La CDMX ante un mandato histórico: reformar el tratamiento para inimputables
Redacción Animal Político · 4 de diciembre de 2025
El Congreso de la Ciudad de México tiene en sus manos la oportunidad de revertir una injusticia histórica que ha legitimado la detención arbitraria y prolongada de personas con discapacidad en las cárceles de la Ciudad de México y del país.
El Código Penal de la Ciudad de México incluye dentro de sus disposiciones el llamado tratamiento para inimputables, que avala la privación de la libertad de las personas con discapacidad “hasta su curación”, una expresión que por sí sola revela un enfoque obsoleto y contrario a los estándares internacionales.
El tratamiento para inimputables se impone a las personas con “desarrollo mental retardado o trastorno mental”, que al momento de cometer un hecho que la ley define como delito no pudieron comprender lo que estaban haciendo ni prever las consecuencias que su conducta tendría. Estas personas que no comprendieron la ilegalidad de sus acciones y que no pudieron actuar en consecuencia atraviesan por todo el proceso penal, como cualquier otra persona y, al final, se les impone un tratamiento que puede ser en libertad solo si cuentan con redes de apoyo fuera; de lo contrario, se ordena su internamiento.
El tratamiento para inimputables implica serias afectaciones para los derechos de las personas con discapacidad. A través de esta figura, el marco normativo penal:
- Encarcela a las personas en razón de su discapacidad, lo cual está prohibido por los estándares internacionales de derechos humanos.
- Avala que las personas pasen más tiempo en prisión que las personas sin discapacidad.
- Impone tratamientos psiquiátricos sin consentimiento.
Desde hace más de 15 años Documenta ha brindado asesoría legal a personas que se encuentran en cárceles cumpliendo un tratamiento para inimputables. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Arturo Medina Vela, sobre el cual se pronunció el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, reconociendo la violación del Estado mexicano a sus obligaciones internacionales.
El caso de Arturo deja ver las injusticias a las que se enfrentan las personas declaradas inimputables. A Arturo, como a muchos otros, se le encarceló por su discapacidad, se le negó la posibilidad de declarar, de objetar las pruebas presentadas en su contra, de elegir a su defensa y de apelar las resoluciones que lo condenaron. Todo ello por haber sido declarado inimputable.
En el país, según cifras oficiales, hay aproximadamente 690 personas que han sido declaradas inimputables cumpliendo con un tratamiento en prisión. En la Ciudad de México, a junio del 2025, había en el sistema penitenciario 113 personas inimputables. 1 La gran mayoría viviendo en condiciones muy alejadas de lo que podría considerarse un entorno terapéutico encaminado a la recuperación.
Frente a esta realidad, Documenta emprendió una acción jurídica para evidenciar la omisión del Congreso capitalino de armonizar su legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con las recomendaciones del Comité de la ONU derivadas del caso de Arturo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón: resolvió que el Congreso debe modificar o derogar el tratamiento para inimputables.
El Congreso ahora tiene menos de 90 días para llevarlo a cabo. El desafío más grande que vemos desde la organización es el cómo: la reforma de esta figura debe estar anclada en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, su capacidad jurídica y el respeto al debido proceso.
La Ciudad de México tiene la oportunidad de convertirse en referente nacional. No basta solo con cumplir: hay que transformar.
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1 OADPRS, Cuadernos mensuales de estadística penitenciaria, junio 2025.