Censura práctica o regulación: el punto ciego de la reforma electoral sobre IA

Por Sandra Isabel Jiménez Mateos

La iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum introduce, por primera vez a ese nivel, una puerta constitucional para que la conversación electoral en el espacio digital pueda ser contenida antes de circular (no solo sancionada después), trasladando a las plataformas —y a la ley secundaria— la operación de decidir qué se etiqueta y qué se “evita difundir”. O sea que los grandes censores serán las plataformas, para evitar que se le reclame al gobierno la censura que se ejercerá; pero además, por lo mismo, no habrá un estándar reconocible, sino que tendrá que ajustarse a lo que cada “plataforma” considere que es censurable.

La ley tiene un problema de origen, –que parece menor–, pero no lo es; cuando menciona que todo contenido deberá ser “etiquetado”, nunca define a qué se refiere con esto.

Esto pone en riesgo la libertad de información, que implica que la ciudadanía reciba y comparta información política sin bloqueos preventivos. Pone en riesgo la libertad de expresión que conlleva el que actores políticos y sociales, periodistas y ciudadanía publiquen sin miedo a que el contenido sea bajado “por si acaso”.

La iniciativa pone en peligro la calidad de la deliberación democrática, si se normaliza “evitar la difusión”, porque esto empobrece el debate público y se incentiva la autocensura.

De acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C (párrafo adicionado), la reforma pretende que, durante los procesos electorales, todo contenido alterado o modificado con inteligencia artificial sea etiquetado por quien lo emite y que, si ese etiquetado no existe, las plataformas digitales (y también concesionarios de radio y televisión) queden obligadas a identificarlo, advertirlo y “evitar su difusión”, dejando a la ley secundaria la definición de responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.

El riesgo es que, al ordenar “evitar la difusión” de contenido no etiquetado sin definir en la Constitución quién determina que fue alterado con IA, con qué evidencia (estándar probatorio), bajo qué procedimiento y con qué recursos inmediatos, se abre la puerta a decisiones discrecionales o automatizadas de plataformas (o de autoridades, según la ley secundaria) que incentiven el sobrecumplimiento (bajar de más “por si acaso”) y produzcan un efecto inhibitorio sobre la libertad de información y expresión; además, en campañas el daño puede ser irreversible porque aunque después intervenga el Tribunal, la contienda ya habrá sido impactada por la restricción temporal de circulación de información.

No es censura, es regulación

El debate sobre la reforma electoral estuvo semanas atrapado en una consigna: “no es censura, es regulación”.  Mientras no había iniciativa, el conflicto era sobre todo discursivo. Hoy, con el texto en la mesa, ya es posible identificar un punto normativo específico que toca directamente el ecosistema de la libertad de información: la regulación de contenidos alterados por inteligencia artificial en procesos electorales y, sobre todo, el mandato de “evitar la difusión” de materiales “no etiquetados”.

1) Lo que sí ordena la iniciativa: etiquetado y deber de contención

 

De acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C, en un párrafo adicionado (en el cuadro comparativo aparece “Sin correlativo”), la iniciativa establece primero una obligación para quien emite el contenido:

“Todo contenido relacionado con los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley.”

Hasta aquí el objetivo suena razonable: informar al público cuándo un contenido ha sido intervenido tecnológicamente.

Sin embargo, el mismo párrafo adicionado desplaza la carga también a intermediarios —y ahí está el giro sensible para la libertad de información—, porque señala que: “Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado.”

Y remata con una remisión abierta a la legislación secundaria: “La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.”

Este triple movimiento (etiquetar–evitar difusión–sanciones por definirse) es el núcleo del nuevo poder sobre la información en campañas.

2) La laguna central: “evitar la difusión” sin estándar probatorio ni procedimiento

 

El problema democrático no está en el etiquetado en sí, sino en la combinación entre:

Un mandato constitucional de resultado (“evitar la difusión”), y la ausencia, en el propio texto constitucional, de reglas sobre cómo se decide y con qué evidencia se activa esa contención.

De acuerdo con el propio artículo 41 citado, el diseño procesal no se define ahí: se difiere a “la ley” en forma de “responsabilidades, medidas y sanciones”.

Eso abre una pregunta jurídica inevitable: ¿cuál será el estándar probatorio?

Es decir: ¿qué prueba bastará para afirmar que un contenido fue “modificado o alterado” por IA?, ¿quién lo acreditará?, ¿habrá peritaje técnico?, ¿se permitirá defensa previa o solo posterior?, ¿en qué plazos?, ¿con qué recurso?

Mientras no exista ese estándar, la puerta que se abre es la discrecionalidad: decisiones rápidas, poco transparentes o inconsistentes —tomadas por plataformas o por autoridades, según cómo se diseñe la secundaria— con efectos directos sobre la circulación de información.

3) Primer riesgo: Censura práctica por sobrecumplimiento de plataformas

De acuerdo con el artículo 41 citado, las plataformas quedan como “responsables” de “identificar” y “evitar la difusión” de contenido no etiquetado.

Cuando un sistema normativo impone responsabilidades y prevé sanciones futuras (a definir), el comportamiento más probable de las plataformas es el sobrecumplimiento: bajar o limitar más contenido del estrictamente necesario para evitar castigos. Esto no siempre se presenta como censura en términos formales, pero produce un efecto similar: enfría la conversación pública (chilling effect) y reduce la diversidad informativa, especialmente en coyunturas sensibles.

El punto fino es que la obligación no dice “advertir” solamente; dice también “evitar la difusión”.  Esa expresión, sin reglas claras, incentiva medidas preventivas amplias.

4) Segundo riesgo: arbitrariedad por definiciones amplias (“alterado”, “modificado”, “etiquetado”)

De acuerdo con el párrafo adicionado del artículo 41, el universo regulado es “todo contenido” electoral que sea “modificado o alterado” por IA.

Pero el texto constitucional no define qué cuenta como “alteración”.

Si en estas alteraciones se incluyen ajustes menores (mejoras de audio/imagen), si distingue entre parodia, sátira, edición periodística y manipulación engañosa, ni qué significa “etiquetado” suficiente.

Sin definiciones acotadas, la aplicación puede volverse errática: lo que una plataforma considere “alterado”, otra puede no considerarlo; y lo que hoy se etiqueta, mañana podría exigirse bajarlo. Esa incertidumbre se traduce en riesgos para la libertad de información: la regla no solo regula conductas, regula incentivos.

5) Tercer riesgo: daño irreparable por la temporalidad electoral

 En elecciones, el tiempo es poder. Si la regla operativa termina siendo “primero se evita la difusión y luego se revisa”, el daño puede ser irreversible, aunque intervenga una autoridad jurisdiccional después.

Este riesgo se deriva directamente del mandato de “evitar la difusión” impuesto a plataformas y concesionarios en el artículo 41 adicionado.  Si un contenido se limita en un momento crítico —debate, crisis, cierre—, aunque luego se restituya, la conversación pública ya cambió. La circulación perdida no se recupera en el mismo contexto.

Por eso, el dilema no es solo “regular IA”, sino cómo regularla sin instalar un mecanismo de contención preventiva con efectos irreparables.

6) Contexto útil: la iniciativa ya incorpora “plataformas” como categoría de restricción en otros rubros

De acuerdo con el artículo 35, fracción VIII, numeral 4° (consultas populares), la iniciativa incluye expresamente “plataformas” en una restricción de propaganda:

“No se podrá contratar propaganda en radio, televisión y otros medios o plataformas de difusión masiva en las consultas populares.”

Este antecedente dentro del mismo paquete muestra una tendencia: incorporar a “plataformas” como objeto directo de obligaciones y límites. No es en sí mismo censura, pero sí confirma que el diseño normativo está ampliando el radio de regulación hacia el ecosistema digital.

¿Quién va a marcar qué es lo censurable?, ¿las plataformas o el gobierno?

7) Qué debería exigirse a la ley secundaria para proteger libertades

Si el objetivo es evitar manipulación sin afectar libertades, la secundaria debería fijar, como mínimo: definiciones acotadas de “alteración” relevante (no todo uso de IA), estándar probatorio explícito (qué evidencia, quién la valida, peritaje independiente), gradualidad de medidas (advertir/etiquetar antes que bajar, salvo supuestos extremos), debido proceso rápido (notificación y defensa efectiva, aunque sea posterior inmediata), control jurisdiccional expedito, precisamente por el riesgo de daño irreparable.

La inteligencia artificial ya forma parte del repertorio electoral. Ignorarla sería irresponsable. Pero de acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C en su párrafo adicionado, la iniciativa no se queda en transparencia: impone a plataformas el deber de “identificar” y “evitar la difusión” de contenido no etiquetado, dejando a la ley secundaria medidas y sanciones.

La diferencia entre regulación y censura no está solo en el discurso: está en el diseño institucional. Y, en elecciones, está también en el tiempo. Porque si se “evita la difusión” sin estándares y sin garantías, incluso una corrección posterior puede llegar tarde. El daño ya habrá sido hecho.