Chile estará entre los países que erradican la pena muerte de su ordenamiento jurídico y, por primera vez se señala expresamente que ninguna persona podrá ser “sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, ni “sometida a desaparición forzada”. Se establece por primera vez en una constitución chilena que: “El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos”. También se fortalece el derecho a manifestarse, lo que es muy relevante para Amnistía Internacional en el marco de nuestra campaña global “Protejamos la protesta”.

Otro aspecto muy valioso que incluye el proyecto de la nueva Constitución chilena es el cambio de paradigma respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Los derechos sociales se reconocen de manera robusta, lo que allana el camino para comenzar a mejorar las condiciones de vida de las personas en temas como acceso a la vivienda, pensiones dignas, trabajo digno y los derechos al agua, a la educación y a la salud. Esos derechos ya no estarán bajo la lógica del “sálvese quien pueda”, propia de un modelo neoliberal, y sí en un Estado social y democrático de derecho en que se establece el deber estatal de “generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.

En materia ambiental, Chile tendrá probablemente la primera constitución ecológica del mundo, con un capítulo completo que aborda los derechos medioambientales y con una nueva mirada de la relación con la naturaleza para enfrentar las urgencias que tiene nuestro planeta respecto del cambio climático. Dichos temas requieren liderazgos políticos que asuman la responsabilidad y compromiso de adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica.

La nueva Constitución dará herramientas para cuidar la naturaleza, ya que le estamos entregando valor a su existencia misma y a las funciones de los ecosistemas en nuestra vida. Por ejemplo, conferir derechos a un glaciar hará que se respete y proteja su existencia, y eso podría impactar de forma positiva en el abastecimiento de agua de los seres humanos.

Mujeres y personas en situación de riesgo

Por si esto fuera poco, la nueva Constitución se haría cargo de abordar los derechos de las mujeres y de las personas que requieren protección especial, como no lo ha hecho ningún texto constitucional en el mundo.

Se contemplan múltiples obligaciones del Estado respecto de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, y se establecen deberes respecto de las personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados, como ocurre con las disidencias sexuales y de género, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas migrantes y refugiadas y personas privadas de libertad.

Además, se agregan una serie de normas dirigidas a hacer efectivos estos derechos, estableciendo una Defensoría del Pueblo y una Defensoría de la Niñez, para tener una institucionalidad de derechos humanos que se haga cargo de promover y proteger con fuerza los derechos humanos en todo el territorio nacional. Por último, para el caso en que los derechos fundamentales sean vulnerados, se establece la posibilidad de recurrir a tribunales, sin un plazo acotado y para tutelar todos los derechos.

En definitiva, desde Amnistía Internacional vemos con optimismo que el 4 de septiembre Chile tendrá la posibilidad de aprobar la Constitución de 2022 y abrir la puerta a un texto que favorece la igualdad de derechos y que establece un catálogo de derechos coherente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De esta forma el país se convertirá en un referente a nivel mundial. Es por ello que en esta disyuntiva tenemos clara nuestra posición y con nuestra campaña “Aprobar es Humano” impulsamos con gran entusiasmo la lucha por la justicia y la dignidad de las personas.

* Rodrigo Bustos Bottai (@Rodrigo_BustosB) es Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile @amnistiachile.