Cavar dos veces

Por: Layda Negrete (@LaydaNegrete), coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia en México de México Evalúa; (@Leslie_fs), investigadora de este proyecto, y Lilian Chapa Koloffon (@cklilian), investigadora del Programa de Seguridad Pública.

En una analogía similar a la que utilizó el Washington Post al referirse a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, al cavar el túnel que le regresó la libertad el narcotraficante cavó espacio suficiente para enterrar buena parte de la reputación del Gobierno Federal en materia de seguridad. Ante este aparatoso escándalo, el Secretario Osorio Chong optó por señalar como culpables a entes sin cuerpo: los derechos humanos, a los que de una forma u otra mencionó como factores que facilitaron el escape.

Posterior al cuestionamiento ciudadano, el Secretario de Gobernación optó por matizar su discurso, declarando públicamente (el martes 14 de julio) su compromiso con fortalecer las medidas de seguridad bajo un estricto respeto a los derechos humanos. Sin duda, la mirada de las autoridades debe dirigirse hacia las organizaciones que ellos encabezan.

Si algo quedó claro en la conferencia de medios que encabezó el lunes por la noche el Secretario de Gobernación es que todavía no se explican cómo fue que Guzmán Loera huyó. Es decir, estamos en primera instancia ante una falla evidente de las labores de inteligencia del Estado, concretamente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cuyo titular Eugenio Imaz no fue convocado al evento dirigido a la prensa a diferencia de los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría General de la República.

Llama la atención también que al referirse posibles fallas en el penal “del Altiplano”, donde se registró la fuga, Osorio destacó que cuenta con certificaciones internacionales que la respaldan como una cárcel segura, cuando sí hay registro de problemas que debieron resarcirse: el personal de seguridad y custodia era a todas luces insuficiente (calificación de 0 en escala de 0 a 10) y los internos podían ejercer violencia o control sobre el resto de la población (calificación de 0) de acuerdo con el riguroso trabajo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos plasmó en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013. Este último rubro en particular tendría que haber llamado la atención de las autoridades penitenciarias cuando en 2014, Guzmán Loera encabezó una huelga de hambre de la que incluso fue vocero, según informó su abogada. Esto sugería claramente que el narcotraficante tenía posibilidades de coordinar a otros internos sin mucho problema.

Además, información estadística de la propia Comisión Nacional de Seguridad daba cuenta de la sobrepoblación de poco más de 28 por ciento en el CEFERESO N°1 a inicios de 2015, que con una capacidad para 836 personas tiene una población de mil 74, custodiada –como sabemos ahora– por personal insuficiente en número.

La compleja tarea de resarcir la afectación que la fuga de Guzmán Loera causa a la imagen del gobierno y su capacidad para impartir justicia no se logrará sometiendo a las 250 mil personas en situación de reclusión en México a abusos de autoridad como respuesta del Estado ante su segunda fuga. En las cárceles mexicanas todos los días se violan derechos humanos y esto no ha imposibilitado fugas masivas como las registradas en penales estatales de Coahuila, en 2012, o Tamaulipas, en 2010. De esto se desprende que atender la corrupción presente en la operación del sistema de justicia y generar las capacidades que lleven a una mayor gobernabilidad de estos centros –que no puede lograrse sin respeto a los derechos humanos– es un imperativo precisamente para contar con cárceles seguras. Es un error pensar que se trata de conceptos antagónicos.

“Las prisiones en México siguen siendo espacios donde la corrupción, la extorsión, el abuso, la arbitrariedad, la desatención, la impunidad, así como el desprecio y maltrato generalizado hacia las internas e internos, son las notas comunes y características” (CNDH, 2013).