CEFERESOS: Cementerios Federales de Reintegración Social

Por: Miguel Sarre

La política penitenciaria del Gobierno Federal en el sexenio pasado se centró en la construcción de enormes prisiones federales a imagen y semejanza de las cárceles estadounidenses: algunas en medio de la nada.

La entrada en servicio de esos centros implica que miles de internos y de servidores públicos sean trasladados a lugares remotos de difícil acceso, con graves costos:

• Económicos. Si bien la construcción de nuevos centros penitenciarios llega a ser necesaria, como en el D. F. lo es, la relegación de personas privadas de la libertad rompe con la exigencia constitucional de eficiencia: las mismas condiciones de seguridad pueden conseguirse en sitios menos apartados. Estas prisiones monstruosas se comen el presupuesto que tendría un mejor destino en programas como Oportunidades.
• Sociales. Numerosos presos federales son parte de la población más pobre y no ofrecerían riesgos significativos en centros menos sofisticados. Sus familiares y parejas se ven imposibilitados para visitarlos con una frecuencia razonable, lo que agrava los procesos de desintegración familiar y constituye un factor criminógeno. Algo similar ocurre con el personal. El INEGI puede cuantificar la medida en que esta política criminal se traduce en actos criminales.
• De derechos humanos. El caso de las Islas Marías es significativo: con el afán de embodegar al mayor número posible de personas, se abandonó la idea original de una colonia penal para, en su lugar, establecer nuevos “complejos penitenciarios” donde opera un régimen draconiano de “máxima-seguridad”. La situación en el resto de los centros federales no es menos crítica. Las recomendaciones de la CNDH dan cuenta de ello.

En vez de que la justicia subordine a la prisión, se instrumentaliza al sistema de justicia penal para proveer de su insumo a la lucrativa industria penitenciaria: personas privadas de la libertad, muchas de ellas hasta el umbral de la vida eterna.

[contextly_sidebar id=”d3b4ffbc710b707fced9df2dc6a7964e”]El gobierno federal tiene la responsabilidad de ponderar si los costos apuntados por la operación de estos morideros de hormigón armado son mayores que los que representaría inventariar estos inmuebles en el camposanto de elefantes blancos.

Una alternativa sería convertir estas moles en depósitos para desechos contaminantes y reemplazarlas por cárceles de dimensiones razonables, cercanas al entorno social y a los jueces de ejecución penal responsables de garantizar la plena ejecución de las resoluciones judiciales; esto es, sin abusos y sin privilegios.

* Miguel Sarre es Profesor numerario del ITAM. [email protected]