Redacción Animal Político · 29 de agosto de 2023
¿Por qué deberíamos prestar atención a las prisiones en México? ¿Por qué cuestionar la efectividad de nuestro sistema penitenciario? ¿Por qué escuchar las voces de aquellas personas que están privadas de su libertad? Estas son sólo algunas de las preguntas que me hice cuando, por curiosidad, comencé a investigar sobre las prisiones en México.
Lo que me encontré fue un sector de la población abandonado, sin condiciones dignas para vivir así como con un estigma y una discriminación social de gran magnitud. Me pregunté: ¿es realmente justo y útil que las personas privadas de su libertad vivan en condiciones que violan su dignidad y derechos humanos? ¿Realmente es efectivo que alguien pase 3, 5, 15, 30 o 50 años en prisión? Pero más importante aún, ¿quiénes son las personas que se encuentran detrás de las rejas?
En mi búsqueda conocí a La Cana, un proyecto que busca establecer un modelo de reinserción social integral para mujeres que han estado o están privadas de su libertad. Esta experiencia me llevó a comprender gradualmente la complejidad que rodea el sistema penitenciario en México. Aunque aún me quedan muchas dudas que aclarar, de algo sí estoy segura, todxs compartimos la gran responsabilidad de garantizar una reinserción efectiva para quienes buscan rehacer sus vidas después del encarcelamiento.
De acuerdo con el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la población en prisión está en riesgo constante de que sus derechos humanos sean violados por parte de las autoridades, desde el mismo momento de su detención hasta el transcurso de su proceso legal. Esta realidad no es sorprendente si consideramos la visión punitiva y deshumanizadora que a menudo se tiene hacia las personas privadas de su libertad. Sin una reflexión profunda sobre las razones detrás de los actos ilegales y un análisis de cada caso individual, las violaciones a los derechos humanos se vuelven lamentablemente comunes y sistemáticas.
En la mayoría de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, la reinserción es solo un concepto en el nombre. Y es que de acuerdo con la propia CNDH, más del 50 % de los penales carecen de atención adecuada para grupos vulnerables como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+. También, hay insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, deportivas, y de prevención de adicciones o desintoxicación. A esto se suma la falta de servicios de salud y mecanismos eficientes para presentar quejas por violaciones a los derechos humanos, así como la deficiente gestión de expedientes legales.
Es claro que las necesidades de atención han rebasado la capacidad que tiene el propio Estado de cumplir con sus obligaciones para con las personas privadas de su libertad. Es en este punto donde la sociedad puede jugar un rol importante en el cumplimiento del objetivo final: una reinserción social efectiva de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, para que esto suceda debe haber un interés y compromiso genuino de nuestra parte.
El primer paso es claro: debemos dejar de lado nuestras concepciones estigmatizantes y prejuicios hacia las personas privadas de su libertad. Debemos alejarnos de la crítica superficial y comprender la raíz del problema. Cuando se descubre quiénes son las personas que están en prisión, en su mayoría resultan ser personas jóvenes con una escolaridad que no rebasa la educación secundaria, cuyas oportunidades se han visto limitadas por circunstancias materiales. Negarles a quienes han estado privados de su libertad sus derechos fundamentales y dignidad, al tiempo que les robamos la oportunidad de rehacer sus vidas, equivale no solo a la criminalización de la pobreza, sino también a una privación de justicia restaurativa para las víctimas. La sociedad debe observar y exigir al sistema penitenciario que brinde a quienes salen de prisión las herramientas legales y laborales necesarias para reintegrarse exitosamente en la sociedad y reducir los factores individuales de reincidencia.
Si al abandonar la prisión, una persona carece de apoyo familiar, documentos oficiales, recursos económicos y enfrenta discriminación laboral por tener antecedentes penales, aumenta la probabilidad de verse empujada nuevamente hacia la criminalidad como último recurso para sobrevivir. Hasta que no reconozcamos que los Centros Penitenciarios deben ser catalizadores de oportunidades en lugar de caldo de cultivo para la delincuencia, continuaremos atrapados en el mismo círculo de criminalidad.
La reinserción social no es solo un problema gubernamental, es una cuestión social y humana. Nuestra responsabilidad colectiva es esencial para transformar un sistema que ha fallado a muchas personas y comunidades. Al unir nuestras voces y acciones, podemos ser agentes de cambio en la lucha por una sociedad más justa y solidaria, en la que la reinserción sea la regla y no la excepción.
* Rebeca Ávila es coordinadora de Procuración de Fondos, Monitoreo y Evaluación de @LaCanaMx.