Casino Royale, Monterrey: jueves 26 de agosto de 2011. Nuevo capítulo de la infamia y coordenada del horror. Incendio perpetrado por la delincuencia, en el que hasta hoy han fallecido cincuenta y dos personas que no pudieron escapar porque las salidas de emergencia se encontraban atrancadas. Como en la discoteca Lobohombo en la Ciudad de México el 20 de octubre del 2000, que arrojó un saldo de 22 fallecidos. O el supermercado Ycuá Bolaños en Asunción, Paraguay, del que se ocupó esta columna la semana pasada (también República Cromañón, en Buenos Aires). Compendio que se repite con variaciones ocasionales y demasiada frecuencia: aderezado con un ingrediente que lo vuelve aún más explosivo. A saber, la impunidad con la que actúan bandas criminales en abierta disputa, y que operan a sus anchas ante el repliegue de un Estado cómplice o ineficiente. O peor aún: nefasta combinación de las dos cosas.

 

En la Guardería ABC de Hermosillo también se descuidó completamente la protección civil, y murieron asfixiados o quemados 49 niños en una tragedia prevenible. Accesos sellados: material altamente tóxico, alarmas y extintores que no funcionaron. Inspecciones realizadas a modo, y que en cualquier otro lugar hubiesen ocasionado la clausura del lugar. Techos de poliuretano, decoraciones flamables que convirtieron a esa estancia en una trampa mortal. Encubrimiento y evasión de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Falta de información fidedigna, familias desesperadas y oportunidades para la foto. Banderas a media y rostros apesadumbrados del Ejecutivo. Corbatas negras, y visita relámpago al lugar de los hechos. El presidente municipal Fernando Larrazabal (@FerLarrazabal) y el gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina (@RodrigoMedina) repartiendo condolencias junto con selectos miembros selectos del gabinete calderonista.

Estamos en México, y la población directamente afectada carece de herramientas jurídicas que obliguen a los dueños y autoridades a actuar como es debido. Por eso se repiten estas pesadillas de la vida real. Porque en cuanto surgen nuevas preocupaciones sociales y mediáticas (o viceversa), el tema se relega.

 

 

Si existiera en México la posibilidad de emprender Acciones Colectivas consolidadas en casos como el del Casino Royale, tal vez los empresarios se habrían cerciorado de contar con puertas abatibles: so pena de ser sancionados por mandato judicial. Quizá la sola idea de tener que pagar daños cuantiosos a las víctimas, sirviera como un acicate para empezar a hacer lo correcto.

 

Desgraciadamente, la ley aprobada hace algunos meses (y que no se ha publicado en el Diario Oficial), no cuenta con elementos suficientes para impedir una repetición de los sucesos en Monterrey de la semana pasada. Es restrictiva en cuanto a las materias, y de alcances excluyentes. A diferencia de las mejores prácticas en otros países, sólo contempla procesos judiciales contra provedores privados en ámbitos tales como el consumo, servicios financieros, medio ambiente y competencia económica.

El desarrollo de nuestro país en materia de justiciabilidad es muy deficiente. Hay demasiados intereses enquistados, como para equilibrar la desigual relación que rige la conducta del gobierno y sus gobernados.

 

Las omisiones del pasado seguirán engendrando nuevos monstruos, mientras no se instrumenten políticas diseñadas para evitar que recurran estas estaciones del infierno. Si Juan Molinar o Daniel Karam se conservan en sus puestos a pesar del papel que jugaron en el caso de la Guardería ABC y sus secuelas, poco podrá esperarse de los personajes de la administración pública que hicieron posible la matanza del Casino Royale.

 

Absolutamente deleznable, la espiral de violencia desatada por las disputas de los cárteles. Urge restaurar el tejido social, antes de que la pudrición sea irreversible. La sociedad civil tiene qué pronunciarse al respecto. Responder a este agravio, con propuestas concretas que no sean remedios peores que la enfermedad que nos aqueja. Recetas como la Ley de Seguridad Nacional que nos retrotraería a etapas superadas aquí: más aún, en el Cono Sur. Estados de excepción y contingencias que provocarían pérdida de derechos y militarizaciones indefinidas hasta llegar a la reformulación de delitos como el de disolución social, que sirvió para criminalizar la protesta legítima durante décadas en México.

 

Obligación inapelable, será también el cuidado de las víctimas. Una revisión coordinada del esquema de permisos para casas de juego alentados por administraciones empeñadas en apostar, en todos los sentidos del término, al corto plazo.

 

Tenemos que encontrarle un sentido a tanta ausencia, pérdida y sufrimiento: recuperar nuestro futuro. Solidarizarnos con las víctimas: garantizar a sus deudos, desde la esfera de nuestra competencia, que el gran cambio aún puede darse. Nunca, abandonarlos a su suerte. Frente al abismo, queda la esperanza de que pueden llegar tiempos mejores. Complicada es la tarea: no podemos conformarnos con menos.