Caro Quintero y el espectáculo político

La política prohibicionista de las drogas acumula décadas de fracasos y daños, cuando menos en lo que se refiere a la más importante de sus promesas: reducir el uso de sustancias ilegales. El paradigma prohibicionista es un potente ejemplo de la creciente disociación entre la evidencia y las narrativas políticas hegemónicas. La reciente detención de Rafael Caro Quintero nos ha recordado cuán popular es el prohibicionismo y cuán irrelevante es la comprobación de su legitimidad y eficacia. 

Hace poco más de 30 años comencé a investigar estos temas y los últimos días me regresaron a finales de los 80 e inicios de los 90, cuando miré por vez primera la evidencia que ya enseñaba la manera como la inversión en la persecución penal del llamado narcotráfico tenía mucho más que ver con un espectáculo y mucho menos con una política pública sujeta a la rendición de cuentas.

Cuando comencé a investigar estos temas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), conocí la disputa entre dos narrativas: una oficial que reproduce la prohibición y otra independiente que la cuestiona. Observé a profundidad las raíces históricas y políticas de la prohibición y a la vez pude conocer aproximaciones transdisciplinarias que desnudan todas las contradicciones imaginables, comenzando por el hecho de que al régimen jurídico de excepción diseñado para perseguir la llamada delincuencia organizada —y se supone desmontar el narcotráfico— avanza precisamente en sentido contrario al fortalecimiento de los parámetros normativos propios de un derecho penal democrático.

Me tocó por un lado participar en la investigación que fundamentó el diseño de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por el otro profundizar en la crítica a este tipo de diseños normativos, en especial desde escuelas críticas de la criminología. Confrontando los discursos con la evidencia, entendí que el rol fundamental del sistema de justicia penal es simbólico. Es antes que otra cosa una herramienta extraordinariamente útil a la construcción política de la categoría de enemigo, de manera que el castigo penal, se supone, separa a “los malos” de “los buenos”.

El llamado combate al narcotráfico es, primero, una manera de contar las cosas que conecta con algunas fibras emotivas de las mayorías; así nació en Estados Unidos y desde ese asidero emotivo se sostiene en buena parte del mundo. Lo importante, bajo esta hegemonía discursiva, no es descifrar el significado y uso de las drogas, por caso desde perspectivas históricas, antropológicas, sociológicas y de salud; lo importante es invertir en la persecución y el castigo de “la maldad”. La detención de los llamados capos del narcotráfico representa así el clímax de la narrativa que logra convocar el aplauso masivo, independientemente de cómo haya sido esa detención y qué impacto pueda tener para cumplir las grandes promesas del prohibicionismo 

Construí hace tiempo una metáfora: la detención del capo, siendo él una representación icónica de la malignidad, funciona a la manera de ansiolítico que permite a los gobiernos y al público en general construir una celebración en un contexto donde, en el fondo, no hay nada qué celebrar, habida cuenta que nunca se les ha dejado de capturar y, con todo, las violencias, en particular las violencias organizadas, campean (entre muchos operadores de la seguridad y la justicia se usa “los malos” para hablar de la delincuencia organizada; ahí está el recurso retórico que da sentido y cohesiona dentro de este paradigma). 

La imagen del capo detenido hace pensar, al menos un ratito, que el sistema penal sí funciona; de ahí su enorme valor simbólico. Mejor olvidamos, aunque sea por unos momentos, por ejemplo, que la prohibición de las drogas incentiva relativamente el consumo, facilita costosas adicciones, maximiza los daños en salud pública, lleva a las drogas en condiciones de oscuridad, clandestinidad, ilegalidad y criminalización e incentiva la discriminación penal contra las personas pobres y racializadas; olvidamos el aumento del uso entre el 40% de consumidores de drogas en México asociado a la pandemia de COVID-19; olvidamos el aumento en más de 200%, también en nuestro país, de la demanda de atención médica por consumo de metanfetaminas; y también olvidamos la curva en ascenso en Estados Unidos de muertes por sobredosis de opioides.

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero organizó apenas el Cafecito Sereno sobre Populismos, Posverdad y Políticas de Seguridad, precisamente porque la política en cada vez más sociedades se vuelca a la construcción de narrativas (espectáculos) que conectan con las emociones a través de la manipulación de los hechos, recurso especialmente útil para el paradigma autoritario de la seguridad enfocado en el uso de la fuerza, la militarización y el castigo penal.

No está a discusión si el Estado debe o no construir una política de atención al uso problemático y no problemático de sustancias. Debe hacerlo, pero bajo enfoques multidimensionales que ponen en el centro el derecho a la salud. Debe hacerlo utilizando métodos como la reducción de riesgo y daño que, en lugar de criminalizar, crean alternativas desde una perspectiva de derechos humanos que, bajo ciertas condiciones, abren paso a intervenciones que no condenan ni marginan, más bien ofrecen vías múltiples de atención inclusiva (observé de manera somera la aplicación de este enfoque en los espacios llamados Utopías de la delegación Iztapalapa, Ciudad de México).

No está demás insistir en el efecto cuasi hipnótico del espectáculo montado en torno a la caída del capo en turno (nunca recibo tantas invitaciones a entrevistas como en estos eventos, tal cual sucedió luego de la detención de Caro Quintero el pasado viernes 15 de julio). Y es necesario enfatizar el rol de la inmensa mayoría de los medios de comunicación que, de manera acrítica, terminan siendo el andamiaje de la representación. Cómo no sería así, cuando el modelo de negocio para muchos de ellos pasa precisamente por ser instrumentalizados en la construcción del espectáculo político.

No se ve bien el futuro de todo esto porque las violencias organizadas se expanden, asociadas o no al llamado narcotráfico, mientras el Estado se contrae, dependiendo este, más y más, de su capacidad para construir historias creíbles —como la que logra imponer la condición de enemigo—, independientemente de que, en los hechos, el propio Estado funcione para cosas diferentes a las que prometen los discursos político y jurídico, lo cual incluye la articulación de tramos crecientes del propio aparato estatal a la negociación y disputa por el control de múltiples mercados ilegales.  

Al final, la detención de uno de esos llamados capos es un oasis para la popularidad que deja en la irrelevancia cualquier pregunta sobre la legitimidad (en términos de derechos humanos) y la eficacia del paradigma prohibicionista de las drogas.

 

Colaboró Jiroko Nakamura (@Jiroko_nzl).

@ErnestoLPV