Carta abierta a Jaime Rodríguez, El Bronco

Estimado Bronco,

No sabemos si referirnos a usted como Bronco, o Gobernador electo Rodríguez, pero como no nos parece un hombre de muchas formalidades nos tomamos la libertad de dirigirnos a usted con cierta familiaridad.

Hoy le escribimos porque creemos que está en una posición de representar un cambio de cómo se hace política en México. Y no es sólo por haber sido un candidato independiente. Nuevo León es uno de los estados más importantes y productivos del país, y creemos que en él existen ejemplos de políticas públicas virtuosas, como ha sido la Fuerza Civil. De usted depende que esto continúe y que nuevas políticas exitosas se puedan formular en esa entidad.

El 18 de junio la revista Nexos publicó una entrevista con usted. En ella habló de varios temas, el Acueducto Monterrey VI, la creación de la Fiscalía General en Nuevo León, la necesidad de que los gobiernos municipales se responsabilicen de la seguridad en su localidad, entre otras cosas. De todo lo que mencionó hubo una respuesta que nos pareció amerita atención y cuestionamiento:

EI: Dice que su gobierno va a tener cinco ejes y el principal es la lucha contra la corrupción. ¿Cómo atacar la corrupción en un país en el que está tan metida en todos lados?

JR: Al que robe lo meto al bote. Así de simple.

Fuente: Nexos, junio 2015

La lógica de esta declaración es clara: el problema de la corrupción es que no se castiga, así que para detenerla hay que castigarla. Que la impunidad sea un motor de la corrupción es indudable, y aplaudimos su convicción. Sin embargo, consideramos que la solución penal no es la única forma de atacar el problema y de hecho puede ser contraproducente.

En materia penal, desde hace mucho tiempo, hay un consenso que lo que importa más para disuadir a un criminal es la seguridad de la sentencia, no la severidad del castigo. En su libro, When Brute Force Fails: How to Have Less Punishment and Less Crime (que recomendamos ampliamente), el académico Mark Kleiman demuestra dos cosas. La primera es que una política de “cero tolerancia” no funcionará dado que siempre hay más ofensas que las que un Estado tiene capacidad para penar. La segunda es que si se define con claridad la conducta penada, una sanción pequeña pero siempre aplicada puede ser más eficaz y efectiva que condenas más punitivas.

Empezando por el primer punto. Tener “cero tolerancia” con la corrupción puede sonar bien políticamente, pero a la larga puede terminar siendo nocivo porque se promete algo que no se puede cumplir. Eventualmente esto podría dilapidar el capital político de confianza que los neoloneses le entregaron en las elecciones. Esto puede pasar muy rápido, vea lo que le pasó a Vicente Fox. Usted ya no está en campaña, es mejor hacer propuestas asequibles en lugar de promesas inalcanzables.

El segundo punto es que una buena política para lidiar con la corrupción enfatiza más la certeza del castigo que el castigo en sí. Usualmente pensamos que si queremos eliminar un comportamiento, lo tenemos que penar más severamente. Sin embargo, Kleiman y otros han demostrado que la severidad del castigo no está asociada con una reducción en el comportamiento. Lo que sí funciona es esforzarse por aumentar la probabilidad de que haya una sentencia, aún si los castigos son relativamente laxos.

[contextly_sidebar id=”mpeqZS2fMgRPdFxKgIEkYjH8rYFcIJRe”]Los castigos menos severos son más fáciles de imponer porque no se requiere la misma cantidad o tipo de evidencia, los actores (jueces y policías) tienen menos reservas en aplicar la sentencia, y los recursos gastados en administrar el castigo son menores. Esto no es trivial cuando consideramos que actualmente 45.8% de los internos en Nuevo León permanece sin sentencia en el ámbito local. Así que, en vez de pensar en encarcelar a los corruptos, hay que pensar en formas más simples de castigarlos: desde multas hasta trabajo comunitario los fines de semana, pasando por separación del cargo por un tiempo limitado.

Otro punto que hay que considerar es que los castigos más severos son muy costosos para la sociedad. Una de las virtudes de la democracia es que hay protecciones jurídicas que hacen que llevar a alguien a la cárcel sea un proceso largo y caro. Esto es como debe ser, privar a alguien de su libertad es quizá el derecho del Estado que más debemos vigilar. Pero también significa que si se sigue una estrategia de encarcelar a todos los que “roban”, Nuevo León estará gastando enormes recursos sólo en sanciones. Y, lo que es peor, estará empeorando el hacinamiento, que con una ocupación de 143% ya es una afrenta a los derechos humanos de los encarcelados.

No queremos sugerir que para cualquier acto de corrupción es mejor una sanción laxa. Claramente desfalcar al Estado de recursos (peculado), usar el puesto público para lograr un contrato millonario (tráfico de influencias), o amanecer un día inexplicablemente con diez casas en otras ciudades y países (enriquecimiento ilícito) amerita investigaciones serias y, en caso de ser comprobadas, la cárcel. De hecho, para que una política anticorrupción funcione es necesario que los casos ejemplares no queden impunes. Sin embargo, mucha de la corrupción no es de esta naturaleza. Están también las mordidas requeridas para conseguir el permiso de construcción, los favores para agilizar un trámite, los “descuentos” cuando se presta un servicio, etc. Todo esto es reprobable, pero querer castigarlo con cárcel sería ineficaz e ineficiente. Como esperamos lo hayamos convencido, con sentencias menores pero seguras se lograría disuadir más los actos ilícitos, a un menor costo para el Estado. Esto le permitiría gastar más en prevención, investigación y en armar bien los casos que sí ameriten cárcel.

Le proponemos lo siguiente:

• Cuando se trate de cárcel, enfóquese en perseguir penalmente sólo a los peces grandes.
• Para los pequeños actos de corrupción, como mordidas menores, diseñe un modo de desahogo de pruebas eficaz con sanciones cortas pero ejemplares. Un Torito para los corruptos.
• Para lograr avances en la materia, tendrá que trabajar con funcionarios públicos y actores privados. Recuerde que no todos son corruptos. Como dice el académico Dan Ariely, todos somos deshonestos en algunos aspectos, así que hay que encontrar a los menos deshonestos con quien colaborar.
• El IMCO y otros organismos de la sociedad civil como México Evalúa y CIDAC han hecho investigación útil para que reforme las instituciones de justicia de su estado. Lo invitamos a leer el trabajo de México Evalúa sobre la cárcel en México, de CIDAC en materia de justicia penal, y el IMCO en justicia laboral.
• Por otro lado hay camino recorrido en el tema de corrupción que puede servir para crear mejores políticas en la materia. Recomendamos en especial el trabajo de María Amparo Casar y de la OCDE.

Le deseamos mucha suerte en su nuevo cargo, y mucho éxito en sus esfuerzos en contra de la corrupción.

 

Atentamente,

 

Pedro Gerson y Manuel Molano.

 

*Esta carta abierta fue escrita a título personal. Manuel Molano (@mjmolano) es Director General Adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), Pedro Gerson (@elpgerson) es Consultor del mismo instituto.