Redacción Animal Político · 28 de julio de 2023
En el contexto de las personas privadas de su libertad, el Censo del Sistema Penitenciario Nacional y Federal 2023 (Censo 2023) es una herramienta invaluable para la toma de decisiones y la visibilización de las problemáticas a las que se enfrenta la población penitenciaria. Lo anterior debido a que una función capital de los análisis cuantitativos es que permiten la creación de conclusiones válidas respaldadas por los hechos, de manera que los censos son métodos idóneos para presentar las problemáticas sociales.
Pese a la relevancia del Censo 2023 como método de análisis, es importante considerar sus limitaciones. Es decir, por sí mismos los análisis cuantitativos brindan herramientas valiosas para proponer políticas públicas, evaluar su funcionamiento y difundir la información obtenida, pero también es posible que al expresar sus resultados olviden que estos análisis involucran personas y no solo cifras.
En este sentido, es necesario complementar con estudios de tipo cualitativo como lo son los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el propio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mismos que cuentan con enfoque interseccional y que otorgan un contexto más amplio al considerar variables no contempladas por el propio Censo 2023.
Desde la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) en 2016, se establecieron mecanismos para sistematizar la información del Sistema Penitenciario y con ello poder contar con una línea base que amerita la generación de políticas públicas. En el título segundo de esta ley, denominado “De la información en el Sistema penitenciario”, se establecieron una serie de obligaciones no solo para el Sistema Penitenciario estatal y federal, sino también para los corresponsables de la reinserción social como el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI).
Por ello, desde 2016 el INEGI emitió los resultados de la Encuesta Nacional Sobre Personas Privadas de Libertad (ENPOL) en la que dio cuenta de situaciones como el acceso a la justicia, la tortura y otros tratos crueles, detenciones arbitrarias, condiciones de internamiento al interior de los centros penitenciarios, así como las situaciones socio demográficas de las personas que habitan las prisiones.
Este 2023 el INEGI, acatando lo establecido en el artículo 29 de la LNEP, emitió el “Censo nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2023”, el cual no solo es una base sólida para la generación de políticas públicas, que contribuyen a garantizar la reinserción social de las 232,230 personas privadas de libertad en los 284 centros penitenciarios de todo el país, 1 sino que también representa una herramienta para dar seguimiento al cumplimiento de sus derechos humanos. En este sentido, el Censo 2023 da cuenta de situaciones sociodemográficas a través de una radiografía sobre la infraestructura penitenciaria, los recursos y materiales, las medidas para prevenir el autogobierno, los ingresos y egresos de población privada de libertad, entre otros aspectos.
Entre los datos más relevantes, el Censo 2023 resalta que a nivel nacional los sistemas penitenciarios tienen una capacidad de 222,133 espacios y que el nivel de sobrepoblación es de 101.08 %; no obstante, entidades federativas como el Estado de México tienen una sobrepoblación de más de 240 %, seguida de estados como Nayarit y Durango con sobrepoblación arriba del 150 %. A su vez, el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria de diciembre de 2022 registró al Estado de México, Nayarit y Morelos como los tres estados con mayor sobrepoblación dentro de los centros penitenciarios.
El Censo 2023 revela que solo 99 centros penitenciarios cuentan con alguna certificación sobre sus instalaciones e infraestructura, en la que encabezan la lista los ubicados en el estado de Guanajuato, seguidos por los de Chihuahua y los de Ciudad de México. Si bien el Censo 2023 no revela qué tipo de certificaciones o acreditaciones se tratan, lo cierto es que tampoco se traduce en una ausencia de violaciones a derechos humanos. Por su parte, el DNSP 2022 solicitó información a 282 centros penitenciarios acerca de la certificación ACA, 2 de los cuales solo 82 de ellos indicaron haber cumplido con los estándares internacionales en materia penitenciaria y el reforzamiento en los controles de seguridad.
Por cuanto a la infraestructura e instalaciones de los 314 centros penitenciarios censados, 304 cuentan con áreas de visita familiar, 302 con oficinas administrativas y 294 con áreas deportivas, donde tan solo 75 cuentan con espacios para el cultivo agrícola, 63 con salas de desintoxicación y 58 con hospitales.
No obstante, con relación a esta información, es importante hacer hincapié en el DNSP 2022, el cual registró que en 235 de los centros visitados se detectaron 20 áreas de oportunidad con mayor incidencia. En un porcentaje de 72.3% centros, se detectó “insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria”; en el 64.3% “insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro”; en el 60.4% “insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas”, y en el 58.7% “Deficiencias en los servicios de salud”.
Por otro lado, el Censo 2023 da cuenta de las personas que ingresaron durante el 2022 al sistema penitenciario, suma que asciende a 138,496 personas, donde Baja California, el Estado de México y Chihuahua obtuvieron los mayores ingresos con 19,664, 13,712 y 10,013 personas, respectivamente. Por cuanto a los egresos al sistema penitenciario en el 2022, es decir, personas que salieron libres de los centros penitenciarios, la cifra fue de 127,606 personas, lo que equivale a un aumento en los egresos del 19.4 % comparado con el año anterior en 2021.
Según la misma encuesta, el número de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios que se encuentran en prisión preventiva, esto es, sin una sentencia, asciende a 88,172; es decir, un 39.0 % de la población se encontraba en esa medida cautelar de prisión preventiva, a diferencia del 2021 que estaba en un 44 %. Para este 2022 la población en prisión preventiva disminuyó un 5 %. El DNSP retoma las estadísticas del Cuaderno Mensual de Diciembre 2022, y señaló que para ese entonces, habían 136,709 personas en prisión preventiva, equivalente al 40.18%, lo cual muestra, aunque pequeña, una variación en las cifras.
En comparación con lo reportado en el año 2021, la cantidad de personas privadas de su libertad que pertenecen a algún pueblo indígena aumentó 6.4% en 2022, donde al concluir el año 2022, 7,506 personas privadas de la libertad pertenecían a algún pueblo indígena, lo que equivale a un 3.3 %. Las personas originarias de los pueblos Náhuatl concentraron 16.6%, seguido por el pueblo Tarahumara con 7.2 % y los pueblos Maya con 6.8 %. El pueblo originario Yaqui, Mayo y Tarasco/Purépecha concentraron la tasa menor de personas privadas de libertad, con 0.6 %, 1.1% y 1.1 % respectivamente.
De las 12,726 mujeres privadas de libertad durante el mismo periodo, el Censo 2023 registró que 238 se encontraban en periodo de lactancia, 317 tuvieron consigo a sus hijas e hijos menores de seis años y el porcentaje de mujeres embarazadas privadas de su libertad fue de 31 %. Sobre la existencia de espacios físicos de infraestructura especializada, el Censo 2023 plantea que existen 58 espacios para la maternidad, 32 espacios para la educación integral y formativa de las niñas y niños que viven con sus madres y 29 espacios para el alojamiento o pernocta de las niñas y niños con sus madres.
En contraste, dentro del DNSP 2022, en 249 centros penitenciarios, tanto estatales como federales, se registraron a 338 mujeres con hijos y a 346 menores viviendo con ellas al interior de los centros, cuya población se concentró mayormente en Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas. Por otro lado, el Informe Diagnóstico sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de la Libertad desde un Enfoque Interseccional, también publicado en la CNDH en marzo de 2022, documentó que 4 entidades federativas cuentan con CENDIS; 11 cuentan con centros cuneros; 11 con guardería en un centro penitenciario, y 18 con centros penitenciarios con juegos infantiles.
Asimismo, durante 2022 el Censo 2023 identificó que ocurrieron 2,612 incidentes dentro de los centros penitenciarios, en donde el 34.8% correspondió a incidentes por riñas y el 22.0% a daños a la infraestructura penitenciaria. No obstante, el DNSP 2022 menciona que durante 2022, hubo un total de incidentes de 1,301 dentro de los Centros Estatales y Federales, y el Cuaderno Mensual de diciembre 2022 registró 1,751 incidentes tan solo en centros estatales.
En el rubro de quejas y/o peticiones administrativas que fueron tramitadas al cierre de 2022, en 139 centros penitenciarios fueron tramitadas ante la autoridad penitenciaria un total de 54,519 quejas, en tanto, los centros federales concentraron el 62.2% de estas. En cambio, el DNSP 2022 ofrece información distinta, en la que se registró un total de 4,630 quejas y/o peticiones administrativas, y establece que la materia sobre la que versó la queja y/o petición fue, en su mayoría, sobre el proceso de ejecución penal, en segundo lugar los derechos de los visitantes y la tercera sobre atención médica.
De tal forma, el Censo 2023 visibiliza aquellos aspectos en los que se debe de trabajar, como la implementación de mejoras a las infraestructuras e instalaciones de los centros penitenciarios, la construcción de clínicas y áreas de trabajo; así como el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en la generación de políticas públicas para disminuir aún más los porcentajes de personas en conflicto con la ley que están en situación de prisión preventiva, sin una sentencia dictada.
Los anteriores datos del Censo 2023 da cuenta de situaciones sociodemográficas a través de una radiografía sobre la infraestructura penitenciaria, los recursos y materiales, las medidas para prevenir el autogobierno, los ingresos y egresos de población privada de libertad, entre otros aspectos. no solo remarcan la necesidad de que las autoridades elaboren documentos estadísticos con una perspectiva de derechos humanos e interseccional, sino que exista una verdadera transparencia de los centros penitenciarios al proporcionar información sobre cada uno de los rubros necesarios. Así también, las autoridades penitenciarias y corresponsables con la reinserción social tienen la gran tarea de activar el mecanismo del artículo 7 de la LNEP que los obliga al diseño e implementación de diversos programas de servicios para la reinserción social al interior de los centros penitenciarios y los servicios Post- Penitenciarios; esto, con el fin de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad dentro y fuera de los centros penitenciarios.
*José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es Doctorante del posgrado en Derecho de la UNAM y Director General de @AsíLegalMx. Brenda Pulido Hernández es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y Coordinadora de Investigación de @AsiLegalMx.
1 OADPRS, “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de mayo de 2023”.
[2] Otorgada por la Asociación de Correccionales de América (ACA) y tiene como objetivo la dignificación y mejora de la vida de las personas privadas de la libertad, así como la infraestructura de los centros y el refuerzo en los controles de seguridad, con base en estándares internacionales en la materia. Gobierno del Estado de México, “Proceso de Certificación de la Asociación de Correccionales de América (ACA)”.