Casos emblemáticos: falta de voluntad para girar la llave del Sistema Nacional Anticorrupción

La finalidad del diseño y de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015 —sí, ya hace más de 10 años— fue que las más importantes autoridades de prevención, detección y sanción de la corrupción trabajaran al unísono, de manera coordinada, justamente para trabajar en esas materias, pero sobre todo para llevar casos prioritarios a su seno, para dar respuestas y soluciones. Casos que representaran un daño al país por su impacto social, mediático, por el dinero involucrado y también, por qué no decirlo, por las figuras involucradas.

El Sistema nació en uno de los sexenios con más corrupción en la historia de México, el de la Estafa Maestra, el de la Casa Blanca, entre otros, aquel gobierno que se tomó fotografías y llenó primeras planas para decir que estaban en una cruzada decidida para combatir la corrupción, aquel mes de junio de 2015 cuando se presentó la reforma constitucional al artículo 113. Este impulso nació con una sociedad civil comprometida, que involucró a más ciudadanía a través de más de 600 mil firmas que lograron volver la “3 de 3” una realidad, para que hoy miles de servidores públicos rindan cuentas sobre su situación patrimonial, fiscal y de intereses. Fue un hito, sí, pero no suficiente para detectar o investigar casos de corrupción.

La Plataforma Digital Nacional prometía sistematizar y ser una herramienta única en el mundo, por medio de la cual tendríamos una plataforma que ofrecía todo lo que las autoridades investigadoras —y la ciudadanía incluso— necesitaban para hacer cruces de información de manera automatizada y así desmantelar casos de corrupción. No solo no pasó, la PDN sigue siendo uno de nuestros más grandes retos.

En este llamado a fortalecer el SNA y hacer que funcione al cumplir 10 años, la apuesta es colaborar para alcanzar las expectativas de aquella ciudadanía crítica y propositiva que participó hace una década, así como las de autoridades y academia.

Más allá de la PDN y de la Política Nacional Anticorrupción —las dos herramientas por excelencia del SNA— la idea era que la ciudadanía tuviéramos la llave a un espacio privilegiado, institucionalmente hablando, para llevar de primera mano la voz de millones de personas que sufren los estragos de la corrupción. Justamente en el diseño del SNA se pensó no solo en poner a la ciudadanía en el corazón del sistema, sino en que esta figura fuera quien presidiría el sistema y los esfuerzos de las siete autoridades que componían el Comité Coordinador (ahora ya sin el INAI).

Eran —y siguen siendo— esos ciudadanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quienes serían la llave para poner sobre la mesa casos de corrupción y lograr su atención por parte de las autoridades. La ciudadanía y todos los expectantes, propios y extraños, vieron esta posibilidad como una luz al final del túnel, donde —obviamente— los ciudadanos no defraudarían a otros ciudadanos, y empujarían para que se discutieran grandes casos de corrupción, se rindieran cuentas por parte de cada institución y, sobre todo, se lograran las tan anheladas sanciones. No hay que omitir que las propias autoridades podrían proponer casos para su atención prioritaria; las facultades y los mecanismos se tienen.

En los primeros años del nacimiento del SNA se discutía si incluir a invitados permanentes para dar seguimiento a grandes casos; por ejemplo, se pensó en incorporar a la UIF, también al SAT. El ímpetu era claro: controlar la corrupción. Si todos sentados en una misma mesa podemos estudiar y diseccionar un caso de corrupción, es más probable que encontremos soluciones, más aún, que se procure la no repetición. Eso no pasó.

A diez años del SNA, solo se han propuesto dos casos emblemáticos. Las herramientas están, pero ha faltado voluntad. Lo más factible —si alguien de un país de la región me hablara de esta anomalía— sería pensar, sin titubear, que se trató de las autoridades bloqueando esta posibilidad. Sorpresa: fue la ciudadanía. Aquella que se pensó sin intereses partidistas, con experiencia en fiscalización, rendición de cuentas y proveniente de la academia, la sociedad civil y el sector privado; es quien no ha querido girar la llave.

¿Qué podría salir mal si todos estarían colaborando y, además, los ciudadanos estarían ahí para señalar los temas? La ciudadanía sabe lo que nos importa. Un ciudadano no nos quedará mal, esa era nuestra apuesta. Porque la receta de otro político que nos salvara de este mal ya no era opción. Es decir, una cerradura con un entramado complejo, sí, pero donde los ciudadanos tenían la llave que se ajustaba a esa cerradura para destrabar los males burocráticos, de esas figuras escabrosas, con tentáculos o míticas, dignas del Leviatán de Hobbes.

Un/a ciudadano/a nos representaría a más de 120 millones en el Comité Coordinador, hablando de tú a tú con las autoridades, señalando de viva voz lo que no funciona y aquello que los medios no se han cansado de repetir: México es un país con altos índices de corrupción. Sin embargo, no contábamos —en aquel sueño dorado de 2015— con que el modelo podía capturarse. Y ocurrió. No solo por intereses fácticos, sino, a veces, por interés propio. ¿Cuál? Aún no tengo claridad. ¿Quizá en el camino se perdió la llave? ¿O se le olvidó en qué bolso la guardó?

Pero sí, con cifras muy crudas: desde la formación del primer Comité de Participación Ciudadana, con ciudadanas y ciudadanos de renombre liderados por Jacqueline Peschard, hasta el actual Comité, solo se han intentado atraer dos casos emblemáticos (2018). El primero, por el uso del software Pegasus para espiar a activistas y figuras incómodas para el gobierno priísta, y el multimencionado caso Odebrecht —que por cierto, ya hasta tiene series en otros países—. Aquí, Lozoya sigue comiendo pato pekinés desde la comodidad de su casa.

El primer caso, propuesto por la doctora Peschard, fue bateado bajo el argumento de que no era un caso de corrupción, aunque hoy sabemos que hay una carpeta de investigación por posibles sobornos para el uso de dicho software[1]. El segundo logró apenas un exhorto. Hay pruebas en medios de que en las primeras sesiones del Comité Coordinador se habló y discutió del socavón del Paso Exprés, pero solo se tocó desde la información pública. Para eso, no se necesitaba un sistema.

En otros momentos se hicieron intentos, pero ni siquiera llegaron al pleno del Comité Coordinador, porque fueron los propios presidentes y presidentas ciudadanas quienes no quisieron subir un solo caso. Como si no sobraran en este país.

Desde mi llegada al CPC solicité subir casos emblemáticos, entre ellos emitir un nuevo exhorto desde el pleno del Comité Coordinador sobre el caso de Odebrecht, y también el —ya entonces evidente— caso de Segalmex. Debo reconocer que solo el entonces presidente Francisco Álvarez apoyó el intento, pero en otros momentos no se recibió eco. He sido una integrante que ha insistido hasta el hartazgo -de muchos de mis compañeros- llevar casos que pudieran darle brío a la ciudadanía, un respiro entre el mar de impunidad de nuestro país, un input para girar la llave y echar a andar la maquinaria del SNA.

Los mecanismos están, basta con echar mano de los Lineamientos del Comité Coordinador para Identificar y dar Seguimiento a Casos de Atención Prioritaria, a Fin de Coordinar a los Entes Públicos Involucrados. Estos lineamientos fueron aprobados en la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el día 3 de julio de 2017.[2]

¿Qué ha pasado desde entonces? Las instituciones, durante estos años, han hecho su trabajo —bien o mal, eso lo juzgará usted—, pero no han operado de forma coordinada como sistema para la atención de dichos casos. No porque no existan motivos o herramientas, sino porque ha faltado voluntad para activarlos colectivamente. Ya en 2018, la entonces presidenta Jacqueline Peschard advirtió que la atribución de exhortar se quedaba corta, que lo verdaderamente importante era investigar. Yo agregaría: también es necesario sancionar, proteger a las víctimas y reparar el daño. Lo grave es que, incluso sabiendo que el exhorto es insuficiente, ni siquiera se ha logrado subir más casos de corrupción al Comité Coordinador para hacer lo propio. Lo repito constantemente, con la esperanza de que ese eco, tarde o temprano, resuene en las autoridades.

¿Qué tenemos ahora? La oportunidad de activar las herramientas del SNA para visibilizar que, de manera conjunta, es más fácil desentramar redes de corrupción. Sí es posible conocer el potencial del Sistema que soñamos en 2015.

Hoy toca hacerse cargo. Desde la ciudadanía estamos preparando subir al próximo Comité Coordinador algunos casos emblemáticos que han dañado no solo al erario, sino a la población que compone este país.

*Vania Pérez Morales (@vaniadelbien) es presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

[1] La corrupción como marca, Sin embargo, disponible aquí.

[2] Lineamientos del Comité Coordinador para Identificar y dar Seguimiento a Casos de Atención Prioritaria, SESNA, disponible aquí.