Redacción Animal Político · 14 de marzo de 2025
Uno de los factores que incide en mayor medida en la violencia en México es la cantidad de armas de fuego que se encuentran ilegalmente en el país que, de acuerdo a las estimaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se ubica entre los 15 y los 24 millones de armas.
La mayoría de estas armas se produjeron en los Estados Unidos, se compraron de forma legal en dicho país y se trafican a México por nuestra frontera norte. De acuerdo con los datos recopilados por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF), cada año entran de forma ilegal a México 200 mil armas de fuego.
De hecho, de las más de 24 mil solicitudes de rastreo de armas que el Gobierno de México le hizo a la ATF, el 65 % corresponden a armas que con certeza fueron fabricadas en los Estados Unidos o importadas legalmente a dicho país y, de la mismas, en el 50 % de los casos se pudo localizar las tiendas en donde fueron adquiridas legalmente: en su inmensa mayoría se encuentran en California, Texas, Arizona y Nuevo México.
Debido a lo anterior y bajo la lógica de la corresponsabilidad en el combate al tráfico de drogas, el Gobierno de México ha solicitado al de los Estados Unidos que tome acciones efectivas en contra del tráfico de armas de dicho país al nuestro, e incluso ha presentado acciones legales en contra de las principales compañías de fabricación de armas de aquel país.
Cabe resaltar que si bien las autoridades de los Estados Unidos no han desconocido el problema, lo cierto es que hasta el momento tampoco han tomado acciones contundentes para frenar el tráfico de armas. Ya que la mayoría de las armerías que vendieron las armas que fueron utilizadas en México para cometer asesinatos, continúan abiertas y sin sanciones.
Sin embargo, el hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos -a través de una orden ejecutiva- haya declarado a 6 grupos criminales de México como organizaciones terroristas podría tener un efecto favorable no planeado: reducir el flujo de armas a nuestro país.
Para entenderlo de una mejor manera, imaginemos la ruta que siguen las armas a nuestro país. Por ejemplo, un operador del Cártel de Sinaloa desea enviar armas a México, digamos que elige concentrar sus esfuerzos en Tucson, Arizona, primero porque está cerca de la frontera y segundo porque Arizona es uno de los estados con la legislación más laxa en la venta de armas, ya que no se exige que los vendedores lleven un registro de las personas que las compran y basta con que las mismas tengan 21 años y no cuenten con antecedentes penales para poder adquirirlas.
De tal manera que el emisario solo tiene que convencer a ciudadanos de dicho estado que vayan a una armería, compren un arma, se la vendan a un precio mayor y él las entregue a otro ciudadano norteamericano para que las conduzca a Nogales, Sonora, que está a menos de hora y media, y se las dé a otro operador del Cártel de Sinaloa para que las ingrese a México.
Si utiliza un auto estadounidense, conducido por un ciudadano de dicho país, es poco probable que su vehículo sea revisado en la frontera con México y tampoco tenemos escáneres en los pasos fronterizos para detectar armas, por lo que casi siempre el tráfico de armas tiene éxito.
Bajo este modus operandi parece que la lucha en contra del tráfico de armas está perdida. Porque por un lado el Gobierno de los Estados Unidos muestra poco interés por regular y controlar la venta de armas, así como su internamiento a México, y por otro las autoridades de nuestro país no tienen la capacidad ni la tecnología para evitar su ingreso por nuestras fronteras.
Pero precisamente la declaratoria como organizaciones terroristas de los cárteles de la droga le acaba de dar a México el argumento perfecto para presionar a los Estados Unidos para atender el problema, y lo mejor del caso es que lo puede hacer usando la propia legislación norteamericana.
De acuerdo con la Ley Patriota expedida en 2001 en los Estados Unidos, cualquier empresa, persona u organización que colabore, ayude o provea insumos a organizaciones terroristas, puede ser considerada como parte de la misma red y ser sujeta a investigaciones y a sanciones fuertes.
De tal forma que si el Gobierno de México descubre que las armas que utilizó el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación o cualquiera de los otros 4 señalados como terroristas fueron compradas en un conjunto de armerías en Arizona, podría exigir al Gobierno de los Estados Unidos que aplique la Ley Patriota en contra de dichas armerías por proveer armas a organizaciones terroristas.
El no actuar en contra de las armerías podría leerse como una falta de compromiso del Gobierno de los Estados Unidos para combatir el terrorismo, por lo que la iniciativa de Trump terminaría paradójicamente siendo benéfica para México.
También en el mediano plazo esto propiciaría un proceso de auto regulación en las armerías, es decir, con tal de evitarse problemas y poder responder ante investigaciones por terrorismo, las mismas comenzarían a llevar registros, incluso a guardar imágenes de sus clientes, para aportar información de los mismos y no asumir la responsabilidad directa de los actos, lo que permitiría a las autoridades de los Estados Unidos desarticular las redes de contrabando de armas hacia México.
Por ello, lo que México debe hacer ahora es construir un entramado de argumentación lo suficientemente robusto, con base en la legislación de Estados Unidos y de los instrumentos internacionales en materia de terrorismo, para empujar las acciones legales en contra de cualquier establecimiento o persona que haya vendido o comprado un arma que termine ilegalmente en México.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Contacto: [email protected].