Centro Nacional de Identificación Humana: un paso hacia la verdad

La desaparición de personas –su comisión, el modus operandi, los perpetradores–  no respeta fronteras, ni competencias institucionales federales o estatales. La fragmentación de análisis, de información, de investigación, de búsqueda y de identificación limita profundamente el acceso a la verdad y a la justicia. La crisis forense y la impunidad sistemática en casos de desaparición son un claro ejemplo de la gravedad de dicha fragmentación.

Las instituciones responsables de la identificación humana en México son, hasta ahora, principalmente las fiscalías a través de los servicios periciales. En menos casos, los institutos forenses pertenecen a tribunales de justicia, o a secretarías de salud y de seguridad.

Existen en nuestro país decenas de miles de cuerpos sin identificar y centenas de kilos de restos óseos calcinados. Algunos se encuentran en fosas comunes y otros en los servicios periciales, sin contar los que aún están en fosas clandestinas esperando a ser encontrados. De los ya localizados no se sabe con claridad cuántos son ni, en algunos casos, dónde están con exactitud. Se sabe, además, que las fosas comunes también pueden ser clandestinas. Asimismo, existen miles de cuerpos más, con nombre y apellido, que han sido enviados a las fosas comunes sin que se busque a su familia.

A ello hay que agregar que las capacidades humanas y tecnológicas de cada institución forense son, en general, absolutamente limitadas, muy pocas tienen un equipo forense multidisciplinario y casi todas están totalmente rebasadas. Si eso no fuera ya grave por sí solo, la información de los cuerpos y de los familiares de personas desaparecidas –poca, mucha, deficiente– no se obtiene con una metodología homologada y tampoco se comparte, incluso, entre periciales y fiscalías del mismo estado, menos entre estados y a nivel nacional. Además, pese a esfuerzos aislados, el sistema ordinario o tradicional pretende resolver caso a caso.

Hay que recordar también que las bases de datos forenses y de personas fallecidas identificadas y no identificadas, corresponde, por ley, a la FGR. Hasta ahora, de la información pública se desprende que dichas bases no se han consolidado y, por información en terreno, se sabe que no se implementa una metodología para que dicha información sea útil y dirigida a la identificación de personas desaparecidas.

Y mientras tanto, se siguen encontrando y abriendo fosas clandestinas. Y los cuerpos se siguen acumulando. Y las familias continúan esperando resultados.

¿Cómo enfrentar, desde el Estado, una crisis de estas dimensiones?

1. Reconociendo la crisis forense y de desaparición, el derecho de toda persona a ser buscada, y el hecho que la identificación humana es un tipo de búsqueda.
2. Compartiendo la información ministerial y forense necesaria para la identificación, así como las certezas de la falta de información, sin importar las fronteras institucionales, competenciales y/o territoriales.
3. Organizando y catalogando la información bajo un enfoque masivo.
4. Construyendo centros de resguardo individualizado para cuerpos y evitando que éstos se sigan enviando a fosas comunes.
5. Tomando muestras referenciales de familiares de personas desaparecidas por grupos familiares y no de manera aislada, sin importar si existe o no denuncia. La búsqueda no debe ni puede depender únicamente de la investigación.
6. Una vez que se cuenta con lo anterior, es necesario analizar, a través de una institución dirigida metodológica y exclusivamente a la búsqueda forense de personas desaparecidas, los cuerpos o restos humanos que ya hayan sido trabajados por las instituciones forenses tradicionales –estén en fosas comunes o en las instituciones– y que no hayan sido identificados. Toda esta información se debe cruzar masivamente con un sistema que compare “todo contra todo”: una búsqueda generalizada que está buscando a todas las personas al mismo tiempo y de manera constante.
7. Finalmente, se deben implementar garantías de no repetición, a través del fortalecimiento de los servicios forenses tradicionales, tal como lo ha ordenado la Corte Interamericana.

¿Qué se ha hecho?

1. El Estado mexicano ha reconocido la crisis de desaparición y la forense, así como el derecho de toda persona a ser buscada, que se vio fortalecido con una decisión de la Suprema Corte de Justicia, 1 pese al rechazo de la FGR. Además, el Protocolo Homologado de Búsqueda, construido con las familias, reconoce la búsqueda de identificación humana.
2. Se han construido, con apoyo federal, centros de resguardo de cuerpos en Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Jalisco y Michoacán, y se construirán en Nayarit, Sinaloa, Sonora, y se ampliará en Jalisco.
3. Se han creado tres centros de identificación humana dedicados exclusivamente a la búsqueda forense de personas desaparecidas. El Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en Coahuila ya se encuentra operando con un enfoque masivo, 2 analizando la información forense existente, realizando exhumaciones de fosas comunes, tomado muestras referenciales por grupos familiares, e impulsando el enfoque masivo con las fiscalías y comisiones de búsqueda de Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. El Centro de San Luis Potosí está por comenzar operaciones y el Centro de Tamaulipas será equipado este año. Además, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se encuentra en capacitación del enfoque masivo y pronto comenzará exhumaciones de fosas comunes.
4. Se ha construido, junto con las familias de personas desaparecidas, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). 3
5. Se ha comenzado a levantar información sobre libros de fosas comunes en panteones municipales donde más de la mitad de los cerca de 15 mil registros, son personas identificadas que fueron enviadas ahí sin buscar a sus familiares y, en algunos casos, sin cruzar esa información con las propias instituciones. 4
6. Se tiene un censo o recopilación de información sobre fosas clandestinas, que permite tener un acercamiento a la dimensión de lo que sucede en el país; esto, pese a la resistencia de varias fiscalías a reconocer la existencia de fosas clandestinas e, incluso, del propio término.

Pese a lo anterior y pese a la exigencia de las familias de personas desaparecidas, sigue sin existir hasta ahora una política pública nacional homologada en materia forense y dirigida exclusivamente a las personas desaparecidas con enfoque masivo; sigue sin compartirse la información y, la que hay, continúa fragmentada. La crisis permanece, la búsqueda continúa y el cuello de botella solo se acentúa.

Reconociendo esta realidad y asumiendo la obligación de Estado, el jueves pasado la Presidencia de la República remitió una iniciativa al Congreso para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que pretende dar un paso importante para combatir la crisis forense.

La iniciativa reconoce y distingue el enfoque masivo dirigido a las personas desaparecidas; otorga facultades de búsqueda forense a la Comisión Nacional de Búsqueda –tal como se reconoce a mecanismos de búsqueda de Colombia o Perú–, dentro de la cual estaría el CNIH para incidir, con independencia técnico-científica y cercano a las familias, en la identificación junto con otras instituciones ordinarias; destaca la toma de muestras referenciales por grupos familiares sin importar que exista o no denuncia; ordena la interconexión y el compartir información entre autoridades para la búsqueda forense, y dispone que el CNIH debe entregar la información a las instituciones competentes. 5 Además, los procesos de identificación con enfoque masivo se llevarán a cabo con el debido proceso legal, así como de protección de datos personales, de las investigaciones y las cadenas de custodia, junto con las fiscalías con que se trabaje, lo cual es plenamente posible y legal, tal como lo ha demostrado el proceso en Coahuila.

La desaparición de personas en México no puede entenderse de manera aislada, fragmentada, ni individualizada, ni puede solo ser vista desde el sistema ordinario o tradicional y lejano a las familias. Mientras no se asuma esta premisa desde la búsqueda, la investigación y la identificación, los esfuerzos seguirán siendo aislados e insuficientes.

De aprobarse por el Poder Legislativo y de fortalecerse desde las diferentes aristas, el Centro Nacional de Identificación Humana representará la posibilidad de sumar los esfuerzos forenses realizados hasta ahora por familias, algunas autoridades, sociedad civil, organizaciones internacionales y cooperación internacional, con un enfoque diferenciado para personas desaparecidas –el único en su tipo desde un Estado–, que permita dar pasos firmes hacia una identificación digna que nos acerque, a todos como sociedad, a la verdad y, eventualmente, a la justicia.  No hay tiempo. Es urgente.

* Karla I. Quintana Osuna (@kiquinta) es Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.

 

 

1 Amparo en Revisión 1077/2019. Primera Sala de la SCJN, 16 de junio de 2021.

2 Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

4 Disponible aquí.

5 Disponible aquí.