CDMX ¿ciudad incluyente?

Por: Joselin Barja y Vladimir Tlali

Los cuatro meses que han transcurrido desde el inicio de la administración Trump y la consecuente expedición de órdenes ejecutivas que restringen y criminalizan aún más la inmigración en los Estados Unidos de América, la resistencia impuesta por las así llamadas ciudades santuario en nuestro vecino del norte, así como la autoproclamación de la Ciudad de México (CDMX) como Ciudad Santuario, constituyen sucesos que nos llevan a reflexionar urgentemente en torno a la reconfiguración de las dinámicas de la movilidad humana en América Latina. Desde México este ejercicio debe conducirnos al diseño y generación de políticas públicas integrales que contemplen tanto la recepción de personas de nacionalidad mexicana retornadas, como la atención a las personas extranjeras que habitan en nuestras comunidades.

¿Cómo impulsar mecanismos de protección efectiva para los cientos o miles de connacionales que han sido y seguirán siendo expulsados de los Estados Unidos, al tiempo que se responde con seriedad, solidaridad y eficacia —de acuerdo a los compromisos internacionales ratificados por el Estado mexicano— a las necesidades de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que se encuentran en nuestro país? ¿Cómo generar políticas públicas incluyentes y que al mismo tiempo promuevan y pongan en valor la diversidad etaria, cultural, sexual, lingüística o religiosa, entre otras?

La CDMX se promociona a sí misma y ha sido reconocida en el exterior como una ciudad amigable, innovadora y promotora de la diversidad. La expedición de marcos normativos locales como la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, son dos ejemplos de la voluntad política que la Ciudad ha tenido para impulsar la inclusión de diferentes grupos poblacionales, salvaguardando sus derechos y promoviendo la hospitalidad, la interculturalidad y la no discriminación en su territorio.

Sin embargo, la experiencia cotidiana evidencia todavía una gran brecha entre las buenas intenciones de los marcos normativos y la realidad en la que operan de las políticas públicas y programas de gobierno enfocados en la inclusión social, por lo que con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas en esta materia para las poblaciones migrantes extranjeras que habitan en la CDMX, Sin Fronteras realizó un ejercicio de diagnóstico de situación, necesidades y acceso a derechos de tres grupos específicos de población migrante y sujeta (o con necesidades) de protección internacional: 1) infancia y adolescencia, 2) mujeres y 3) personas LGBTTTI con un énfasis especial en mujeres transgénero.

Derivado de este ejercicio de diagnóstico y análisis, encontramos diferentes necesidades que requieren atención de forma urgente para transitar de la ciudad incluyente imaginada de la actualidad, a la ciudad incluyente real que necesitamos.

a) Infancia y adolescencia:

1. Identificación oportuna de migraciones forzadas y acceso garantizado al derecho de asilo. Lamentablemente a la fecha, y pese a la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, los derechos de la infancia y adolescencia migrante siguen siendo vulnerados en nuestro país. La deportación es una práctica común que merma incluso el derecho a la vida cuando niñas, niños y adolescentes son deportados y devueltos a los contextos de violencia de los que huyeron en primer lugar.
2. Custodias efectivas en beneficio del interés superior de la niñez. Si bien se ha dado un paso importante al promover acciones para que un sector de infantes y adolescentes sigan sus procedimientos migratorios y de asilo fuera de los centros de detención migratoria, aún es una práctica que beneficia a pocas personas. Su implementación requiere de grandes esfuerzos, así como de la voluntad política de instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a fin de que puedan asumir sus responsabilidades y responder efectivamente a las necesidades de este grupo en coordinación con el resto de actores involucrados, incluyendo a la sociedad civil.
3. Empleo y opciones educativas técnicas en beneficio de las juventudes. La falta de acceso al mercado laboral y a la formación educativa han potencializado que muchas personas migrantes jóvenes y adolescentes, emprendan un nuevo movimiento migratorio en condiciones de riesgo. Articular las agendas migratorias, de infancia y juventudes a través de las distintas instituciones involucradas en materia de educación, empleo y recreación de estas poblaciones, significará construir nuevos peldaños rumbo al objetivo de la ciudad incluyente.

 

b) Mujeres

1. Acceso al derecho a la identidad. Los programas de credencialización para huéspedes migrantes deben tener un mayor alcance, particularmente con la población de mujeres que habita en la CDMX de forma irregular y requiere servicios sociales que pueden ser accesibles a través de este programa. A su vez, los obstáculos financieros que enfrentan muchas mujeres para poder regularizar su estancia en México pueden ser resueltos mediante el apoyo institucional que igualmente coordina la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
2. Erradicación de la violencia de género. Se trata de una necesidad no exclusiva de las mujeres migrantes, sino de todas aquellas personas que en su condición no-masculina están potencialmente expuestas a la violencia, particularmente de carácter sexual. Para el caso de las mujeres migrantes, la violencia encuentra un terreno más fértil al estar inserta en escenarios de clandestinidad o contextos de exclusión social.
3. Acceso al empleo digno. Para las mujeres migrantes que habitan en la CDMX, las condiciones laborables son desfavorables en su condición de irregularidad y de extranjería. Frecuentemente expuestas a la discriminación y con acceso a empleos que reproducen las desigualdades y estereotipos de género como los trabajos domésticos y de cuidados. La participación de instancias como la Secretaría del Trabajo y la Secretaria de Educación Pública son centrales para impulsar programas de certificación de oficios. La articulación con redes privadas como los Consejos Empresariales se vuelve necesaria para la inserción laboral de estas mujeres.

 

c) Mujeres transgénero

1. Acceso al derecho a la identidad. Al contrario de lo que ocurre a las personas transgénero de nacionalidad mexicana en la CDMX —quienes pueden acceder a un procedimiento acelerado a fin de que sus documentos oficiales reconozcan su expresión de género— las mujeres transgénero migrantes y sujetas de protección internacional no pueden acceder a esta facilidad, por lo que los documentos de identidad que pueden obtener son expedidos con el género que les fue asignado al nacer, lo que provoca que sean excluidas de acceder a derechos básicos a los que otras personas migrantes y sujetas de protección internacional sí pueden, ya que por un lado, los datos de los documentos no coinciden con los de la personas que se presentan a solicitar servicios públicos, y por el otro, los funcionarios no cuentan con los conocimientos, capacidades ni la sensibilidad necesaria para asistirles.
2. Acceso al derecho al empleo. Las mujeres transgénero no pueden acceder a empleos del mismo modo que otras personas migrantes y sujetas de protección internacional ya que constantemente son rechazadas, excluidas y estigmatizadas por los empleadores, situación que también se presenta con mujeres transgénero de nacionalidad mexicana. En la mayoría de los casos la discriminación laboral les orilla a emplearse en la única opción que queda abierta para ellas: el trabajo sexual, el cual, al no contar con regulaciones enfocadas en proteger sus derechos humanos y laborales, conduce a que éste se desarrolla en condiciones que ponen en riesgo la vida, la salud y el bienestar de quienes lo ejercen. Asimismo, la falta de apoyos económicos para el impulso de proyectos productivos no facilita que las personas puedan obtener otras fuentes de ingresos.
3. Acceso al derecho a una vida libre de violencia. Las mujeres transgénero migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran entre los grupos poblacionales más violentados física y psicológicamente, excluidos socialmente y marginados económicamente al punto que incluso personas que han sido reconocidas con las condición de refugiado han tenido que ser reasentadas en otros países, lo cual evidencia la incapacidad del Estado mexicano para generar soluciones duraderas a este grupo poblacional, a pesar de las declaraciones y compromisos internacionales en la materia ratificados por México, por lo que resulta urgente la generación de políticas públicas en materia de educación, cultura y respeto a la diversidad que logren erradicar la discriminación y violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual y expresiones de género diversas.

 

Las necesidades aquí expuestas no son exclusivas de una sola población, tienen puntos comunes, pero requieren de enfoques de atención diferenciados. Atender ambos frentes permitirá impulsar una verdadera ciudad incluyente capaz de generar políticas eficientes de respeto a la diversidad e inclusión social. La información completa sobre este diagnostico lo pueden encontrar en #AgendaMigraciónCDMX

En este sentido, será ineludible dar seguimiento a los recientes compromisos pactados en el Foro «Lo que no tenemos y necesitamos se llama inclusión: Retos en la agenda migratoria y de asilo en la CDMX y otras localidades» (15 y 17 de mayo, 2017) con respecto a impulsar los trabajos de la Comisión de Interculturalidad de la Ciudad de México como espacio de coordinación interinstitucional creado por la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, a fin de hacer efectivo el mandato de la ley y la buena voluntad política del gobierno de la CDMX en un momento coyuntural de suma sensibilidad hacia la población migrante extranjera. No hacerlo así, puede reactivar una nueva cadena de olvido hacia este sector ante la inminente deportación sistemática de muchas y muchos de nuestros connacionales que actualmente radican en los Estados Unidos de forma indocumentada.

 

* Joselin Barja es Psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Consultora independiente en migración y asilo. Vladimir Tlali  es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador de Sin Fronteras (@Sinfronteras_1) desde 2013.